Tegucigalpa – Honduras llegó al primer año de la pandemia por el coronavirus, marcada por los “corona abusos”, en el manejo de la emergencia sanitaria y la angustia por una vacuna que empieza a llegar. Los contagios pasan de los 178 mil casos y las muertes andan arriba de las 4 mil 300 a nivel nacional según reportes oficiales, pero los subregistros y los datos que establecen las funerarias detallan al menos 10 mil 300 muertes.
– Un año de pandemia y “corona abusos”, este lunes se informó que el hospital móvil de Tegucigalpa ya no atenderá a pacientes con COVID-19.
Un día después de exponerse ante la pandemia para votar en las elecciones internas, que aún no muestran resultados oficiales concretos, los hondureños siguen esperando que se cumpla la promesa de construir 95 centros médicos, entre ellos 11 hospitales, según un decreto aprobado por el congreso en marzo de 2020, a iniciativa del Poder Ejecutivo, como respuesta a los efectos que podría generar la pandemia. Para ello se presupuestaron 420 millones de dólares: El país, mientras tanto, tiene centros de triaje o de estabilización a cargo de los municipios y con fondos limitados. Estos centros empezaron a operar por los meses de agosto y septiembre cuando el repunte de la pandemia fue agresivo. Ahora, algunos han cerrado, y otros funcionan a medio vapor por la falta de recursos.
Fuera de esos 420 millones de dólares presupuestados, y en el marco de la declaratoria de emergencia, se aprobó la compra de siete hospitales móviles por 48 millones de dólares, llave en mano, al proveedor Axel López. La acción estuvo a cargo de Invest-H y se presumía que estarían operando en el país entre julio y agosto, que su montaje sería en menos de dos semanas, y que traían consigo una tecnología de punta nunca vista en la región centroamericana.
Otra acción dentro de la emergencia fue la compra de ventiladores mecánicos, a cargo, en principio de Copeco, quien también se encargó de adquirir un hospital móvil para la ciudad de Villanueva, en Cortés, al ser de los primeros municipios severamente afectados por la emergencia sanitaria. El hospital móvil terminó siendo una carpa inservible que funciona ahora como centro de triaje, mientras el Ministerio Público ha iniciado una investigación por su dudosa adquisición.
Con esos anuncios, los hondureños se alistaban a recibir una de las pandemias sanitarias más dolorosas que el mundo había enfrentado en años y la más potente de este siglo. En marzo de 2020, el gobierno reporta los primeros casos del virus, declara emergencia nacional y emite un decreto de confinamiento con suspensión de algunas garantías, entre ellas la de la libertad de expresión, que tiempo después se vio obligado a recular y derogar por las presiones internas e internacionales.
El coronavirus agarró al país en un estado de indefensión sanitaria sin precedentes, ante el abandono que por más de dos décadas ha estado el sistema hospitalario. Honduras tiene uno de los niveles de inversión en salud más bajos de América, con 101 dólares por persona, muy abajo del promedio latinoamericano que es de 392 dólares por persona, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.
Pandemia arrastra hasta el aliento
Con 29 hospitales públicos a nivel nacional, estos carecen en su mayoría de lo indispensable a nivel de infraestructura, insumos médicos y personal. Según el Colegio Médico de Honduras, existen en el país unos 16 mil galenos, de los que unos 2,400 laboran en el sistema estatal de salud, y por ahora, la pandemia se ha cobrado la vida de 79 médicos, muchos de ellos, especialistas en diversas áreas. El país se está quedando sin médicos especialistas, dijo en una reciente nota la institución gremial médica.
La pandemia del coronavirus vino a exponer todas estas falencias y el manejo de la emergencia sanitaria, no ha sido la más adecuada, a criterio de los expertos. Una de las principales acciones que cuestionan es el desdibujamiento de la Secretaría de Salud en todo este proceso, y con ello su función rectora de las políticas públicas de salud.
Así, en medio de la emergencia surgen las primeras denuncias de los “corona abusos” en la compra de los hospitales móviles, que fueron un fiasco, la compra de ventiladores mecánicos incompletos e inservibles, así como de insumos y equipos biomédicos no aptos para el personal sanitario.
De hospitales móviles y más…
Las primeras acciones de corrupción en la pandemia empezaron a florecer y han permanecido a lo largo de un año, ante la mirada punzante del Ministerio Público y de organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Coalición Anticorrupción, entre otras. La ASJ y el CNA han publicado sus investigaciones con fines investigativos sobre la pandemia.
De los siete hospitales móviles que llegaron al país, a cuenta gotas, solo dos están operando, a medias. Uno en San Pedro Sula, que funciona como “sala COVID” y otro en Tegucigalpa -la capital- semi paralizado y que hoy se decidió no atenderá a pacientes con el virus.
Este lunes, el director del Hospital Escuela, Osmín Tovar, anunció que el hospital móvil instalado en Tegucigalpa no recibirá más pacientes con COVID-19 y en cambio será utilizado para aliviar la mora quirúrgica de ese centro asistencial.
En ambos casos, el Ministerio Público y el CNA, en informes separados, han indicado que no son aptos para el tratamiento de pacientes con coronavirus y que sus equipos no son aptos por estar vencidos o en desuso. El Ministerio Público ha abierto líneas de investigación en el caso de los hospitales móviles y lleva casi ocho meses secuestrando documentos, ampliando líneas, preparando requerimientos fiscales para los presuntos responsables.
Se ha librado requerimiento contra el exdirector de Invest-H y también en contra del entonces administrador de la institución, por delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, en el caso de los hospitales móviles, pero un juez no halló méritos para encarcelarlos y les dio una libertad provisional en tanto se cierra la causa.
En tanto, un informe del Tribunal de Cuentas indica que la compra de ventiladores mecánicos por parte de Copeco resultó fraudulenta y paspo el expediente al Ministerio Público por considerar que existía responsabilidad penal en contra de las autoridades de Copeco en ese entonces, pero no hay nadie preso ni requerimientos al respecto. El Tribunal de Cuentas encontró entre sus hallazgos que dos pacientes con COVID-19 habrían fallecido a causa de los ventiladores mecánicos defectuosos adquiridos por el gobierno.
Los ventiladores mecánicos, la venta sobrevalorada de insumos médicos, mascarillas y equipo de bioseguridad no apto para el personal sanitario son algunos de los casos que salpican el manejo de la pandemia del COVID-19 en su primer año, mientras se instala en el país el tema de las vacunas contra el virus.
Ahora el desafío es el tema de las vacunas, su planificación para asegurarse la cuota que el país requiere para inmunizar a la población, al margen de las prometidas en calidad de donación, en el marco de la alianza Covax/Gavi de la OPS/OMS, cuyo primer embarque ya llegó a Honduras y a partir de este lunes sirve para inmunizar al personal sanitario con la primera dosis.
Como un paraguas de solidaridad, Israel apostó a aplacar un poco la angustia y la demanda ciudadana, al donar 5 mil dosis de vacunas de Moderna que fueron aplicadas a un poco más de 2 mil 500 personas, de la primera línea en la batalla contra el coronavirus.
El gobierno anunció que se encuentra en negociaciones con otras firmas de la industria farmacéutica para adquirir las vacunas contrarreloj, y el último anuncio hecho fue la negociación con los rusos para adquirir la vacuna Sputnik V. El contrato ya está firmado y se presume que comprende la compra de 4.2 millones de dosis que estarán llegando antes de que marzo concluya en un primer despacho.
Pero mientras Honduras tiene frente a si en reto de hacer frente al competitivo mercado de la compra de vacunas contra la COVID-19, los empresarios por medio del Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS), fueron los primeros en avalar el contrato con la farmacéutica de Astra Zéneca para la adquisición de 1.4 millones de vacunas que empezarán a llegar en el mes de abril de 2021.
Tras las elecciones primarias, en las que los expertos han previsto un incremento de contagios, producto de las aglomeraciones en las urnas y las actividades proselitistas, las vacunas se vuelven indispensables.
A un año de la pandemia, con más de 4,300 muertes, muchas de ellas pudieron ser prevenibles, según los epidemiólogos, el coronavirus ha dejado mucho luto en el país, una corrupción flotante y una angustia entre la población en espera del antídoto que disminuya el riesgo de muerte o de internamiento en condiciones graves. (PD)
