Tegucigalpa – Luis Rolando Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), manifestó este viernes que se está preparando el camino para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Redondo recordó que años atrás se crearon leyes desde el Congreso Nacional, para que los entes de investigación del país, así como la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), tuvieran obstáculos en las indagaciones.
El pasado miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, informó que el próximo 09 de mayo estaría llegando una Misión Exploratoria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para conocer las condiciones de la llegada de la CICIH.
“Xiomara Castro antes de ser electa presidenta envió una carta a la ONU para solicitar el apoyo en la instalación de una CICIH, eso está encaminado y nosotros estamos preparando el camino”, manifestó el titular del Poder Legislativo de Honduras.
En ese sentido, añadió que procurarán en la medida de lo posible para que, quienes integren la comisión anticorrupción, sean profesionales con vasta experiencia, de manera que la lucha contra este flagelo sea efectiva “la experiencia compartida será clave”, subrayó.
Entre otras cosas, Redondo, anunció que está en agenda del Poder Legislativo, la derogación de otros tres decretos que únicamente limitan el accionar respecto a las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Dijo que el decreto 116-2019 contentivo en la Ley Especial para la Gestión Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Fondos Públicos para proyectos comunitarios, infraestructura y programas sociales, es un pacto de impunidad porque obstruye investigaciones sobre el manejo del Fondo Departamental.
Asimismo señaló que “lo malo es que se requiere de 86 votos, en ese sentido, se va a requerir de todos los diputados del Partido Liberal y algunos del Nacional para lograrlo, ya están los de Libertad y Refundación (Libre), Partido Salvador de Honduras (PSH) y el de la Democracia Cristiana (DC)”.
Finalizó diciendo que los decretos 57-2020 y 93-2021 impiden al Ministerio Público poder intervenir una institución y poder secuestrar documentación directamente. JP
