Tegucigalpa (Por Alejandro García) – El recién finalizado 2021 dejó una estela de audiencias en los tribunales de la República, aunque con pocas sentencias condenatorias, pero en el horizonte una agenda cargada para este 2022.
– En los inicios de este año ya fue sobreseído el exoficial de la Policía, Ambrosio Maradiaga Ordóñez y se desarrollan los juicios contra el expresidenciable Santos Rodríguez Orellana y los exdirectivos del IHSS, Carlos Montes y Armando Villatoro.
– El pasado año electoral, el Poder Judicial mandó a la cárcel a un presidenciable, denegó el antejuicio para otro y tiene con medidas distintas de prisión un diputado. De igual manera envió a la cárcel a un alcalde y sobreseyó a otro.
El 2021 fue un año en el que el sistema judicial fue sometido a nuevos casos mediáticos que involucran a exfuncionarios y funcionarios actuales, que fueron acusados especialmente por corrupción y narcotráfico.
A la par, para este 2022 el Poder Judicial tendrá una agenda cargada de casos mediáticos. Ya compareció el exoficial de la Policía, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, que fue acusado por lavado de activos, pero que ya recibió sentencia absolutoria por parte del juez que conoce la causa.
El Ministerio Público lamentó que las reformas a la Ley de Lavado de Activos que se produjeron a finales del año anterior en el seno de la Cámara Legislativa, fueron el detonante para que el ex alto oficial fuera sobreseído de los cargos.
Sin embargo, este jueves el ente acusador del Estado interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 93-2021 y que tiene relación con la controvertida figura de lavado de activos.
La Fiscalía arguye que el Congreso Nacional al haber aprobado el Decreto 93-2021, mediante el cual se reforma el artículo 439 del Código Penal, y 2, 26, 29, 30 y 47 de la Ley Especial Contra el Delitos de Lavado de Activos, contravino tratados internacionales, sin haber escuchado previamente la opinión de la Corte Suprema de Justicia, es decir, se ha soslayado lo dispuesto en el artículo 219 constitucional, y con ello el procedimiento legislativo establecido en nuestra carta magna para la formación de la ley. De ahí que el Decreto Legislativo 93-2021 debe ser declarado inconstitucional por razones de forma.
Enfatizan que “al no haberse oído la opinión de la Corte Suprema de Justicia, se ha incumplido por parte del Congreso, un requisito de forma previsto en la propia ley fundamental, en virtud de lo cual procede la derogación del referido decreto”.
Esta misma semana comenzó el juicio oral y público en el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción contra dos exdirectivos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) por otro caso de desfalco financiero de este centro asistencial.
Los imputados son Carlos Montes por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios; y Armando Villatoro por violación de los deberes de los funcionarios.
El juicio oral está estipulado para desarrollarse del 6 al 14 de enero.
2021, año de luces y sombras
La principal resolución dada por un tribunal hondureño en un caso mediático fue el fallo de culpabilidad de David Castillo como coautor del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.
El fallo fue dado el 5 de julio por un Tribunal de Sentencia ante los hechos ocurridos el 2 de marzo de 2016.
Otra condena del caso mediático fue las penas conmutables de un año de reclusión a los exviceministros de Salud y de Trabajo, Javier Pastor y Carlos Montes respectivamente, por el delito de cohecho pasivo.
Esta sentencia pertenece a uno de los tantos casos por el desfalco financiero al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).
Cabe recordar que estos dos exfuncionarios ya habían sido condenados previamente, sin embargo, un fallo de la Sala de lo Penal ordenó la repetición del juicio oral, siendo absueltos por lavado de activos.
También la Corte de Apelaciones dejó en suspenso una solicitud de antejuicio contra el alcalde del Distrito Central y entonces presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, y una regidora municipal por varios delitos.
Mientras que la excorporación municipal de Yoro, incluido el exedil Arnaldo Urbina Soto, fue condenado a tres años de reclusión por violación de los deberes de los funcionarios.
El 7 de mayo, el exedil de San Pedro Sula, Óscar Kilgore (2002-2006), fue absuelto de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la administración pública.
Con Kilgore, también fueron absueltos Óscar Guerra Ocampo, Rubén Bonilla Ortega e Ingmar González Figueroa ante la insuficiencia probatoria.
Varias audiencias y nuevos casos
Asimismo, el Poder Judicial recibió varios casos iniciados por el Ministerio Público que implicaban a funcionarios del gobierno y del Congreso Nacional.
Uno de los más sonados fue una audiencia realizada al diputado Reynaldo Ekónomo por una implicación en otro caso de desfalco al Seguro Social.
El legislador se sometió a la audiencia inicial y recibió auto de formal procesamiento con medida sustitutiva a la prisión por el delito de fraude a título de cooperador necesario. Fue absuelto de lavado de activos.
Otro hecho mediático fue la captura del exoficial de las Fuerzas Armadas y expresidenciable Santos Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla por lavado de activos con vínculos al narcotráfico.
El expediente del excapitán de las FFAA señaló que Orellana durante un operativo se quedó con parte del dinero o droga decomisada y por darle muerte a un informante de la estadounidense Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Este hecho fue llevado a los juzgados de jurisdicción nacional, donde el exoficial, su esposa y su suegra les dictaron auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
Este jueves, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional comenzó la audiencia preliminar para el expresidenciable Rodríguez Orellana.
En otro caso, los juzgados conocen de la captura del edil de Talanga, Roosevelt Avilez, su esposa Nancy Mareyil Santos Ríos y otros que fueron capturados durante una operación del Ministerio Público.
Todos los imputados fueron acusados por lavado de activos por tener participación en una estructura de tráfico de droga y están con la medida de prisión preventiva.
Sin embargo, el edil de Roatán, Jerry Hynds, acusado por el Ministerio Público de tráfico de droga fue beneficiado por sobreseimiento provisional por un juez con jurisdicción nacional.
Hynds fue acusado de cuidar un cargamento de 2.4 toneladas de cocaína dentro de un camión cisterna en la carretera de Roatán.
Agenda para el 2022
Uno de los juicios más mediáticos que se dará a inicios de este mes es el caso de la adquisición de los hospitales móviles, en la que afrontarán Marco Bográn y Alex Moraes, exdirector y exadministrador de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Este juicio oral está agendado del 19 hasta el 31 de enero de 2022 en el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción.
Este caso es conocido por la compra de Invest-H al proveedor Axel López de siete hospitales móviles con la intención de contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19, sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los dispensarios no funcionan con la originalidad de su adquisición.
Otro juicio programado para el 2022 es la repetición del juicio oral del ciudadano Kevin Solórzano del 20 al 29 de junio por la muerte del exfiscal Edwin Eguigure y la tentativa de asesinato de la abogada María Auxiliadora Sierra.
Para el 10 al 14 de enero, la Sala II del Tribunal de Sentencia programó el juicio oral y público en contra del excomisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, por el delito de lavado de activos.
De acuerdo a las investigaciones, Sauceda no logró justificar 13 millones 801 mil 838 lempiras con 35 centavos y movimientos en sus cuentas bancarias desde el 2006 al 2017.
Otro juicio programado del 1 al 28 de febrero, es la repetición del juicio oral contra la exprimera dama Rosa Elena Bonilla (2010-2014) y su exsecretario Saúl Escobar por ocho delitos de fraude y apropiación indebida.
Ambos fueron acusados por utilizar fondos del despacho de la Primera Dama en usos personales. Cabe recordar que habían sido condenados, pero la sentencia fue anulada.
PD
