Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura ha empezado a dibujar algunas prioridades de su gobierno cuando asuma el solio presidencial el 27 de enero de 2026, siendo la derogación del estado de excepción y la ratificación del tratado de extradición, dos de los primeros anuncios a ejecutar en materia de seguridad.
El gobernante electo dijo que no era partidario de los estados de excepción permanentes, que prefiere una política integral de seguridad basada en el fortalecimiento institucional. Dejó claro así que en su administración el ilegal estado de excepción vigente no sería parte de sus ejes en materia de seguridad ciudadana.
Honduras tiene desde hace casi tres años un estado de excepción que suspende parcialmente las garantías constitucionales y es aplicado en 226 de los 298 municipios del país. Cuando fue creado en el 2022, el gobierno anunció que su vigencia sería temporal y el propósito era combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana, pero la temporalidad se volvió una medida permanente.
La Constitución de la República señala en su artículo 187 que la suspensión de garantías constitucionales debe ser aprobada por el Congreso Nacional, y desde que se ejecutó el estado de excepción, de los más de una veintena de decretos ejecutivos emitidos, apenas ocho han sido aprobados por la cámara legislativa, y tres publicados en el diario oficial La Gaceta.
La temporalidad del estado de excepción ha caído en una permanente ilegalidad al no existir en el congreso nacional el consenso necesario para ratificar la medida. La cámara legislativa apenas ha sesionado en lo que del 2025, la directiva ha sido incapaz de generar consensos para aprobar leyes y reformas necesarias en el país, entre ellas la ratificación del estado de excepción.
Al amparo de esta medida, los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han advertido y registrado los casos de abuso y violaciones humanitarias cometidas con el estado de excepción: al menos 7 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y más de 1,300 quejas registradas en contra de los cuerpos de seguridad del Estado, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
El estado de excepción otorga medidas extraordinarias del uso de la fuerza a la Policía Nacional y a la Policía Militar de Orden Público. Para el proceso electoral que acaba de concluir, al menos 90 países reunidos en Ginebra, Suiza, en el marco de los informes del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, exhortaron al Estado de Honduras a derogar el estado de excepción; igual lo han hecho instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras; el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
La comunidad internacional no vio con buenos ojos que Honduras fuera a elecciones bajo un estado de excepción y ante un recurso interpuesto en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la votación a favor de la suspensión fue por mayoría y no por unanimidad, elevando el caso al pleno de magistrados del Poder Judicial, pero la sesión no se ha dado porque la presidenta de la Corte de Justicia se declaró enferma y luego llegó el receso de vacaciones de fin de año.
Seguirá el tratado de extradición
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha ignorado esos llamados y desestimado las denuncias, indicando que gracias al estado de excepción ha reducido la tasa de homicidios a 26.7% por cada 100 mil personas, según cifras de la Secretaría de Seguridad.
Pero los registros indican que, bajo el estado de excepción, la muerte violenta de mujeres se ha disparado y se ha convertido en una epidemia. Solo este año se reportan más de 265 femicidios, la mayoría en la impunidad. Asimismo, se reportan un incremento en las muertes múltiples o masacres con más de 30 de enero a noviembre de 2025.
El presidente electo, Nasry Asfura ha dicho que el estado de excepción no seguirá más en su administración, buscará una propuesta más integral al asegurar que la seguridad no puede abordarse de forma aislada y debe estar relacionada a otras causas estructurales como pobreza y empleo.
La temida extradición
El otro anuncio que se ha hecho es que el nuevo gobierno de Asfura ratificará el tratado de extradición con Estados Unidos, que vence el 27 de enero de 2026, justo cuando asume funciones en el cargo. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, anunció que dejaba sin efecto el tratado de extradición, pero después rectificó y lo extendió hasta el 27 de enero de 2026.
Castro había optado por cesar el tratado de extradición luego de trascender un narco video en el cual se implicaba a su cuñado, el entonces secretario del congreso nacional, Carlos Zelaya, quien salía negociando con capos mafiosos hondureños dinero para la campaña presidencial de Castro en el 2013.
El famoso narco video generó revuelo en el país obligando al cuñado de la presidenta Castro a renunciar a su cargo en el Congreso Nacional y bajar perfil político, en tanto, su hijo, José Manuel Zelaya, arrastrado por el tsunami político, renunció a su cargo como ministro de la Defensa.
El tratado de extradición con Estados Unidos agoniza el día que el presidente electo, Nasry Asfura, tome posesión el 27 de enero, y la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, dijo a medios de prensa, que el tratado será ratificado el día de la asunción presidencial como una de las primeras acciones del nuevo gobierno del Partido Nacional, que retorna al poder tras cuatro años de llanura.
Bajo la figura del tratado de extradición más de sesenta hondureños han sido extraditados por asuntos de narcotráfico a Estados Unidos y condenados en cortes de ese país por esos delitos. Entre ellos, el expresidente Juan Orlando Hernández, recién indultado por el presidente Donald Trump.
El gobierno de Estados Unidos al reconocer la elección de Nasry Asfura como gobernante electo, ha anunciado que trabajará de la mano con la nueva administración. El secretario de Estado, Marco Rubio, en una llamada telefónica hecha al presidente electo hondureño ratificó esa apuesta de cooperación, entre las que destacan los temas de seguridad y defensa, entre otros.
De momento, dos acciones que gozan de la simpatía de los hondureños como es la derogación del estado de excepción y la ratificación para la continuidad del tratado de extradición, han sido anunciadas como las primeras determinaciones a tomar por el gobierno de Nasry Asfura, en el tema de la seguridad y la defensa. Son medidas de impacto dentro de las llamadas victorias tempranas que piensa poner en marcha el próximo gobierno. (PD)
