Tegucigalpa – Un pacto político por liderar el Congreso, entre Libertad y Refundación y Partido Salvador de Honduras, detonó un escenario de vastos chispazos de polémica entre el oficialismo y oposición política, por un lado dicen que quería asaltar el poder y por el otro denuncian que prima la ilegalidad, en medio de ese ambiente, muchas cosas pasaron y la mayoría marcadas por un prolongado descontento que involucra no solo a la clase política hondureña.
– En los últimos meses la Cámara Legislativa ha discurrido en la aprobación de leyes con poca trascendencia nacional, pese a que comenzó con fuerza.
– El Supremo hondureño tiene pendiente pronunciarse sobre la legalidad o no de la Junta Directiva del Congreso Nacional.
– Pronunciarse en contra de la legalidad de la Junta Directiva llevaría al rompimiento del orden constitucional, advierte el ministro Edmundo Orellana.
Casi 10 meses (301 días) pasaron desde que Luis Redondo fue juramentado como uno de los presidentes del Legislativo, que por varias semanas tuvo dos cabezas porque también se juramentó a Jorge Cálix, sin embargo, la posición de la presidenta Xiomara Castro, fue clave para que finalmente una de las directivas desistiera del plan apoyado por nacionalista y liberales.
Desde entonces, el Congreso, es foco de irrisorios debates marcados más por la ideología que por su génesis de cada proyecto en debatirse, aprobarse o derogarse, el ahora oficialismo (antes oposición), busca a como dé lugar aprobar normas que solo han generado incertidumbre y los recientes gobernantes intentan oponerse pero sin resultados pese a ser una bancada numerosa.
La ruptura entre la bancada de Libre con su par de Salvador de Honduras (PSH), por ahora ha parado la aprobación de leyes que para la actual administración son claves para seguir con su programa de gobierno. A ello se suma que varios diputados de Libre han declarado abiertamente que son marginados por la actual Junta Directiva de ese poder del estado.
Libre, sin alcanzar la mayoría simple (65) intenta implantar una legislación argumentando que es una necesidad para poder cumplir lo que prometió, pero desde la oposición creen que solo desean allanar el camino para concretar una Asamblea Nacional Constituyente, que les permita perpetuarse en el poder, así como lo pretendían hacer en 2009, según diversos sectores.
Las últimas declaraciones del propio coordinador de Libre, Manuel Zelaya, han asegurado que en la actualidad no existen circunstancias para una Asamblea Constituyente, sin embargo el ministro Edmundo Orellana fue más allá al asegurar que si se rompe el orden constitucional en forma automática el presidente sería el esposo de la actual presidenta de Honduras.
Tras una polémica elección de la junta directiva, Redondo comenzó su gestión promoviendo proyectos legislativos en la agenda del partido Libre. En un ambiente de altas tensiones, marcó su andar legislativo en la presidencia por probar una Ley de Amnistía para Presos y Perseguidos Políticos, cuyos beneficios tuvieron nombre y apellido, casi de manera inmediata. Esta normativa aún le pasa factura a una posible venida rápida de la CICIH a Honduras.
En una amplia reunión parlamentaria, aún cuando Jorge Cálix, también predicaba que era el presidente del Congreso, Redondo y Libre, se apoderaron del hemiciclo legislativo, desde donde procedieron a nombrar al Procurador y Subprocurador General de la República, pese a que Lidia Estela Cardona, fue electa desde 29 de junio de 2018 hasta el 29 de ese mes de 2022.
Ese mismo día, se aprobó el subsidio de energía para beneficiar a más de 1.3 millones de abonados de escasos recursos y la aprobación del decreto que autoriza la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), a petición del Poder Ejecutivo, desde entonces ha sido un comportamiento cotidiano en el Congreso.
Desde entonces, lo único que se ha derogado y aprobado en el Congreso, es lo que viene del Ejecutivo, casi lo mismo ocurrió en el periodo anterior cuando el parlamento estaba controlado por el Partido Nacional, ahora en la oposición, a quien la actual junta directiva, no le ha aceptado ninguno de sus proyectos, incluso en las comisiones de dictamen, no son incluidos por Redondo.
En marzo normativas como la ley de Secretos Oficiales y la devolución de facultades al Ministerio Público, para ejecutar la acción penal, sin tener que esperar previo informe del Tribunal Superior de Cuentas, la reforma fue aprobada en 2019 por el Legislativo anterior y restablecida en 2022 por el nuevo Congreso, esta decisión generó serias críticas para esa administración de gobierno.
El Presupuesto General de Ingreso y Egresos, fue aprobado con un aumentó en más de 52 mil millones de lempiras y 8 días después, suprimidas las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), un proyecto defendido a capa y espada por el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, sin embargo, fueron aprobadas en la administración de Porfirio Lobo Sosa.
El proyecto del Presupuesto 2022-2023 levantó fuertes críticas, en la misma intensidad que lo hacía Libre desde la oposición, pues el gobierno de Hernández, ya lo había aumentado en 30 mil millones de lempiras. Abril cerró con la derogación de la Ley de Empleo por Hora, una decisión fuertemente cuestionada por sectores sociales y la empresa privada de Honduras. Esta última acción incluso provocó confrontación entre EEUU y funcionarios del actual gobierno.
Luego el Ejecutivo, envió una nueva Ley de Energía, misma que fue aprobada y con la que asegura solucionarán la crisis en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, endeudada con más 60 mil millones de lempiras, entonces en el olvido quedó la Ley de la Industria Eléctrica, norma que pretendía dividir la estatal entre entes para generación, distribución y comercialización.
Igualmente se suprimió el decreto que permitía los Fideicomisos para compras del Estado, fallo erróneo para los expertos porque ahora el gobierno compraría de manera directa, cuando más de 30 de estos acuerdos estaban vigentes, pues según Libre, deterioraron e inmovilizado las finanzas públicas, violentando el precepto Constitucional de Caja única de Tesorería General.
Pero la polémica se apoderó del escenario político, cuando el Congreso otorgó las mismas facultades del Ministerio Público a una de sus dependencias para que además de investigar, ejerza la acción penal, se trata de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), pero el cuestionamiento, se centró en el periodo que esos poderes fueron otorgados.
Pero la Ley de la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue otro punto de fracción en la Cámara Legislativa, ya que a Libre, no le pareció la normativa vigente y apostó por hacer una serie de reformas en el entendido de despolitizar lo más posible el proceso, aunque los mismos diputados admiten que quitar ese ingrediente no es posible.
La referida norma, incluso estuvo en pausa al no haber un consenso para seguir su debate. Esto solo fue un preámbulo de lo que vendría con un nuevo antojo del Ejecutivo, reformar la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), entre las reformas propuesta era sacar de este ente al presidente de la Corte, Congreso y Fiscal. Y nombrar un director con amplios poderes.
La nueva Ley pasó 2 de 3 debates en el Congreso, desde entonces está pausada, ante ese revés, el Ejecutivo convocó al CNDS con la norma vigente pero después de un intento fallido; sobre ese proyecto la oposición insiste que Libre ansía concentrar el poder, mientras el oficialismo, insiste que fue un órgano creado a la medida de la dictadura y transgrede la Constitución de la República.
Pero ¿qué dicen los expertos sobre esta línea legislativa?
Proceso Digital analizó este contexto que se vive a más de 10 meses en que Libre y Xiomara Castro, recibieron el Estado, entre ellos Raúl Pineda, analista político y exdiputado hondureño, Julieta Castellanos, reconocida socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Lester Ramírez, investigador y representante de la sociedad civil hondureña (ASJ).
Pineda cree que la actual administración sigue sumando pendientes en su accionar, Castellanos dice que Libre flaquea porque ha sido impecable en desarrollar su agenda política y no la atención de la ciudadanía y Ramírez agrega que el único logro que tuvieron hasta ahora solo fue sacar al Partido Nacional, después de eso “no hay nada”, pero veamos qué más dicen los entrevistados.
Un gobierno manchado por sus intereses partidarios
Raúl Pineda, abogado, exdiputado y analista político conversó con Proceso Digital y analizó el escenario legislativo, cree que pese a la condición en que está la junta directiva del Congreso, su titular Luis Redondo, tiene la oportunidad de escribir su gestión política con letras doradas en la historia de la nación, pero para ello debe atender temas prioritarios para Honduras.
A juicio de Pineda, el gobierno afronta dos yugos de los que no podrá liberarse, mismos que mancharon muy temprano su gestión, el conflicto sobre la situación de la junta directiva y la aprobación de una amnistía política, ambos temas tienen a Libertad y Refundación en una crisis que se prolonga y cuya solución se ven cada vez más lejana e imposible.
Hay un camino estrecho para una solución -dice Pineda- pues intentar legalizarla sería un paso que anularía todo lo logrado en el CN y eso podría causar más daño que beneficio, pero pasado el tiempo la crisis sólo podría resolverse repitiendo la elección y buscando una tercera persona que genere un liderazgo que permita sólidos consensos políticos que urgen en el Legislativo.
El poder absoluto en agenda como un plan B
La Amnistía es el error político más grande cometido, porque no hay manchas de corrupción hasta ahora, pero si se trata de un abuso excesivo del poder y ese error le pasa factura, porque será un reproche permanente para el gobierno. Además el Congreso tiene enormes deudas con la población hasta ahora, su accionar ha dejado mucho que desear.
El CN debe identificar primero sus debilidades, con énfasis en Ley Orgánica, la Junta Directiva integrada por 17 personas, 29 comisiones, en casa debe iniciar la restructuración, también revisar el Código Procesal y Código Penal, entre otras leyes que generarían mejores condiciones para gobernar, si eso se logra, se podrá hablar de avances en las instituciones importantes.
Y sobre la Ley del CNDS, dijo que está orientada a destruir la carrera policial, romper la cadena de mando de las FFAA y garantizar la continuidad en el poder si las urnas no resultase a su favor es lo mismo que hacia el gobierno anterior. Libre comete un grave error porque si hace un buen gobierno sin corrupción puede ganar las elecciones sin la necesidad de violentar la Constitución.
Determinación en una agenda política y no de Honduras
La crisis con que inició funciones el Congreso, no se ha superado y menos diluido, siendo un problema serio, además la no legalización de la directiva le ha restado credibilidad. Hasta ahora la acción parlamentaria es inconclusa, por ejemplo las ZEDEs, estas siguen funcionando pues hay un mal procedimiento en su derogación, dice la socióloga Julieta Castellanos.
Las leyes derogadas hasta ahora -añade la exrectora de la UNAH-, son parte de las promesas de la campaña, eso demuestra que tenían prisa por hacer ver que estaban cumpliendo con sus compromisos, pero aún hay temas prioritarios que están pendientes, hay normas que necesitan ser suprimidas, pero sobre esos temas prioritarios no se ven ni los más mínimos avances.
Castellanos concluye en que Libre no ha mostrado prisa en los temas que a la población le interesan, pues la postergación, es parte de cotidianidad de este gobierno y con ello, el mensaje que emiten, es que no hay una agenda que atienda las demandas ciudadanas, entre ellas las que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
Sin atención a las demandas poblacionales
El camino que inició en polémica en defensa de intereses partidarios en el CN, sigue firme y, ahora con la elección de la nueva CSJ, el gobierno dejó claro sus intenciones -añade Castellanos y recuerda- que la intención de enjuiciar a la titular del Conadeh, Fiscal General y Poder Judicial, fue muestra de ello y pese a ese revés, el objetivo de lograr el poder absoluto, sigue vigente.
El Congreso actual, ha mostrado mucha determinación en los temas meramente políticos y no en las normativas que tienen que ver con la economía u operación institucional; en la elección de la Corte habrá mucho peso político, así como lo hubo en la derogación de las ZEDE, Ley de Empleo por Hora, amnistía, la agenda en temas políticas de Libre siempre ha estado claro.
No hay atención a la Ley Marco de Seguridad Social y otros temas en materia económica, ahí es donde no existe claridad, ahí es donde no hay una agenda definida, vemos por ejemplo que la ejecución del presupuesto apenas alcanza un 14 % en proyectos de desarrollo y arriba de un 40 % es para pago de deuda, salario y prestaciones, eso es un rendimiento muy bajo para el gobierno.
No hay logros, solo una agenda mezquina
Lester Ramírez, es jefe de investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo que el gobierno generó tantas expectativas, pero sus logros son muy mínimos tras casi 10 meses en el poder y todo se reduce a que su triunfo más grande sigue siendo sacar del poder al Partido Nacional, pero los resultados aún no llegan.
“Creo que en el Congreso debieron comenzar por reformar el decreto legislativo 116-2019, porque inmoviliza al Ministerio Público de investigar la corrupción, pero no, decidieron apostarle a una amnistía política que no era necesaria, entonces esto marca la pauta de lo que tenemos y tendremos por los próximos tres años”, dijo el líder de la sociedad civil.
Indicó que Redondo, se encamina más a defraudar a los electores que creyeron en él, ya que será difícil que cambie el rumbo de su acción legislativa, porque aún existen temores, respecto hacia dónde nos conduce este gobierno con sus decisiones y aunque no haya ambiente para una Asamblea Nacional Constituyente, este podría estarse generando, no se puede descartar nada. JP
