Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – ¿Dónde quedó la depuración de la Policía Nacional? Ese largo proceso que se inició hace cerca de una década muestra cíclicamente episodios criminales y reñidos con la ley que involucran a agentes y a oficiales, muchos de ellos espeluznantes y escandalosos.
Episodios que ligan a policías con el crimen organizado, como el ocurrido este fin de semana en Olancho donde siete de ellos, entre tres miembros de la unidad de inteligencia, vuelven a poner el dedo en la llaga sobre el proceso de depuración que apartó unos 6 mil agentes en un lapso de tres años (2016-2019).
Gualaco, Olancho fue el sitio donde tres agentes la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), junto a otros cuatro de sus compañeros y dos civiles, fueron detenidos en posesión de 19 kilos de cocaína, ellos responden a los nombres de Josué de Jesús Perdomo Ordóñez, Erick Xavier Velásquez Carmona y Edgar Misael Velásquez.
El caso de Keyla y el Protocolo de Minnesota
En lo que va de este 2021 los hechos criminales que involucran a elementos policiales suman más de una decena, han reportado fuentes oficiales.
Para iniciar este año, un caso que estremeció al país y que ocurrió en las propias instalaciones de una estación de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá, fue el de Keyla Martínez, asesinada en febrero de 2021, en una posta, es decir, bajo la custodia del Estado y su crimen no solo fue tipificado como un femicidio agravado, sino como un hecho que calza con los postulados del Protocolo de Minnesota, en vista que su asesinato sobrevino cuando estaba bajo la custodia del Estado. Uno de los implicados en este crimen es el policía Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, y de acuerdo con el Ministerio Público, existe prueba contundente sobre su participación en el crimen de la joven enfermera.
El crimen de Keyla Martínez pone de fondo también el tema de la depuración policial y su inconcluso proceso de reforma, en tanto surgen denuncias sobre otros tipos de violaciones humanitarias suscitadas en la posta policial de La Esperanza, en Intibucá. Keyla Martínez podría dar pie a otras investigaciones en esa zona y en esa posta que podrían complicar la credibilidad policial, de capa caída.
El 11 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Comayagua, en el central valle del mismo nombre, decidió cambiar la tipificación del delito en el caso de Keyla Martínez, de femicidio agravado al de homicidio simple, alertaron organismos defensores de los derechos humanos y de la mujer, con asiento en Costa Rica.
Policías en actos criminales
En medio de la pandemia generada en el país como efecto del COVID-19 y para finales de 2020, mediante la Operación Chakal, el Ministerio Público desnudó una red de policías involucrados en la trata humana. La estructura criminal se encargaba de facilitar el tránsito irregular de migrantes por suelo hondureño, informó el MP.
De otro lado, los casos de policías del más alto rango involucrados en criminalidad organizada son otro episodio que marca a la institución policial en el país.
En el estrado de las cortes de justicia de Estados Unidos, han desfilado por lo menos ocho elementos policiales, solo dos fueron extraditados mediante la figura del auto acordado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Los restantes cinco se entregaron en forma voluntaria.
Wilmer Carranza Bonilla y Ludwig Criss Zelaya Romero fueron entregados por el gobierno de Honduras a su par de EE. UU., en tanto Mario Guillermo Mejía Vargas, Jorge Alberto Cruz Chávez, Juan Manuel Ávila Meza, Víctor Oswaldo López Flores, Carlos José Zavala Velásquez y Carlos Alberto Valladares Zúñiga, se entregaron a las autoridades estadounidenses. Todos son señalados por delitos de narcotráfico.
Policías acusados de conspirar para ingresar cocaina a ese país. Entre ellos el comisionado Mauricio Hernández Pineda y el oficial Ludwig Criss Zelaya.
Igualmente, el exoficial de la policía Mauricio Hernández, quien al conocer su designación por parte de la Fiscalía de Nueva York, se entregó a las autoridades de la agencia antidroga, la DEA, de Estados Unidos, en febrero de 2020.
Otro oficial de policía en retiro como Mario Guillermo Mejía Vargas, también ha tenido que responder a acusaciones en NY.
En el ámbito nacional, un golpe a la criminalidad organizada y en este caso personificada por ex altos cargos de la Policía hondureña se propinó con la ejecución de varias capturas y el aseguramiento de 31 propiedades del comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco.
Otros casos desarrollados en el país como el que involucra al ex oficial de policía, Jorge Alberto Barralaga, condenado en marzo de este 2021 a 10 años de prisión por lavado de activos.
José Orlando Leiva Natarén, es otro oficial de la policía, capturado en Miami, Florida, EE. UU. en 20168, por lavado de activos.
Todos los casos señalados solo son una muestra del largo rosario de oficiales, altos cargos y agentes que tienen cuentas pendientes con la ley.
Análisis
Para la socióloga e investigadora Julieta Castellanos, lo recién ocurrido con la captura de agentes de inteligencia y otros policías en Olancho, evidencia cómo el crimen organizado y el narcotráfico siguen infiltrando la Policía.
Para ella, quien en 2011 sufrió en carne propia los efectos de la criminalidad policial al perder a su hijo y a un amigo de este a manos de policías que les asesinaron sin piedad, lo que es importante que se haya logrado detener a involucrados en el delito y ahora, – razona, – será fundamental la investigación y la aplicación de la ley.
La investigación tiene que arrojar si estos policías son acarreadores de la droga o están directamente en el negocio, apuntó la académica.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que en la policía siempre va a haber infiltración por parte del crimen organizado y el narcotráfico, lo que es una de sus principales vulnerabilidades
En ese sentido es que, en el tema de reforma policial, siempre debió estar vinculada a una unidad de investigación policial que fuera capaz de detectar estos casos y poner a la orden de los tribunales a los involucrados.
En relación con la detención de policías con droga, añadió que “esto es una muestra evidente que el tráfico de drogas y el crimen organizado continúa en el país y lamentablemente se extiende a Olancho como a otros departamentos”.
Castellanos, destaca que los criminales siempre compran policías porque tratan de comprar seguridad, porque supuestamente si el policía se involucra tienen asegurado el tráfico.
“Es delicado que los detenidos sean miembros de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), se tiene que investigar a profundidad”, advirtió Castellanos.
Seguidamente destacó como positivo que se haya capturado a estos siete policías que estaban en actos irregulares, “es importante que hayan capturado a los señalados, ahora hay que esperar como el caso avanza desde el Ministerio Público y otras instituciones”.
La investigación tiene que arrojar si estos policías son acarreadores de la droga o están directamente en el negocio, ¿de quien es la droga?, ¿con quién están involucrados?, puntualizó.
El sábado la Secretaría de Seguridad confirmó que, a las 9 personas capturadas, entre ellos siete policías se les encontraron 19 kilos de cocaína, cinco armas de fuego tipo pistola, tres cargadores y tres fusiles. (PD)
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