Tegucigalpa – Las controvertidas Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), han acaparado el debate en la hondureñidad. Por un lado, el gobierno defiende su instalación bajo la bandera que generarán miles de empleos; por otro lado, y casi al unísono, diversos sectores de la sociedad rechazan este modelo económico bajo el argumento que se lacera la soberanía.
Las ZEDEs vigentes desde el 2013 en Honduras, recientemente el Congreso Nacional otorgó beneficios fiscales y la Corte Suprema les dio una jurisdicción especial.
El respaldo a las Zonas Especiales se concentra básicamente en el gobierno, desde donde funcionarios y el propio jefe del Ejecutivo aseguran es un modelo que creará fuentes de empleos sin vender un ápice el territorio y la soberanía.
En pleno año del bicentenario, el proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), vuelve a traer a colación el tema de la soberanía y del enclave, la identidad y los derechos humanos, así como el uso de los recursos naturales, al grado de asegurar que, a 200 años de la independencia, Honduras sigue sin lograr una identidad y parece dar vuelta en la figura de los enclaves, del bananero y minero en el siglo pasado, al de la ZEDEs en el presente siglo.
(VER) CSJ aprueba jurisdicción especial de las ZEDE
Los que la apoyan
El oficialismo político ha centrado su discurso en que las ZEDEs ayudarán a combatir el desempleo en Honduras.
El presidente del Partido Nacional, David Chávez, defendió este modelo y dijo que el Estado de Honduras no está regalando centímetros de tierras.
“Acá no estamos vendiendo nuestras tierras, en primer lugar, son tierras de inversión privada, el Estado no le está regalando ningún centímetro de tierra a nadie”, aseguró el también candidato a la alcaldía del Distrito Central.
De su lado, el alcalde del Distrito Central y candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, manifiesta que las ZEDEs es una iniciativa que debe ser analizada respetando las leyes de Honduras.
Propone que el tema de las ZEDE, “sea analizado con la mejor ley posible, que además tengan un balance, para que de esa manera se pueda generar trabajo, porque eso es lo que necesitamos crear”.
Mientras, Ebal Díaz, candidato a diputado y exministro de la Presidencia, dijo que las ZEDEs son una esperanza y que le gustaría hubiera 50 o 60 en todo el país.
Además, agregó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre la aprobación de jurisdicción especial, pone fin al debate de estas Zonas Especiales.
Arguyó que la sentencia del Poder Judicial avala que la reforma a la Constitución de la República y la ley orgánica de la ZEDE es constitucional.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Pérez, ha defendido que es falso que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), serán un Estado dentro de otro Estado, por lo que el territorio continuará siendo de Honduras.
“Las personas dentro de las ZEDE usarán pasaporte hondureño, tendrán tarjeta de identidad hondureña, votarán en las elecciones de Honduras, los policías y jueces serán hondureños a quienes los regirá la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, agregó.
Es falso que en las ZEDE se refugiará a personas que han cometido delitos o aquellos que son considerados intocables, reiteró.
El jefe de las FFAA, Tito Livio Moreno Coello, no ha querido referirse a la legalidad de las ZEDEs, pero ha advertido que “la soberanía no es negociable”.
Reveló que hechas las observaciones en torno a las ZEDEs, “si hay alguna duda se va a enmendar para que no quede en la ley ningún vacío, que se pueda establecer en cuanto a mantener nuestro espacio geográfico, nuestra soberanía e integridad territorial”, apuntó.
Generalizado rechazo
Este miércoles, el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana Mercado, apuntó que el Ministerio Público debe abandonar “la modorra” en que se encuentra y proceder a acusar criminalmente al Comité de Buenas Prácticas por otorgar las denominadas Zonas.
A la consulta si las Zonas de Desarrollo Económico representan un hecho consumado y por ende la población debe esperar hasta las elecciones generales para revertir ese proyecto eligiendo a quienes se oponen, Orellana respondió: “Sí, se puede esperar e ir a elecciones, pero ya para ese tiempo seguramente habrá por lo menos unas 300 ZEDEs operando en el país y eso para efectos de revertir y las consecuencias jurídicas que implica será terrible para Honduras”.
La Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ), advirtió que Honduras se expone a sanciones económicas y de derechos humanos con esta iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo.
“Se pueden dar varias circunstancias, pueden haber sanciones desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, reflexionó Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de ASJ.
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, destacó que no existe hasta la fecha ningún sector social que se ha mostrado a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo.
De su lado, el Foro de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), aseveró que la implementación de las ZEDEs no generaría ni 15 mil empleos a Honduras.
En ese sentido, el economista del Fosdeh, Obed García dijo que “ni a 15 mil empleos llegarán a generar las ZEDEs y hay casi medio millón de desempleados en Honduras”.
El Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mediante una carta pública dejó clara su posición con relación a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Entre otras conclusiones los docentes universitarios señalan que la iniciativa gubernamental es inconstitucional.
“La Ley de las ZEDE (Decreto 120-2013) entra en conflicto con la Constitución de la República y Convenios y Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras”, subraya la carta pública.
La UNAH también ha sentenciado que interpondrá acciones judiciales contra las ZEDEs y propone un nuevo contrato social.
Autoridades de la Iglesia Católica de Atlántida, se pronunciaron sobre la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y asegura que ese es un proyecto doloso porque afecta la soberanía de Honduras.
“El proyecto de las ZEDEs es la forma más perversa, que es promovidos por algunos políticos que quieren seguir despojando al país de su riqueza, por eso elevamos nuestra voz diciendo no al abuso y al despojo; el país no se vende en pedacitos”, añade el pronunciamiento de la Iglesia.
El propio expresidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa, dijo que el proyecto se aprobó en su gestión, pero el mismo fue trastocado en la Cámara. Advirtió que sacarán “de la lengua” a los que busquen protegerse en estas zonas.
La implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras implicaría serios riesgos del cumplimiento de respetar y garantizar el libre ejercicio de todos los habitantes, advirtió recién el Sistema de Naciones Unidas (ONU).
“Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes”, cita el comunicado.
Asimismo, el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noé Pino, calificó a las Zonas Especiales como una aberración jurídica, que violan la Constitución y tienen su propia política monetaria y cambiaria, cuando el único que puede hacer eso es el Banco Central.
“Lo que están haciendo es creando un Estado dentro de otro y fragmentando en todo el país y esto es increíble”, arguyó.
Igualmente, El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostuvo que las ZEDEs son un riesgo inminente para los inversionistas nacionales y extranjeros.
El sociólogo Pablo Carias analizó que se reedita la historia de las concesiones bananeras en Honduras con la ZEDEs.
“Las ZEDE como en el pasado, como en el siglo XIX, trae consecuencias graves para los inversionistas nacionales ya que los coloca en una situación de desventaja”, agregó Carías.
Así transcurre el debate sobre las ZEDEs en el país, que parafraseando un poco con las siglas, los hondureños en su mayoría están convencidos que se “cede” la soberanía, mientras el gobierno defiende a morir el polémico proyecto. (JS)
