Tegucigalpa (Proceso Digital) – La alerta la dio el rector de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, al asegurar que Honduras estaba siendo objeto de una “guerra judicial” con fines ideológicos en contra de actores o instituciones claves que incomodan al poder representado en el oficialismo. Esa “guerra judicial” es conocida como Lawfare y en este país centroamericano la principal punta de lanza de esa estrategia parece ser encabezada por el Ministerio Público.
El Lawfare es la instrumentalización del Derecho y del sistema judicial como arma política de poder, utilizada para deslegitimar, neutralizar o eliminar adversarios bajo la apariencia de legalidad”, dijo Fernández, luego que el fiscal general, Johel Zelaya, sorprendiera a la opinión pública con la difusión de unos supuestos audios en el que se implica a una consejera del CNE, a un jefe de bancada del bipartidismo y a un alto militar, en una presunta conspiración contra el actual proceso electoral.
Zelaya sostuvo que esos audios eran “pruebas irrefutables” y que ha iniciado una investigación y no dudará en librar requerimientos contra quienes buscan atentar contra la realización de las elecciones o montar un presunto fraude electoral. El fiscal sostuvo sus argumentos basados en la denuncia que hiciera ante esa dependencia el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien llevó las presuntas pruebas en una memoria USB. Ochoa dijo que querían dar “un golpe electoral” el día de los comicios para robar el triunfo del partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre) y de su candidata, Rixi Moncada. Las encuestas no favorecen a Moncada, al ponerla más de una docena de sondeos de opinión en un tercer lugar.
El fiscal Zelaya no detalló si la obtención de esos audios fue con orden judicial—como manda la ley—o se obtuvieron de forma ilícita—que constituye delito—dando por sentado que son auténticos porque él y su equipo del ministerio público ya hicieron la valoración. La investigación concluyó antes de ser iniciada.
Los presuntos audios implican a la consejera del CNE, Cossette López, al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a un alto oficial militar anónimo. Los expertos han empezado a dudar de la veracidad de los audios y piden que sean sometidos a un peritaje internacional de credibilidad para definir su autenticidad. Pero el fiscal Zelaya ya da por hecho que son ciertos. Los implicados han salido a desmentir y piden una investigación a fondo, además de que se determine la legalidad o ilegalidad de estos al advertir que el país estaría ante una acción de espionaje que vulnera la garantía constitucional del derecho a la protección del dato, la intimidad y la imagen.
Las escuchas a terceros con fines investigativos solo pueden ser autorizadas por un tribunal de justicia, pero en este caso se desconoce si existe esa orden. Todo ello se produce a menos de un mes de los comicios generales del 30 de noviembre próximo.
Frente a una estrategia de manipulación política
De ahí que el rector de la UNAH lance la advertencia sobre el uso del Lawfare como estrategia de manipulación política. “En términos garantistas, (el Lawfare), constituye una distorsión profunda del estado de derecho: el proceso judicial deja de ser un espacio de búsqueda de verdad y justicia, para convertirse en un escenario de manipulación estratégica, donde el Derecho se emplea como mecanismo de persecución, desgaste o exclusión. El Lawfare se expresa en la judicialización de la política y la politización de la justicia, en la filtración mediática de expedientes, en la fabricación de causas penales con sesgo ideológico, y en la criminalización de la disidencia, la prensa y el liderazgo social”, apuntó el rector Odir Fernández.
Esa estrategia de distorsión profunda del estado de derecho, de la judicialización de la política y la politización de la justicia, parece estar siendo encabezada por el Ministerio Público, quien ante lo acontecido el 9 de marzo en las elecciones primarias desvió la atención de la investigación original sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el paseo de las maletas electorales para centrarse en los contratos otorgados por el CNE a los transportistas en el acarreo de las maletas electorales.
El Ministerio Público exoneró a las Fuerzas Armadas del paseo turístico que por horas dieron las maletas electorales por diversos puntos de la capital obligando a la gente a esperar largas horas para ejercer el sufragio. ¿Quién dio la orden? Es la pregunta que nunca se investigó. Un par de empleados del CNE fueron acusados, un empresario del transporte también, pero el meollo de lo que sucedió ese día sigue sin ser desenredado por la fiscalía.
Lo que sí hizo el fiscal general Johel Zelaya, y los militares, fue amenazar a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, advirtiendo que “hará justicia” sin importar “el color político”, que no sabía cuántos requerimientos iba a librar, pero lo haría. Y citó a las consejeras en calidad de imputadas y no como testigos como se había indicado inicialmente.
La institucionalidad electoral fue sometida a una enorme presión por la crisis electoral del momento y por la amenaza de procesos judiciales por parte del Ministerio Público. Al acercarse las elecciones generales del 30 de noviembre, se hicieron presentes en el país una avanzada de misiones de observación internacional para valorar el clima electoral en Honduras.
En sus comunicados dejaron claros dos mensajes: la judicialización que se está haciendo del proceso electoral, la amenazas a las instituciones rectoras del proceso, y los mensajes de fraude que se pudieran instalar desde la narrativa de los partidos políticos en contienda. Llamaron a respetar la independencia de las instituciones rectoras de las elecciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), además de dotarlas del presupuesto necesario para hacer mejor su trabajo. Pero a menos de un mes de las elecciones, ni el TJE ni la Unidad de Política Limpia—responsable de la fiscalización del dinero que usa en las campañas políticas—cuentan con el presupuesto adicional requerido desde hace meses porque el congreso nacional no ha querido sesionar, goza de vacaciones.
Pero esas advertencias no encontraron eco. El Ministerio Público sorprendió nuevamente al presentar mensajes de textos en chat—entregados a esa dependencia por un desconocido—en donde cuatro personas—que no se conocen entre sí—comentaron en sus grupos de chat sobre las acciones que consideran indebidas del partido en el poder y de su coordinador, el expresidente Manuel Zelaya. Algunos de los improperios vertidos fueron “prueba contundente” para que el fiscal general, Johel Zelaya, apareciera en los medios denunciando un supuesto complot para atentar contra la estabilidad del actual gobierno y conspirar para llevar a cabo un atentado contra el expresidente Zelaya.
Los casos “emblemáticos” del fiscal general
El fiscal acusó así por el delito de “terrorismo” a los ciudadanos Arcadio López, Perfecto Enamorado, Antonio Kattán y Gerardo Enrique Galeano Hernández. Los imputados no se conocen entre sí, nunca se habían visto, algunos incluso son de la tercera edad. En el allanamiento que hicieron a la casa de uno de los imputados, la familia denunció que los sacaron con engaños. Los agentes de investigación del ministerio público les dijeron que “la casa se estaba quemando”.
Un tribunal de sentencia, dos meses después, decidió otorgar medidas sustitutivas de la prisión con arresto domiciliario para los cuatro imputados, que tienen limpia sus hojas de antecedentes penales, pero el ministerio público considera que “son terroristas” aunque tampoco hallaron armas peligrosas en sus viviendas.
Bajo esa estrategia de Lawfare ahora la mirada de la fiscalía se centra en el TJE, por resoluciones tomadas que serían ilegales según denuncia uno de los magistrados de ese organismo: el exfiscal Mario Morazán, que ha puesto mil excusas para no atender los llamados a reunión de pleno luego que ese tribunal emitiera una resolución de amparo a favor del diputado Jorge Cálix para que se suspendiera la publicación de la papeleta electoral en Olancho y otra en Valle, en tanto no se conocieran esos casos para resolver si procede o no su inscripción en la papeleta para diputado, uno en Olancho, otro en Valle.
Morazán les denunció por prevaricato, usurpación de funciones y tráfico de influencia. En medio de ello, el TJE resolvió que el diputado Cálix por Olancho, y Cristian Villalobos por Valle. El Ministerio Público no descarta investigación ni requerimientos fiscales en contra de dos magistrados del TJE, Mario Urrutia y Miriam Barahona por la denuncia de Morazán. Se mantiene el proceso de judicialización del proceso electoral.
En medio de ese revuelo, la consejera del CNE, Cossette López, y los magistrados del TJE, Mario Urrutia y Miriam Barahona, han interpuesto, por separado, recursos de amparo electoral ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la persecución del Ministerio Público.
Desde el oficialismo, la candidata del Libre, la coordinación del partido y los diputados en el congreso, incluyendo el presidente del congreso nacional, Luís Redondo, están presionando para orillar a la renuncia de la consejera Cossette López, mientras el otro de los consejeros del CNE, Marlon Ochoa, quiere recusarla de que conozca las sesiones de pleno. Es una lucha de poder por el poder. Libre ha llamado a su militancia a las calles hasta lograr la salida de López.
Cossette López ha dicho que no va a renunciar y que la quieren sacar porque ella ha denunciado la trama del oficialismo para quedarse en el poder sin transparencia.
En tanto, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ante la embestida contra uno de los consejeros no dudó en postear en sus redes sociales que el artículo 234 de la Constitución protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción que intente interrumpir sus funciones o vulnerar las facultades del órgano electoral. «¡El CNE es la autoridad electoral y debe respetarse el ejercicio de sus funciones: hacer elecciones!», acotó.
No obstante, la estrategia de la guerra judicial contra los entes electorales y sus actores principales continúa, las elecciones bajo riesgo y fuerte presión en donde, hasta ahora, la punta de lanza de ese Lawfare parece ser el Ministerio Público. (PD)
