Tegucigalpa – La compra llave en mano de siete hospitales móviles e igual número de plantas de tratamiento, a un proveedor que operaba desde Turquía, por 48 millones de dólares, no solo es la peor compra hecha por el estado hondureño, según el sector empresarial, también una evidente muestra de negligencia, impunidad y abuso de autoridad a tal grado que los mismos estarían operando en su totalidad hasta el mes de febrero de 2021, según las últimas investigaciones.
Apenas el primero de ellos entra en vigor este jueves en San Pedro Sula, con la expectativa y el deseo de que funcione bien y no se convierta en “una trampa mortal” como advirtieron algunos actores que conocen el tema.
Desde el inicio de las compras, el Ministerio Público ha establecido acciones que han derivado en más de una veintena de líneas de investigación que además de los hospitales busca desentrañar lo relacionado a otras compras que se han ejecutado en el marco de las acciones para contener el COOVID-19 que ya deja 2,528 fallecidos y 84,851 contagiados en Honduras según Sinager.
En tal sentido, crece la voz en la ciudadanía y el sector empresarial porque se rescinda el contrato de los hospitales móviles y se devuelva el dinero pagado “llave en mano” por un proyecto en el cual la empresa contratada Elmel Medycal Systems ha incurrido en una serie de incumplimientos e irregularidades, afirman organizaciones de sociedad civil que han investigado las adquisiciones efectuadas en la época de pandemia.
“Esa ha sido sin duda la peor compra que ha desarrollado el Estado hondureño, caracterizada por malas prácticas administrativas, (Invest-H) no consultó al Consejo Directivo, se desarrollaron compras sin soporte legal, sin soporte documental, no se sabe lo que se compró”, dijo el representante del equipo legal del Cohep, Gustavo Solórzano, al término de presentar un informe de veeduría y monitoreo al tema de los hospitales móviles.
Por ejemplo, “sabemos que vienen camas, pero no sabemos qué tipo de camas, se desconoce la realidad, se realizó una compra como un “acto de buena fe”, pero todo está plagado de irregularidades, esa compra no se debió haber hecho como se hizo”, dijo tajante Solórzano, acompañado en la presentación del informe del director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.
La posición del Cohep, presentada en el informe de veeduría y monitoreo efectuado con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata, va más allá, al aseverar que, de acuerdo con las pesquisas hechas, los 7 hospitales móviles estarán operando en conjunto hasta el mes de febrero de 2021.
El gobierno compró “llave en mano”, siete hospitales móviles con siete plantas de tratamiento al empresario Axel López, un desconocido proveedor que según el entonces director de Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H), Marco Bográn, lo encontró haciendo un barrido en Google.
Cuestan 361 millones, pero se pagaron más de mil millones
La compra según investigaciones hechas por el Consejo Nacional Anticorrupción, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y ahora la auditoria y veeduría social del Cohep ha sido sobrevalorada en más de 800 millones de lempiras. Todos los informes apuntan que éstos tenían un precio en total de 361.7 millones de lempiras, pero el gobierno pagó por ellos 1, 168 millones de lempiras, más 200 millones extras por obras de infraestructura física, para un total de 1,368 millones de lempiras el costo que lleva por ahora esos hospitales.
El escándalo de los hospitales móviles, adquiridos para paliar la atención sanitaria producto de la emergencia en salud por la pandemia, ha sido el símbolo de la corrupción en los siete meses de confinamiento, siendo dos la instituciones en las cuales ha recaído el señalamiento público: Invest-H y la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, este último, debido a la compra de una especie de carpa elevada al estatus de sanatorio.
El gobierno se vio obligado a separar al ex director de Invest-H, Marco Bográn—investigado actualmente por la Fiscalía—y nombrar en su lugar una junta interventora, luego que la sucesora de Bográn en el cargo durara apenas once días. La interventora, con el propósito de rescatar la institución y ser transparente en el caso de los hospitales móviles, desde su ingreso ha sido víctima de sus propios enredos, siendo agosto y septiembre los meses en los cuales sus enredos y versión de los hechos ha sido evidente. Incluso fue aplazada en un informe de transparencia del IAIP al destacar entre las instituciones más opacas en brindar y garantizar el acceso a la información en lo que va de la pandemia.
El rostro de los abusos en pandemia
La adquisición de esos hospitales ha estado marcada por facturas comerciales irregulares con números correlativos repetidos, equivocación en los errores de suma, equipo en desuso u oxidado, máquinas incompletas, goteras, entre otras fallas que según los expertos distan mucho de ser hospitales aptos para la emergencia, sus características responden más a un centro de triaje o centro de estabilización.
Con la peor compra del Estado, según el Cohep, se hubieran instalado 26 centros de triaje con servicios de salud completo y dotado de otras necesidades sanitarias que hubieran funcionado en los meses más angustiantes de la pandemia, incluso para una segunda oleada que se prevé golpeará en los próximos dos meses, pero los hospitales móviles en su conjunto estarán funcionando en el mes de febrero del otro año, alertó el Cohep.
Invest-H y las autoridades de Salud han indicado que dos de los siete hospitales que se encuentran en el país, comenzarán a operar en este mes de octubre, mientras dos más han llegado procedentes de Turquía, pero se estima que el tiempo de instalación no será corto. Un informe de una misión técnica de Invest-H que viajó a Turquía para corroborar cómo estaban los otros hospitales—incluyendo los dos que llegaron la primera semana de octubre—detectó más de 57 fallas en los hospitales, lo que generó un revuelo en el país y obligó a los interventores de Inversiones Estratégicas Honduras a asegurar que esas fallas eran en los dos primeros hospitales, mismas que ya “fueron subsanadas”. No obstante, la duda ha quedado instalada y nebulosa sobre la “pandemia” que rodea esa compra se acrecienta a medida que transcurre el tiempo, la emergencia por coronavirus, la expansión del virus, los casos y las muertes.
Esa percepción del mal manejo de la pandemia y de los escándalos de abusos en donde no solo destaca el caso de los hospitales móviles, sino que la sobrevaloración en la adquisición de mascarillas, equipo biomédico no apto, pruebas PCR incompletas y ventiladores mecánicos también incompletos, ha hecho que crezca la percepción ciudadana de incomodidad.
Una encuesta telefónica efectuada por el Centro de Estudios para la Democracia señala que entre las instituciones objeto de cuestionamiento por la ciudadanía consultada, son Invest-H, Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Copeco, Instituto de Acceso a la Información Pública no han sido los mejor evaluados.
De ahí, que, los consultados estiman que ha llegado el momento de dar un giro de timón y que se trabaje en una política integral de reformas al sector Salud. Esta posición coincide con la del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, quien es del criterio que el manejo de la pandemia debe retornar al ente rector de la salud pública como es la Secretaría de Salud. Asimismo, pide a los entes de control del Estado, actuar contra lo que estiman “la peor compra” del Estado, para que procedan de manera urgente a deducir las responsabilidades penales y administrativas a quienes participaron directamente en la compra de dichos hospitales móviles y que se respete el estado de derecho en Honduras para el combate a la corrupción.
La pandemia del COVID-19 registra ya más de 84 mil contagios con cerca de 2,500 muertes, y mientras se espera un repunte de casos, los siete hospitales móviles adquiridos para atender la emergencia sanitaria que se preveía que estarían operando inicialmente en agosto, siguen con retraso, y todo indica que este sistema de centros de asistencia en emergencias estaría operativo en conjunto en febrero de 2020, unos quizá a fines de octubre, el resto, la historia va para largo.
Esos 1,168 millones de dólares pagados “llave en mano” sin contrato y con facturas amañadas, si se hubieran invertido de otra forma, se tuvieran pequeños centros hospitalarios en diversos puntos del país en los cuales se habrían gastado apenas 272 millones de lempiras, el resto de la plata se hubiese destinado a equipamiento y operatividad de la red sanitaria y se contaría con centros como el Hospital de Olanchito, por ejemplo. Si la operatividad y efectividad en los meses de abril a diciembre de 2020 sería evidente y oportuna, destacó en su documento de veeduría el Cohep.
