Tegucigalpa (Proceso Digital) – Honduras se prepara el 30 de noviembre para acudir a los comicios de mayor incertidumbre en su historia desde el retorno formal a la democracia, marcados por la judicialización del proceso electoral, la presión social por la realización de los comicios, el juego del oficialismo y las denuncias de persecución política hacia la oposición.
En tanto, los ojos de la comunidad internacional se ponen nuevamente sobre Honduras con llamados a respetar el proceso electoral, a la independencia de poderes, independencia y autonomía de los entes de control electoral y garantía para acudir a unas elecciones limpias, justas y transparentes. En un lapso de dos semanas, cinco comunicados de alerta han sido emitidos por las misiones de observación electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, Transparencia Internacional y un consorcio de al menos ocho organizaciones internacionales de libertad de expresión.
Los comicios parecen moverse alrededor de un semáforo donde la alerta roja es el común denominador, mientras a lo interno del Consejo Nacional Electoral (CNE), sus autoridades buscan dar señales de certidumbre sobre los avances en los comicios: simulacros, impresión de papeletas, licitaciones expeditas para solventar el problema del transporte, mensajes claros a los militares sobre su rol constitucional y subordinación al poder civil, entre otros.
El proceso electoral se mantiene, los trabajos han sido redoblados y el 30 de noviembre próximo los electores acudirán a las urnas a ejercer el sufragio, aseguran las autoridades del CNE que libran también sus batallas internas para sortear obstáculos relacionados con el cumplimiento del cronograma electoral y decisiones que no les pongan en la mira de la justicia, en especial del Ministerio Público en su estrategia de iniciar “una guerra judicial” que se lleva de encuentro el proceso electoral.
Las elecciones del 30 de noviembre serán también inéditas porque los principales entes rectores de control electoral trabajan bajo la presión de ofrecer unos comicios transparentes y con la espada de Damocles sobre sus hombros: en cualquier momento la Fiscalía amenaza con requerimientos fiscales contra las autoridades de estos entes como parte de un proceso de “investigación” de una aparente “conspiración” contra las elecciones.
Esta espada de Damocles la levanta el Ministerio Público, cuyo fiscal general, Johel Zelaya, no ha dudado en salir a la palestra pública para denunciar la presunta conspiración y dar como válidos unos presuntos audios (26 en total) en donde se trama presuntamente ese boicot al proceso electoral por parte de una consejera del CNE, un jefe de bancada de un partido opositor y un oficial militar de rango intermedio. El fiscal general, sin determinar si la procedencia de esos audios es lícita—mediante orden judicial de intervención de escuchas—o ilícita—obtenida bajo espionaje—ha dicho que no le temblará la mano para librar los requerimientos fiscales que sean necesarios para “salvar la democracia y las elecciones”.
El rector de la estatal Universidad Nacional, Odir Fernández, alertó que se está frente a una estrategia de “Lawfare” o guerra judicial creada para deslegitimar las instituciones, sembrar pruebas carentes de fundamento e instalar la incertidumbre para crear una narrativa orientada a socavar el estado de Derecho, en donde juega un rol importante la desinformación.
No había concluido el tema de los audios—que se pide sean verificados por un peritaje internacional reconocido—cuando el Ministerio Público enfilaba su espada de Damocles contra otro ente electoral clave: el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por emitir una resolución de amparo a favor de dos aspirantes a diputados, uno por Olancho, y otro por Valle, y luego ordenar que fueran inscritos y se imprimieran las papeletas en el cargo electivo a nivel de diputados en ese departamento. El recurso de amparo ordenaba suspender la impresión de papeletas en esos departamentos en tanto el TJE no resolviera el caso.
Los excesos del MP… solo falta “sacar del pelo” a un juez
El TJE en una resolución por simple mayoría de votos, y tras una serie de boicots internos por parte de uno de los magistrados y dos magistrados suplentes, resolvió que las candidaturas de esos diputados deberían proceder, pero el CNE—en otro hecho inédito—desacató la orden del máximo tribunal en materia electoral y no los inscribió. Los aspirantes políticos a diputados, al quedar fuera, aceptaron la decisión para no entorpecer los comicios pues les quedaba otra instancia judicial según la ley.
El Ministerio Público no dudó en solicitar un recurso de antejuicio contra dos magistrados del TJE por esas resoluciones que considera ilegales y les acusó del delito de prevaricato. Una sala ad hoc de la Corte de Justicia declaró inadmisible la petición del ministerio público por considerar que la figura del antejuicio no aplicaba a los magistrados porque no gozan de esa prerrogativa, ya que ellos están al mismo nivel que los magistrados de la Corte Suprema y para ellos la figura que aplica es la del juicio político.
Pero el MP anunció que independientemente del juicio político, tiene listos los requerimientos fiscales para proceder con la captura de los dos magistrados por el delito de prevaricato, acentuando así la incertidumbre sobre las elecciones, pues ante el TJE llegarán todos aquellos casos de irregularidades que puedan surgir posterior a los comicios.
Los magistrados del TJE dicen tener sustento legal que acuerpa sus decisiones y denuncian una estrategia de persecución y acoso judicial contra el proceso electoral. Las reacciones ante el anuncio de requerimientos hechos por el Ministerio Público ha generado diversas reacciones, entre quienes aducen la fiscalía se está excediendo entre sus funciones y los que consideran que, por haber una figura delictiva como el prevaricato, el actuar del MP es correcto.
Pero ha sido el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, quien ha centrado el debate sobre estas acciones del Ministerio Público, al asegurar que “le van a pasar factura al sistema de justicia. Que no les extrañe que el Ministerio Público vaya a sacar del pelo a un juez o a los magistrados de la corte de justicia diciendo que las sentencias que están emitiendo son injustas o ilegales. Este es el precedente que se está sentando y con eso lo que estamos creando es un problema para el país”, arguyó.
Los entendidos afirman que la figura que aplica a los magistrados del TJE es la del juicio político que debe ser realizada por el congreso nacional, pero actualmente no existe ambiente en el poder legislativo para ello. El congreso no sesiona desde hace algún tiempo.
A esa acción del Ministerio Público de usar su espada de Damocles contra los dos principales entes rectores electorales, el CNE y el TJE, se suma las otras acciones hechas en contra de líderes de la oposición, entre ellas el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, y actual alcalde de San Pedro Sula, a quien le acusa de un rosario de delitos que van desde corrupción, lavado de activos hasta trata de personas. El Partido Liberal según los sondeos, encabeza la simpatía de los electores para ganar los comicios con el presidenciable, Salvador Nasralla.
La oposición política representada en los partidos fuera del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), ha denunciado ser objeto de acciones de persecución política—no solo legales incoadas por el MP —sino que también actos de intimidación, espionaje ilegal, amenazas y vigilancia por parte de cuerpos ajenos al Estado. La última en denunciar estos actos fue la diputada liberal, Maribel Espinoza, quien ha cuestionado fuertemente el interés de Libre de quedarse en el poder, la corrupción que les rodea y los cuestionamientos por hechos en los cuales líderes del oficialismo ligados al primer círculo de poder han salido salpicados por presuntas acciones de narcotráfico.
Militares y Libre se suman a la presión
Espinoza denunció que personas desconocidas y armadas se han instalado en sus oficinas y residencia en la norteña ciudad de San Pedro Sula, la Policía ha dicho que nadie persigue a la parlamentaria, que lo sucedido fue una actividad de “investigación criminal” ajena a la parlamentaria. Espinoza puso la denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos indicando que ella no “cree en las coincidencias”.
En medio de estas acciones, las elecciones también son sacudidas inéditamente por las Fuerzas Armadas, cuyo jefe del estado mayor conjunto, el general Roosevelt Hernández, ha pedido al CNE copia de las actas a nivel electivo presidencial para saber quién ganó las elecciones, a lo que la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ha respondido con alegatos bien sustentados que ello no es parte de las funciones de las FFAA y que quien rige las elecciones es el CNE, nadie más.
Pero el general Hernández presiona a lo interno del CNE para obtener información que no le corresponde en un desacato a la autoridad electoral a la cual se encuentra legalmente supeditado mientras dure el proceso electoral como manda la Constitución, reflexionan observadores independientes.
En tanto, el partido en el poder—que controla la institucionalidad del país—excepto los entes rectores electorales como el CNE y el TJE, anuncia movilizaciones para denunciar lo que llama “golpe electoral” que les puede robar la victoria y piden la renuncia del CNE de la consejera Cossette López, por salir implicada en los cuestionados audios presentados por la fiscalía.
La consejera López ha denunciado que la quieren sacar del organismo porque ha botado varias jugadas al oficialismo, entre ellas un oneroso contrato que representantes del oficialismo en el CNE querían dar una firma para el tema de la conectividad. El contrato estaba sobrevalorado en más de 60 millones de lempiras y la empresa que aspiraba al mismo se vio forzada a renunciar a la licitación por los cuestionamientos públicos. López también desmontó un sistema paralelo de transmisión de resultados que se estaría fraguando dentro de unas bodegas del CNE para favorecer presuntamente al oficialismo.
En medio de estas zonas pantanosas, los analistas advierten de presiones y escenarios que podrían llevar a una suspensión de las elecciones o a negociaciones pactadas entre las cúpulas partidarias forzadas por Libertad y Refundación.
A salvar la democracia
En el electorado, los últimos sondeos indican que el 62 % de los hondureños ha decidido ir a votar, en una de las elecciones que se espera sean las más vigiladas y concurridas por parte de los electores. Los analistas insisten en que solo el voto masivo podrá botar las estrategias de Lawfare o guerra judicial iniciada en este proceso, mientras los ojos de la comunidad internacional ponen mayor acento hacia Honduras.
La Unión Europea ha desplazado su misión de observación electoral por todo el país registrando hechos, entrevistando a actores claves, participando de las actividades oficiales y no oficiales para tener una buena radiografía del ambiente electoral en el país antes, durante y después de las elecciones.
Junto a la misión de observación electoral de la OEA han mostrado su preocupación por el acoso judicial en que se encuentran los entes electorales, piden respeto a su independencia y autonomía, mientras Transparencia Internacional advierte sobre intereses que buscan socavar la democracia en Honduras y la legitimidad de sus instituciones electorales. Pide garantizar un proceso electoral íntegro, libre de presiones y transparente.
Las elecciones se encuentran así bajo varias líneas rojas que han despertado el interés de la comunidad internacional a través de voces calificadas que han acompañado al país y su democracia con sus ayudas de cooperación, el fortalecimiento institucional y el compromiso con la democracia. Una reciente carta de los embajadores de Europa publicada en los medios, denominada “¡Creemos en ustedes¡” Los hondureños creen en la democracia como la mejor forma de gobierno y en medio de la incertidumbre electoral las urnas les esperan el 30 de noviembre para repetir—de forma masiva—la hazaña hecha el 9 de marzo: salvar la democracia. (PD)
