Tegucigalpa (Por Joel Perdomo) – El virus que provoca la enfermedad del COVID-19 ha tomado nuevo impulso, con la aparición de las variantes y nuevos linajes de la cepa original, provocando que el sistema sanitario hondureño vuelva a ser demandado por la llegada de miles de pacientes contagiados y de nuevo los hospitales móviles vuelven a ser el protagonista ausente en esta lucha, ya que a casi dos años de haber llegado al país, únicamente los de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán están activos, aunque con muchas limitaciones.
Las muertes se reportan a diarios en los distintos hospitales públicos, mientras las unidades de cuidados intensivos y las salas de atención han vuelto a llenarse y no hablar de los centros de triaje que cada día atienden a miles de personas.
La diferencia, con lo ocurrido hace dos años, es que las vacunas han ayudado a los contagiados a llevar mejor la enfermedad, aunque las autoridades y los médicos se lamentan que todavía hay 1.5 millones de hondureños que no se han aplicado ni una sola dosis, mientras otros cientos de miles apenas se aplicaron dos.
Los responsables de salud hacen llamados a la población para que acudan a los más de mil centros de vacunación para que se inoculen las personas que todavía les faltan.
Pero en este campo, los hospitales móviles siguen en deuda en la batalla con la COVID-19, ya que de siete adquiridos, solo dos funcionan parcialmente, tres se utilizan para otras patologías y dos están sin uso desde que llegaron al país.
Los hospitales móviles fueron el último mayor escándalo de corrupción que golpeó a Honduras en un momento crítico y se responsabilizó a la anterior administración de la muerte de miles de personas
Estado actual de cada hospital
Pero ¿Cuál es la actual realidad de los hospitales móviles? Proceso Digital conversó con autoridades sanitarias para conocer la situación y a dos años de su llegada solo dos de ellos atienden casos de COVID, tres otros padecimientos y dos de ellos ni siquiera están funcionando, todos pese a su alto costo, requieren inversión adicional para su funcionamiento, porque están dañados, tienen problemas de drenaje y cuando llueve el agua se filtra.
Choluteca
El COVID se está reactivando de manera acelerada y eso no deja de preocuparnos, todo esto tiene que ver con que la población se ha relajado con las medidas de bioseguridad, el interés por vacunarse ha disminuido y el paso de los migrantes por la ciudad sigue dejando contagios importados, ya estamos viendo que incluso personal médico se ha vuelto a contagiar, dijo en conversación con Proceso Digital el doctor Carlos Alberto González, quien es director ejecutivo del Hospital Regional del Sur en Choluteca, departamento sureño del país.
El gobierno Salud destinó un hospital para la ciudad, pero el mismo no se utiliza para atender casos de COVID, sino la demanda de medicina interna, los módulos fueron instalados y puestos a funcionar sin solucionar algunas deficiencias originarias ya que “cuando llovía se mojaba todo, tuvimos que impermeabilizarlos y corrimos con los gastos, fue así que logramos reactivar otras salas, pero está sirviendo de algo, hay personas beneficiadas, aunque el techo estaba picado y tenía una deuda millonaria por concepto de energía eléctrica”.
Juticalpa
En esta comunidad tampoco se atienden pacientes afectados por el coronavirus, las autoridades determinaron brindar atenciones de medicina interna para hombres y mujeres, recientemente el ministro de Salud, Manuel Matheu, visitó para conocer el estado y la posibilidad de moverlo para otro lugar, pero se determinó se quedaría porque estaba funcionando bien, pero los casos del COVID se atienden en un centro de triaje y en una sala del sanatorio de Juticalpa, Olancho, aquí se deben más de 15 millones por concepto de energía eléctrica.
“El hospital está funcionando, claro no para la misión que fue adquirido, pero si estamos utilizándolo”, manifestó a Proceso Digital el doctor José Donaldo Meléndez director de Hospital San Francisco. El galeno aseguró que “el hospital móvil sirvió para descongestionar el sistema sanitario y brindar atención en el momento más crítico de la pandemia, además otras enfermedades como el dengue están generando preocupación al gremio médico porque existe distracción de la población con ambos temas”.
Atlántida
La situación de la pandemia muestra un conducta alarmante se ha aumentado en más de 30 % en los últimos días, también más de 25 doctores y personal de enfermería están contagiados, esto no nos pasaba desde el año pasado, exteriorizó la doctora Sylvia Bardales, directora del Hospital de Atlántida, quien además subrayó que la decisión de enviar un hospital móvil fue buena pero que lamentablemente hasta el momento, este no funciona y no ha servido a la comunidad, tampoco se sabe si será utilizado para atender pacientes COVID.
“No nos han entregado las llaves y el personal de Invest-H cercó el lugar, no tenemos acceso. Recién autoridades de Salud, vinieron con la intención de evaluar ¿que se hará con este hospital? ¿Y por qué no funciona? ellos dijeron que sería entregado pero previa a una veeduría y ver si es posible utilizar el equipo que está ahí, aunque tampoco sabemos su estado, los módulos no se moverán porque sería demasiado caro, cada vez que llueve se inundan, pero podría ser acondicionado para trasladar ahí el almacén del hospital de Atlántida”, indicó Bardales.
Santa Rosa
Para esta ciudad fue acertado habilitar el hospital modular y muy importante en el sentido que la pandemia, llegó a niveles insostenibles, pues aquí no se tenía como dar respuesta a la demanda sanitaria en ese momento, el COVID siempre fue una amenaza para la población, las hospitalizaciones bajaron, pero el contagio siempre se está dando, lo que pasa es que las personas no lo están enfrentando el virus como tal, que de no ser por la vacuna, la situación habría sido más precaria, según la doctora Marith López, directora del Hospital de Occidente.
La profesional de la medicina indicó a Proceso Digital que desde que se instalaron las unidades modulares, fueron utilizadas para tender pacientes con COVID y a la fecha sigue dando su servició, se pudo entonces atender no solo el coronavirus sino también otros padecimientos, siempre con algunas deficiencias como el drenaje cuando llovía, los techos están dañados y el agua se filtra por lo dañado que están, repararlos requiere mucho dinero y en este momento la Secretaría ha dicho que no hay presupuesto para ello.
San Pedro Sula
Este sanatorio tenía inicialmente capacidad para 90 camas, pero con el tiempo se redujo a 30, la Unidad de Cuidados Intensivos nunca funcionó, al igual que en los demás hospitales, ya que no son capaces de proporcionar oxígeno alto flujo a pacientes delicados por COVID de esta manera las atenciones se realizaban en los hospitales públicos, comentó a Proceso Digital el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social en San Pedro Sula.
Umaña señaló que no se puede negar que cumplió una función, salvó vidas pero ya sabemos a un costo excesivamente caro, además de eso se le tuvo que hacer bastantes adaptaciones en cuanto al aire acondicionado, energía, entre otras necesidades, eso representó inversión adicional para que pudiera funcionar, ahora con el repunte de la pandemia, se tiene que volver a utilizar, aunque nos recuerde a diario que se trata de un enorme acto de corrupción”.
Tegucigalpa y Danlí
El modular armado en la capital inició a funcionar y no en óptimas condiciones, a más de 18 meses de entrar en operación aún sigue prestando servicios a medias, no atiende pacientes COVID y fue destinado para tratamientos quirúrgicos y atiende cirugías ambulatorias de varias especialidades como ortopedia, ginecología, urología, generales y una parte para pacientes pediátricos “no hay un encargado como tal y no funciona en su totalidad”, comentó una fuente.
Y en Danlí, El Paraíso, el funcionamiento del hospital móvil sigue siendo una promesa incumplida no funciona, tiene problemas de filtración de agua, electrificación y las esperanzas para que inicie operaciones se han ido diluyendo en el tiempo, en las próximas semanas las autoridades de Salud tomarán decisiones al respecto, pero el mismo no atenderá pacientes con COVID, sino cirugías, así se anunció en diciembre pasado.
En boca del ministro Matheu
Sobre los hospitales móviles, José Manuel Matheu dijo que no es problema de un ministro o de una persona en específico, sino algo que concierne a Honduras, al tiempo que hizo un llamado a la Fiscalía para proceder en contra de todos los responsables por este monumental acto de corrupción.
“Los hospitales no son hospitales. Yo he ido a tres de ellos e inclusive sin usarlos están oxidados, equipos que ya venían malos y otros que no pueden usarse como los de laboratorio, entonces pensábamos mover de los contenedores hacia los pueblitos para utilizarlos como centros de pacientes que no padecieran enfermedades graves, pero ya vimos que eso no es posible porque nos va a salir más caro moverlos con grúa especial hasta la comunidad y se les van a oxidar en dos años”, reprochó.
En dispensario móvil de Tegucigalpa se seguirá utilizando como quirófano para cirugías ambulatorias; en Juticalpa se está usando como sala de medicina interna. ”No puedo gastar más en movilizarlo y engañar a la gente de los pueblos”, reafirmó.
Insistió que los hospitales móviles se traducen en una gran estafa en detrimento de los intereses del pueblo hondureño.
Puntualizó que posiblemente se usen las seis morgues que venían con los hospitales móviles, o tal vez su uso en áreas de cocina y lavadoras.
Concluyó que la crítica siempre se centra en los 47 millones de dólares que se pagaron por los hospitales móviles, pero en esa sesión parlamentaria de enero de 2020 se aprobaron 420 millones de dólares para usarlos en la pandemia.
Antecedentes
El viernes 10 de julio de 2020 a las 5:00 AM llegaron 78 contenedores de dos hospitales móviles procedentes de Turquía, el buque desembarcó en Puerto Cortés, después de 3 meses y 26 días de haberse detectado los primeros casos importados de España, esto ocurrió cuando la pandemia registraba 700 muertes y 26 mil contagios.
La compra se realizó a un costo mayor a 47 millones de dólares, se dijo que sería el escaño de salvación para un país fuertemente azotado por el COVID, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un calvario y otro monumento a la corrupción, esto mientras el sistema de salud colapsaba desmedidamente.
Las autoridades hicieron creer que la millonaria compra de llave en mano, hecha por Invest-H, era una oportuna acción o quizá el camino para enfrentar la pandemia en Honduras, por cierto, está ya dejaba escenas dramáticas en los sanatorios públicos, el sistema apenas alojaba no más de 1,200 pacientes y en las salas de cuidados intensivos, solo había espacio para 72 personas, los médicos no se daban abasto, no habían vacunas y el país entero postrado frente al mortal virus, que pese a un estricto confinamiento fue imposible contenerlo.
Las dos estructuras modulares se comenzaron a instalar y después de seis meses entró en funcionamiento el de Tegucigalpa y nueve meses después en San Pedro Sula; ambas ciudades fueron el epicentro de la pandemia. Pero 94 días después llegaron otros dos hospitales, sin embargo para esa fecha ya deberían haber llegado los cinco que faltaban, uno de ellos asignado a Choluteca y otro a Santa Rosa de Copán, el sanatorio del sur inició funciones el 13 de mayo y el del occidente fue a siete meses de su llegada a Honduras. La condena social no se hizo esperar, por un lado miles de personas morían por falta de cupos e insumos en los sanatorios públicos.
Después de casi cuatro meses y medio de haber llegado a Honduras las primeras estructuras modulares; entraron a territorio nacional los otros tres hospitales para instalarse en las ciudades de Danlí, La Ceiba y Juticalpa, las tres golpeadas desmedidamente por el COVID-19. Pero han pasado casi 600 días desde su arribo al país y solo sanatorio instalado en Olancho entró en funcionamiento, los dos restantes siguen sin operar pese a la necesidad sanitaria que se tiene en esas ciudades.
Con estos hospitales la capacidad de atención sanitaria el sistema sumaría 600 nuevas camas, siete de ellas destinadas para Unidades de Cuidados Intensivos, pero una vez instalados cuatro de ellos su capacidad se redujo a 60 espacios, como parte de las sugerencias de los expertos, que además, razonaron en que los vagones no eran aptos para atender pacientes COVID, es por eso que apenas dos sanatorios -San Pedro Sula y Santa Rosa- se utilizaron para los fines previstos en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.
La transacción fue hecha por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) con la venia del Poder Ejecutivo y Legislativo, bajo el mecanismo de una compra de emergencia. Finanzas desembolsó más de 1,100 millones de lempiras, asegurando que en término de 30 días los hospitales estarían en el país, pero además funcionando; la espera se prolongó tanto que se llegó a la conclusión que se trataba de una nueva estafa al estado de Honduras. Más involucrados fueron mencionados, entre ellos Marco Bográn, Alex Moraes y el proveedor Axel López.
El Ministerio Público emitió requerimiento fiscal contra Bográn y Moraes la mañana del lunes 05 de octubre del 2020, horas después ambos exfuncionarios fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal en Tegucigalpa. La Fiscalía explicó que ésta era una de las 22 líneas de investigación sobre la compra de los siete hospitales y de ventiladores mecánicos, también se giró alerta internacional contra Áxel López, pero la captura nunca se ejecutó pese a que él reapareció en una feria médica en Miami, EEUU promocionando justamente los hospitales móviles, los mismo con que se concretó la estafa al Estado de Honduras.
La Fiscalía aseguró tener más de 100 pruebas sobre la corrupción a este caso, elevado a juicio contra Bográn y Moraes, incluso el Fiscal General reveló que el dinero de los hospitales terminó en paraísos fiscales, cuya revelación involucraba a seis exfuncionarios de la administración Hernández, de ellos no se supo la identidad, pero Bográn dijo en una llamada telefónica desde la base militar donde está recluido tras ser condenado a más de 11 años de cárcel que la Fiscalía conocía los nombres de más involucrados. A todo esto la Junta Interventora de Invest-H pasó sin pena ni gloria devengando altos salarios sin resultados. JP
