Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El repunte de la violencia y la inseguridad, la incertidumbre de la instalación o no de la CICIH, en materia de lucha anticorrupción, y las emergencias por lluvias y los efectos del cambio climático, empiezan a ejercer presión en el gobierno del bicentenario al aproximarse a su primer semestre de gestión.
Estos problemas, heredados y estructurales, se han concatenado y se colocan en el centro de la agenda pública ante el repunte de la ola de violencia por la inseguridad, en tanto la lucha contra la corrupción vuelve a tomar fuerza frente a la incertidumbre respecto a si viene o no la CICIH, a lo que se suman las emergencias por lluvias y los efectos del cambio climático que se hacen sentir en un país altamente vulnerable como Honduras con los reportes de las primeras inundaciones y las pérdidas de cultivos.
Estas presiones se suman a las que ya enfrentan la administración de la presidenta Xiomara Castro, relacionadas con el empleo, los problemas de salud y educación, así como el factor externo de la guerra entre Rusia y Ucrania y el alto precio de los combustibles y sus derivados, que tienen al país con altibajo en materia económica y fiscal.
Pero dos de sus promesas de campaña como son la seguridad y la lucha contra la corrupción, pueden volverse una quimera, y generar, a la larga, un descontento en la ciudadanía sí las políticas del gobierno quedan en discurso y buenas intenciones.
En materia de seguridad, los homicidios, masacres, femicidios, extorsión, se han recrudecido en los primeros meses del año. A ello se suma el elemento sorpresa relacionado con la muerte de un joven aficionado a una de las barras deportivas que agredió a una oficial de policía, y que cuando presuntamente estaba por entregarse a la autoridad, fue muerto violentamente en un supuesto enfrentamiento con la policía.
La muerte del joven Wilson Ariel Pérez, barrista del club deportivo España, e implicado en la agresión de una oficial de policía, se ha vuelto un talón de Aquiles para la Policía Nacional y el gobierno, ante el misterio que rodea su caso y las presiones de la comunidad internacional y de derechos humanos exigiendo una investigación exhaustiva para descartar una ejecución extrajudicial. Pérez pensaba entregarse a la autoridad cuando fue asesinado en un supuesto enfrentamiento, reveló el activista humanitario, Hugo Maldonado, del Codeh.
Inseguridad y violencia
Las autoridades policiales indicaron que se está a la espera del informe de Medicina Forense y que se han aplicado los protocolos que corresponden a este tipo de hechos, descartan que su muerte haya sido premeditada, y sostienen que existe un interés por querer desacreditar el trabajo de la Secretaría de Seguridad y del gobierno de la presidenta Castro.
El Observatorio de la Violencia de la UNAH, registra en lo que va de este año, más de 1,144 muertes violentas, de las que 600 fueron homicidios, y se reportan un promedio de 14 masacres o muertes múltiples. Los departamentos que arrojan el mayor número de muertes violentas son Cortés, Francisco Morazán, Colón, Atlántida y Yoro, señala el Observatorio de la Violencia de la UNAH.
Al mes de abril, el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), registró más de 110 muertes violentas y femicidios, en los primeros tres meses, en tanto la Red Coiproden, registró a marzo de este año, cerca de 158 asesinatos de niños, jóvenes y adolescentes en el país. Los departamentos más hostiles a este núcleo poblacional son Cortés, Francisco Morazán y Olancho, señala la Red.
En tanto, el rubro del transporte ha denunciado que ha retornado el cobro de la extorsión, con énfasis en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde algunas rutas de buses y taxis han tenido que clausurar los puntos donde operan.
La apuesta del gobierno es a impulsar una Policía comunitaria cercana a la ciudadanía, un viejo modelo que impulsó a inicios del año dos mil, pero que no se le dio el énfasis necesario, y ahora se busca potenciar como parte de una política integral de seguridad que aún no se conoce, pero se asegura está en permanente construcción.
Al tema de la inseguridad y violencia se suma la presión de los policías depurados porque los reintegren, retan al gobierno poniendo condiciones, y bajo el manto de los desaciertos cometidos en los últimos doce años, quieren hacer borrón y cuenta nueva, al margen de los ligados a estructuras criminales.
¿Llegará la CICIH?
La otra promesa de campaña que podría volverse otro talón de Aquiles para la administración del bicentenario, es la lucha contra la corrupción y la instalación de la CICIH, al trascender que temas relacionados con la aprobación de un polémico decreto de amnistía, las potestades temporales dadas a la Uferco y el limbo legal que precede a la actual directiva del Congreso Nacional, podrían ser algunos escenarios que estaría considerando Naciones Unidas para ver si instala o no la CICIH en el país. Las señales políticas no son tan claras, dicen analistas locales e internacionales.
La representante de la ONU en la capital, Alice Shackelford, posteó en redes sociales los pilares que rigen a un Estado de Derecho, y luego indicó que esa instancia mundial aún no decide si viene o no la CICIH, porque la misión de exploración que estuvo en el país no ha entregado el informe de su visita al país.
La duda sobre la instalación o no de la CICIH cobra fuerza cuando el presidente del Congreso Nacional, Luís Redondo, dijo al término de aprobar un decreto que otorga superpoderes a la Uferco para que presente casos de corrupción, que ésta ya tenía suficientes dientes para actuar viniera o no la Misión.
«Si viene la CICIH o no, nosotros ya creamos el marco jurídicoy ya le dimos dientes por decirlo de esta manera a esta unidad de la Uferco para que sean ellos los que empiecen a actuar. Ya cuando venga la CICICH quizás ya no haya casos porque la Uferco va a actuar para combatir la corrupción», dijo Redondo.
De inmediato los analistas y sectores populares salieron al paso al recordar que la CICIH fue una promesa de campaña, que ésta debe estar por largo tiempo y no por 15 meses como habría sido la petición del gobierno, que debería tener independencia y fiscales internacionales en asocio con nacionales, entre ellos la Uferco. Recuerdan también que las facultades otorgadas a la Uferco son temporales pues durarán hasta que se nombre un nuevo fiscal general y adjunto que, de entrada, abre la duda sobre la politización de casos con los que actuaría la Uferco y las consecuencias jurídicas que ello tendría ya que el Ministerio Público fijó una posición indicando que no puede haber dos fiscales con el mismo rango, y que el decreto es inconstitucional.
Estos debates precederían la llegada de la CICIH en caso de instalarse y aunque desde el gobierno indican que esperan que la misma se instale pronto, la incertidumbre se ha vuelto a instalar y la presión porque la lucha anticorrupción no se esfume con decretos polémicos, empieza a hacer mella en la opinión pública.
Finalmente, el tema de la emergencia por lluvias y el cambio climático es otro actor que aparece en la escena pública, al evidenciar los primeros aguaceros, que se carecía de planes y políticas públicas frente a los desastres naturales, cuya condición de vulnerabilidad del país ya está sobrediagnosticada y las respuestas deben ser más de largo aliento que reactivas.
El gobierno está reaccionando sobre la marcha, al aceptar las autoridades de la Copeco que no estaban preparados para la emergencia, luego del primer aguacero de fines de mayo. Las autoridades han conformado una mesa multisectorial para abordar estas emergencias, en especial en el Valle de Sula, donde los efectos de los fenómenos Eta y Iota siguen latentes y algunos pobladores de la zona de La Lima, ya salieron a las calles a protestar porque se encuentran desprotegidos frente a los fuertes aguaceros que caen y se avecinan. (PD)
