Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La carrera por el relevo presidencial en Honduras se ha intensificado con la impresión de las primeras papeletas electorales, en donde cinco partidos políticos legalmente inscritos se disputarán el solio presidencial en los comicios generales del 30 de noviembre, pero de ellos, solo tres tienen opciones de triunfo en una campaña política caracterizada por ataques, los discursos vacíos, la polarización y la judicialización del proceso electoral.
El país se apresta a ir a elecciones en una encrucijada de la democracia hondureña donde la incertidumbre es la única certeza y los tres partidos políticos con opciones de triunfo tienen en común un hilo conductor: candidaturas fuertes con instituciones débiles o instituciones fuertes con candidatos débiles, haciendo que la carrera electoral guarde sus mejores cartas para el tramo de los últimos 100 metros.
En estos comicios generales Honduras dejó atrás el multipartidismo político que le había caracterizado y retornó a la estructura de cinco partidos políticos con los que inició el retorno formal a la democracia a principios de los años 80. Estos partidos en contienda son los bicentenarios partidos Nacional y Liberal, seguido por los cincuentones del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD), la Democracia Cristiana, y el más joven de ellos, partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda. Libre sustituye en esta ocasión al extinto partido de izquierda Unificación Democrática (UD).
Los sondeos de opinión destacan que en la contienda los partidos con mayores opciones son el partido Liberal con Salvador Nasralla como presidenciable, el partido Nacional, con Nasry Asfura a la cabeza, popularmente conocido como “Papi a la orden”, y el oficialista Libre con su candidata, Rixi Moncada. Los otros dos candidatos, Nelson Ávila por el PINU/SD y Mario “Chano” Rivera por la Democracia Cristiana no tienen mayor peso electoral, según las encuestas.
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Pero todos andan activando y tratando de concitar el interés y el voto de los electores, un poco más de seis millones de votantes según datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral. El partido en el poder, Libertad y Refundación ha aceitado toda su maquinaria política en las movilizaciones y concentraciones que realiza la candidata Moncada. Los recursos públicos y logísticos se han puesto al servicio del partido con propaganda abierta y sutil, uso de los medios públicos de comunicación y las inauguraciones de obras antes de la prohibición electoral de inauguraciones oficiales con fines propagandísticos 60 días antes de las elecciones.
Mientras el despliegue publicitario de la candidata del oficialismo se disemina con fuerza en las redes sociales, chats institucionales, transmisiones televisivas privadas, el resto de sus contendientes realizan proselitismo político propio de quienes están en la llanura: concentraciones sectoriales modestas, visitas a comunidades, conversatorios, uso de redes sociales, caravanas de vehículos, caminatas, entre otros.
La campaña abierta a nivel de los medios de comunicación aún no entra en la contienda con la intensidad de otros procesos, apenas se vislumbra la del alcalde de la capital, Jorge Aldana, que busca la reelección. La apuesta será en la carrera de los 100 metros al acercarse la recta final. Es una campaña en donde el electorado no sabe a ciencia cierta quién las financia porque el Congreso Nacional no ha aprobado el presupuesto para que la Unidad de Política Limpia pueda hacer una fiscalización más efectiva del financiamiento de las campañas políticas que ya está en su fase final.
Un CNE con más incertidumbre que certezas
Desde el Consejo Nacional Electoral los mensajes sobre la certidumbre del proceso siguen siendo intermitentes. La vocería oficial sobre anuncios relevantes la ha asumido el consejero Marlon Ochoa, de Libre. La comunicación a lo interno del CNE sigue siendo caótica, como lo son también sus acciones en cuanto a inscripciones y desincripciones de polémicas candidaturas, en especial a nivel electivo de diputados. El pleno de consejeros del CNE no termina de emitir sus resoluciones para rechazar inscripción de candidaturas ni para justificar las que han avalado con vicios de legalidad.
El órgano rector electoral, además de las presiones internas y amenazas que enfrenta, sigue siendo objeto del interés de control por sujetos foráneos, en especial los caudillos de los partidos que quieren imponer sus propias reglas del juego el día de las elecciones, acción a la que se suman los militares copando espacios a lo interno del CNE. Esa intromisión de fuerzas externas sobre el CNE, válida la advertencia de las misiones de observación preelectoral que llegaron recientemente al país, al indicar que ese tipo de acciones lejos de fomentar confianza al proceso electoral, siembran desconfianza e incertidumbre.
Los retos del CNE siguen siendo enormes a menos de dos meses de los comicios. Las señales de elecciones libres, confiables y transparentes que anuncian las autoridades deben ir más allá de su posteo en redes sociales o los discursos públicos. Deben frenar el interés de los caudillos por controlar las elecciones, garantizar la seguridad de los resultados e informar de sus decisiones colegiadas o unánimes de forma pública para evitar que el día de los comicios todos se declaran ganadores. Deben responder a las peticiones de organizaciones ciudadanas sobre las garantía de una veeduría ciudadana que no limite el acceso a la información ni la libertad de expresión, una veeduría que no sea censurada sino facultada para ejercer su derecho de forma democrática y respetando los principios electorales de transparencia y rendición de cuentas.
Los comicios generales del 30 de noviembre serán las elecciones de la encrucijada de la democracia en que se encuentra Honduras, que vivió su primera prueba de fuego en las primarias del 9 de marzo cuando el electorado se volcó a las urnas, en la capital, sin importar las 14 horas que esperaron para que llegaran las urnas a las mesas, tras el boicot sufrido por sectores que aún el Ministerio Público no identifica y que los militares buscan desmarcarse de toda responsabilidad pese a ser los responsable de la custodia electoral de las maletas, según la constitución. Ese día, los electores salvaron la democracia.
El 30 de noviembre tendrán el segundo gran momento de decidir si Honduras avanza en democracia y apuesta al rescate y fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de derecho, o camina hacia una deriva autoritaria que hace que hoy día el país sea visto como una “democracia híbrida”, según The Economist.
Pero ese segundo gran paso está precedido de un camino atropellado por una campaña política caracterizada por el descrédito, la estigmatización, la violencia política y la violencia política de género, la desinformación, la polarización, el odio, la división de clases sociales y la banalidad.
Los temas ausentes entre los presidenciables
Las campañas han dejado de lado al menos cinco factores que azotan a los hondureños y al electorado: corrupción, economía, narcotráfico, violencia e inseguridad; migración. Informes nacionales e internacionales remiten estas causas estructurales como un eje transversal que sacude a Honduras y sus caminos de encrucijada sobre los cuales las propuestas presidenciales no asoman con contundencia, solo con trivialidades.
La corrupción sigue siendo un acicate que lejos de disminuir ha aumentado en más del 42% en el último año, opinan los hondureños en el reciente sondeo de opinión de los jesuitas. La promesa gubernamental de instalar una CICIH se vino abajo, nunca llegó, y el partido en el poder es sacudido por escándalos corruptos que evidencian la operación de redes de corrupción desde las diversas fases del engranaje gubernamental.
En tanto el crimen organizado sigue haciendo de las suyas, se decomisan plantaciones, pero nunca caen los dueños de los sembradíos. Las redes del narcotráfico siguen operando mientras trascienden narco videos sobre sobornos de capos hondureños que evidencia que la penetración de la narcoactividad en el país es de larga data y que, si bien más de 50 mafiosos de la droga guardan prisión en cárceles de Estados Unidos, entre ellos un expresidente, Juan Orlando Hernández, el narcotráfico no desaparece, solo muta. Y es tal que la fiscalía de Estados Unidos denunció que el espacio aéreo hondureño es usado por carteles de la droga de Venezuela para traficar droga rumbo a Estados Unidos, tras pagar sobornos a las autoridades hondureñas.
En la economía, el problema del empleo es la principal angustia de los electores y de la población en general, el crecimiento económico está estancado, y de acuerdo con el reciente informe de clima de inversiones de Estados Unidos, el país y su gobierno no da señales claras de certidumbre para atraer la inversión y generar trabajo. Algunos funcionarios, destaca, expresan una actitud hostil hacia el sector privado en general.
Son “actitudes contradictorias (que) socavan los esfuerzos del gobierno por superar los constantes desafíos que enfrenta Honduras para crear un clima propicio para la inversión estadounidense y extranjera”, acota.
En tanto, el tema migratorio sigue invisible en la agenda de los presidenciables cuando miles de hondureños están a punto de ser retornados al país al vencerse el Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras no cesan las redadas contra migrantes por parte de las autoridades estadounidenses dentro de las nuevas políticas de mano dura de la administración del presidente Donald Trump. El impacto que ello tendrá para el país no es analizado en las campañas de los presidenciables, ni en sus discursos. Las promesas son ligeras: les vamos a ayudar, están en nuestros corazones, no están solos. Pero se desconoce qué harán al llegar a la Presidencia para reinsertarlos en el engranaje económico y social del país.
La violencia e inseguridad siguen golpeando al país, pese a la reducción de homicidios que defienden las autoridades en el marco de un estado de excepción que registra las primeras 10 desapariciones forzadas de personas, algo que no sucedía desde hace décadas. En tanto, más de 185 mujeres han sido asesinadas de forma violenta de enero a los primeros días de octubre de 2025, según registros de organismos de mujeres. Los femicidios se han vuelto una epidemia imparable y ese problema tampoco figura en la agenda de los presidenciables.
Así se ven los tres partidos más fuertes
Bajo este contexto, los tres partidos políticos con opciones de triunfo van a la carrera de la recta electoral con tres jinetes que buscan llegar a la meta sin mayores compromisos, más que el discurso de “No volverán” o “Libre, nunca más”.
El partido Libertad y Refundación llegará a la meta de los 100 metros como un partido fuerte, organizado y con una militancia de base que busca terminar de subsanar heridas y fracturas internas ahondadas tras las primarias del 9 de marzo donde el oficialismo liderado por la familia presidencial se impuso frente al resto de las corrientes internas, sacando del juego a históricos líderes del movimiento social y popular con algún grado de independencia. Libre, se ve, como un partido fuerte, pero con una candidata débil: Rixi Moncada, que no ha podido empatar con el electorado que no sea la base dura de Libre.
Moncada sigue teniendo el reto de atraer al elector independiente. Su discurso cada vez más confrontativo parece orientado a su militancia, que ya está con ella, pero no hace guiños creíbles hacia el otro elector que la puede llevar a ser la segunda presidenta de Honduras. Ha intensificado su campaña y visitado casi todo el país, pero su lucha parece centrarla en el departamento de Cortés, una de las zonas con mayor carga electoral que puede decidir una elección. Moncada promete continuar con el modelo de refundación y de socialismo democrático que impulsa Libre, la ruptura del sistema y una abierta confrontación con el sector privado. Su discurso lo ha centrado en la división de clases, colocándose como la maestra de origen humilde que lucha contra el orden de cosas que impone una oligarquía sin raíces indígenas. En el plano internacional se ubica más cercana con países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, y con una distancia calculada y prudencial con Estados Unidos.
El partido Liberal, en cambio, es una institución débil, fragmentada que sigue en la sobrevivencia en medio de las disputas internas, pero tiene un candidato fuerte: Salvador Nasralla, que, pese al desgaste de tres campañas electorales, sigue despertando simpatías entre los electores que lo ven como un aspirante político que no está ligado a la corrupción. Su popularidad como presentador deportivo y de espectáculos le ha permitido seguir obteniendo simpatías que podrían traducirse en votos, más allá de su personalidad. Su discurso no es de ruptura del sistema, habla de un reordenamiento de la institucionalidad, sin ahondar en detalles. Nasralla ha logrado atraer la atención de una buena parte del elector independiente que reconoce su compromiso con el trabajo, nunca ha dejado de ejercerlo, pese a la campaña. Su irreverencia y personalidad ha llamado la atención también del elector joven. En el plano internacional se ubica distante de Cuba, Nicaragua, China y Venezuela, cercano con Estados Unidos, cuyas relaciones piensa fortalecer.
El Partido Nacional, sigue siendo un partido fuerte, estructurado y disciplinado, con un candidato Nasry Asfura, que, pese a su imagen bonachona, el pasado de su partido con algunos de sus lideres ligados a la corrupción y el narcotráfico, hacen mella en el elector independiente que ya en los comicios pasados pasó una factura al nacionalismo. Asfura, que por segunda ocasión consecutiva busca la Presidencia de la República, se vende como un candidato que no apuesta a la confrontación, que impulsará un modelo económico sin sobresaltos, y en medio de la polarización política, quiere verse como un presidenciable que se ubica en “el centro”, pero sin hablar. En el plano internacional, Asfura se ve distante de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, poco o casi nada comenta de China, pero si es cercano con Estados Unidos, cuyas relaciones también piensa potenciar.
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En esta encrucijada de la democracia hondureña, otro actor que ha irrumpido en el proceso electoral es el Ministerio Público con la judicialización del proceso electoral y requerimientos fiscales contra líderes políticos de los partidos Nacional y Liberal por presunta corrupción, mientras tiene una espada de Damocles contra funcionarios del CNE por supuestos intentos de boicot al proceso y al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Bajos estos complejos escenarios, Honduras se apresta a ir a las urnas el 30 de noviembre, bajo un estado de excepción que juega a la imposición de miedo, y las proyecciones de las encuestas que indican que la mayoría de los hondureños ha mostrado compromiso por ir a votar. La otra expectativa es si la votación será masiva y quién de los tres jinetes de los partidos políticos con opciones, concita el voto del electorado. (PD).
