Tegucigalpa (Por Joel Perdomo) – Más de 832 días pasaron desde el 19 de enero de 2020, fecha en que terminó el convenio entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA), para que funcionara la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), misma que llegó en enero de 2016. Hoy el tema ocupa la agenda del Congreso Nacional (CN) y todo indica que existe voluntad política para que un organismo internacional llegue al país centroamericano para hacerle frente a ese flagelo.
– Para el 9 de mayo, precisamente cuando se cumplen 100 días del actual gobierno, se prevé que estaría llegando una Misión Exploratoria de la ONU, para conocer las condiciones de la llegada de la CICIH.
En las últimas horas el gobierno hondureño dio pasos decisivos en EEUU para lograr que el cuerpo anticorrupción se instale con el apoyo de las Naciones Unidas.
Este viernes el titular del Congreso, Luis Redondo, reafirmó que se está preparando el camino para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
El miércoles de esta semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, informó que el próximo 9 de mayo estaría llegando una Misión Exploratoria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para conocer las condiciones de la llegada de la CICIH.
(LEER) Estamos preparando el camino para la instalación de la CICIH: Luis Redondo
Recientemente el legislativo aprobó la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), el proyecto es parte de la promesa hecha en la campaña política de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, quien ha insistido en que para hacer frente a ese flagelo, el país necesita de asistencia externa, pero esta vez no de la mano de la OEA, sino de la ONU, por considerar que se necesita más facultades para erradicar la corrupción.
El detonante -para que el Legislativo aprobara la venida de la MACCIH-, fue la enorme presión social manifestada en la Marcha de las Antorchas, quizá el mayor movimiento ciudadano de los últimos años en Honduras, reclamando justicia por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre otros casos de corrupción, las protestas dirigidas por un grupo denominado Los Indignados.
La Misión fue instalada pese a que se pedía la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), en su momento se creyó que la MACCIH, no funcionaría, sin embargo logró presentar 13 casos de corrupción, cuyas investigaciones involucraron a políticos de la élite, tanto que una investigación contra el entonces presidente del Congreso, Mauricio Oliva, fue archivada por la Corte Suprema de Justicia. Se conoció el nombre de al menos 112 funcionarios, entre diputados y cómplices particulares.
Tras la salida de MACCIH, dirigida por Juan Jiménez Mayor, Luiz Antonio Marrey Guimarãesy Ana María Calderón, la comunidad nacional, como internacional lamentó la no renovación del convenio con la OEA, para la continuidad de la Misión, incluso, sectores sociales y empresariales, señalaron que fue un retroceso en el combate a la corrupción, sin embargo quienes se sintieron acosados, creen en un logro y retorno al estado de derecho.
Mauricio Oliva, manifestó cuando estaba a punto de terminar el mandato, que la MACCIH cometió “muchos errores” en su actuar y Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema, es del criterio que el sistema judicial hondureño tienen la capacidad de funcionar sin la necesidad de un ente internacional, basándose en que antes de la llegada de la Misión a Honduras, el Poder Judicial también presentó casos grandes de corrupción y narcotráfico.
Para continuar la lucha, la MACCIH tuvo como su principal aliado al Ministerio Público para crear la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en septiembre de 2017, con más de 200 expertos en investigación, además se instauró en octubre de ese mismo año la Ley de Transparencia y Fiscalización de la Unidad de Política Limpia, se propuso aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, esta última está engavetada en el Parlamento de Honduras.
La lucha anticorrupción no tuvo eco ni réplica tras salir la MACCIH, varios sectores creen que desde el Congreso, se legisló en detrimento de la transparencia, la rendición de cuentas y a favor de la impunidad, luego de aprobar un nuevo Código Penal, que reduce penas y permite privilegios para enjuiciados, además con las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, quitaron facultades de investigación a la Fiscalía General de la República.
Pero eso no fue suficiente, el Congreso Nacional fue cuestionado, por pedir al Ejecutivo la salida de la MACCIH, se enfrascó en continuar su criticada agenda legislativa, cuyo objetivo avanzó, sin ningún tipo de inconveniente una de ellas la aprobación del Fuero Legislativo o inmunidad parlamentaria, que marcó la reactivación del Fondo Departamental. A todo esto no se derogó la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde el 2014 en Honduras, pero que recién el actual Parlamento finalmente pudo suprimir.
La corrupción deja pérdidas escalofriantes a Honduras, según Ricardo Zúniga, en ese entonces Enviado Especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, pues limita oportunidades a miles de hondureños, orillándolos a migrar de manera irregular hacia Norteamérica. Más de 3 mil millones de dólares son desviados de la administración pública, eso representa casi el 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
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Las facultades de CICIH “otro debate”
La instalación de la CICIH, ha dejado fuertes debates en el Congreso Nacional, ahora el opositor Partido Nacional, cree que el partido de gobierno -Libre-, intenta traer una misión para perseguir a sus adversarios, en tanto consideran que si una misión internacional será instalada, traiga consigo más facultades que la MACCIH, pero no parcializada para perseguir solo a los demás y no a quienes ostentan el poder por los próximos cuatro años.
EEUU, el principal socio de Honduras, tiene la mirada puesta en la nación. Tanto que su vicepresidenta Kamala Harris, se reunió con Xiomara Castro, dialogaron diversos temas, pero enfatizaron en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Recientemente también la subsecretaria de Estado adjunto, Emily Mendrala, visitó el país y reiteró que su gobierno apoyará la instalación de la misión internacional.
En más de 90 días de gobierno, Xiomara Castro ha sostenido reuniones con personeros de EEUU, incluida la embajadora Laura Dogu. En todos los encuentros se ha dialogado sobre la generación de empleo, salud, educación, migración y la lucha contra la corrupción.
La lucha ya comenzó
La lucha contra la corrupción e impunidad que emprenderá este gobierno, será fuerte, según el expresidente Manuel Zelaya, quien ahora como asesor de la Presidencia, cree que el Legislativo y Ejecutivo, hablan un mismo idioma respecto al tema, porque es cierto que son dos poderes independientes pero a la vez complementarios que deben trabajar en una misma dirección, porque solo así se podrá cumplir con los objetivos planteados.
Zelaya dijo que la lucha ya comenzó, con la aprobación de la CICIH, de leyes que facilitarán el camino de las investigaciones y la derogación de normativas que obstruyen la transparencia y rendición de cuentas. Ya que las pláticas con Naciones Unidas para que acompañe y asesore la instalación de la misión, están avanzadas y marchan por buen camino, porque es una prioridad y urgencia para la presidenta Xiomara Castro.
Además, añade el asesor de la Presidencia, que se viene una lucha directa contra el crimen organizado, narcotráfico e impunidad. Pero para ello hay que limpiar el Estado que en los últimos 12 años fue invadido por vicios dañinos, hay que trabajar por la rendición de cuentas y transparencia. Pero claro el Estado se está reservando su soberanía, misma enmarcada en la Constitución de la República.
Transparencia lacerada por Ley de Secretos
Y a criterio de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, cree que Honduras debería tener la suficiente capacidad para poder sancionar la corrupción, pero es evidente que hace falta el fortalecimiento institucional y ante ello debe haber acompañamiento internacional, pero que dejen herramientas y capacidades para que la institucionalidad funcione y sea capaz de enfrentar directamente a los corruptos.
La Misión debe identificar las debilidades institucionales para trabajar en su fortalecimiento una vez terminado el mandato, haya un compromiso en seguir la lucha, porque hoy la demanda más grande de la ciudadanía es la transparencia y el acceso a la información, ya que mientras no se fortalezcan estos temas, la lucha contra la corrupción y la impunidad seguirá siendo obstruida desde los más altos niveles de gobernanza.
El mayor zarpazo que recibió el acceso a la información fue la Ley de Secretos Oficiales, pero la misma ya fue derogada. Hay información de defensa y seguridad que sí debe mantenerse en Secretividad, pero bajo mecanismos apropiados, porque a la fecha hay temas que se clasificaron como secretos y le hicieron mucho daño al país, recordó.
Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras, dijo que la venida de la misión internacional es una decisión que al final le corresponde al gobierno. Pero sugirió que revisen los casos y los procesos que manejó la MACCIH, porque al final podrán sacar conclusiones para saber qué es lo debe hacer un organismo extranjero, cuyo objetivo debe ser apoyar al sistema judicial para que la investigación sea más eficiente y expedita.
Destacó que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, dejó muchos aprendizajes, mismos que no deben repetirse, porque pareciera que solo vinieron a llevarse trofeos, no debería expresar esto, pero si es oportuno decirles que revisen muy bien cuáles serían los objetivos y sus alcances, no traigan nada sin revisar porque si no después se van a lamentar.
De no tomar medidas en el marco de la Constitución de la República, se seguirá teniendo una misión haciendo lo mismo. Como ocurrió con el pacto que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández y el secretario de la OEA, Luis Almagro, para no investigar la familia presidencial ni a los funcionarios del entonces gobierno en el poder, “tengo la garantía que se acusó gente de manera injusta, muchos de esos casos fueron mal manejados”, cerró.
Combate sin distinción política
Lissi Matute Cano, diputada nacionalista, es del criterio que la CICIH debe venir, pero no con el comportamiento vicioso del pasado, y que no finja una genuina lucha contra la corrupción, sino que traiga consigo dientes para morder sin distinción política, que no sea un mandato de 2 años, sino 12, por ello no debería haber ningún problema, pero que le cuente las costillas a quien se las tenga que contar y que pague todo el que cometió delito.
No hay miedo a la CICIH
Su homólogo, Antonio Rivera Callejas, coincide con la diputada Matute y asegura que nadie tiene miedo de que se instale una comisión internacional, es más dijo que apoya su venida, pero no como la plantean los diputados del Partido Libertad y Refundación, que sea una misión internacional con suficientes facultades para hacerle frente a la corrupción y la impunidad “cuál es el miedo que tienen, cuál es el miedo, díganlo, aceptenlo que tienen miedo”, expresó el parlamentario refiriendo sus homólogos den partido en el poder.
Independencia y camino despejado
Pero para Jari Dixon, diputado del partido Libre, la misión internacional será una realidad, vendrá a dar un espaldarazo al gobierno, porque no habrá preocupación por los actos de corrupción que se presente –nuevos o los que se presenten-, la CICIH tendrá independencia y un camino despejado porque además se van derogar leyes que blindaban a los corruptos, el combate a la corrupción se volvió casi imposible y ahora será más expedito.
Rasel Tomé, diputado vicepresidente del Congreso Nacional, cree que la Misión, es una promesa de campaña y se cumplirá porque existe voluntad política del Poder Ejecutivo y Legislativo para luchar contra la corrupción, en tanto considera que el Partido Nacional, no tiene el derecho moral para hablar de honestidad, cuando por 12 años gobernaron en favor del beneficio particular y no social “saquearon el país y lo dejaron en la quiebra”, externó.
Ley de Colaboración Eficaz
Mario Díaz, coordinador de los Tribunales de Sentencia, es uno de los operadores de justicia que más ha venido insistiendo en que la aprobación de la Ley de Colaboración eficaz será quizá la herramienta más importante para poder desarticular las redes de corrupción, a su juicio es urgente aprobar la normativa para un país carcomido por la impunidad, pues además dará información concreta para concluir los proceso de investigación.
A ese clamor se sumó, Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público, quien cree que para luchar frontalmente contra ese flagelo y otros, no queda otro camino que buscar asistencia internacional, para que revisen algunos casos, pero especialmente los que dejó la MACCIH, porque de lo contrario, esos, como otros quedarán en la impunidad “porque están sobreseyendo algunos acusados”, lamentó. JP
