Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En pocos días, a fines de este abril, una misión exploratoria de Naciones Unidas llegará a Honduras para evaluar las condiciones que permitan instalar o no una misión internacional de lucha contra la corrupción, con más fuerza que la MACCIH y capaz de ayudar a los operadores de justicia en el desmontaje de las redes de corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Su llegada se produce en un contexto de polarización, de cabildeos previos a la elección de una nueva Corte de Justicia y de discursos de refundación política orientados a dar señales de un mejor país.
El gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, envió en febrero de este año, una misiva a la Secretaría General de las Naciones Unidas, solicitando asistencia para crear una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) como parte de una promesa de campaña ante el clamor popular de hartazgo de la corrupción en este país centroamericano. Honduras ocupa la posición 157 de 180 países en el ranking de percepción de la corrupción que realiza la organización alemana Transparencia Internacional, el referente mundial al respecto.
En Tegucigalpa, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha externado por medio de sus representantes que el secretario de ese organismo, Antonio Guterres, designó a su adjunto, Miroslav Jenca, como el enlace para Honduras en lo referente al tema de la CICIH.
Asimismo, que una misión exploratoria llegaría al país a mediados o fines de abril para auscultar el clima existente para instalar o no una misión internacional de lucha contra la corrupción, luego de sostener entrevistas con actores claves del engranaje gubernamental, político, academia y sociedad civil, entre otros insumos que les permitan identificar las fortalezas y debilidades que acompañarían a una misión internacional.
El contexto de la exploradora
Esas valoraciones pasan por el contexto que precede a la instalación o no de una CICIH: la traumática salida de la MACCIH, el nivel de corrupción del país, las extradiciones de altos personajes por narcotráfico, la polarización política, el arranque de un nuevo gobierno y las esperanzas de cambio de una población que ve en la misión internacional un nuevo parteaguas en la historia del país.
La salida de la MACCIH, expulsada por la clase política y otros poderes fácticos, generó una frustración colectiva que golpeó la lucha anticorrupción, luego que la misión comenzara a tocar redes criminales ligadas a importantes estructuras políticas partidarias y judicializara los primeros casos en los tribunales de justicia. Los 13 casos judicializados por el Ministerio Público con el respaldo de la MACCIH, fueron encabezados por funcionarios públicos, diputados, exfuncionarios y exdiputados, ONG, fundaciones privadas y personas naturales ligadas a la clase política hondureña, unos, otros a redes criminales del narcotráfico que penetraron la institucionalidad del Estado por medio de las campañas políticas. Cuando esas estructuras fueron tocadas por la MACCIH, la presión política para sacarla fue fuerte, en medio de una ciudadanía que se paralizó ante el revés suscitado.
A ese trauma se sumó el complejo panorama de las extradiciones de altos personajes ligados al narcotráfico, un tema que desplazó el discurso y agenda anticorrupción, pues en la sacudida del país, la fiscalía de Nueva York, en Estados Unidos, estaba solicitando las cabezas de quienes habían gobernado Honduras en los últimos ocho años. Previo a ello, otros políticos y mafiosos de la droga ya habían desfilado en cortes de justicia estadounidenses, develando con lujo de detalles sus operaciones y ligues con cúpulas políticas y de otros niveles en el país.
Con un discurso anticorrupción y una agenda de refundación del país, llega al poder Xiomara Castro, tras una alianza entre su partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), en donde una de sus promesas de campaña era la instalación de una misión internacional contra la corrupción y la impunidad que terminara el trabajo iniciado por la MACCIH, ahondara en los esfuerzos anticorrupción y pusiera freno al avance de la impunidad y el debilitamiento de la institucionalidad.
Del discurso a los hechos
Castro hablaba de una CICIH y una de las primeras señales para dar credibilidad a sus palabras, fue la derogación, desde el Congreso Nacional, de la Ley de Secretos, una herramienta legal que impedía no sólo el acceso a la información pública también limitaba las pesquisas de los operadores de justicia. A esa ley, se suman otras reformas penales más que dejaron blindada la corrupción. El camino legal del desmontaje ha iniciado, pero no será ni tan rápido ni tan fácil como se oye en los discursos, advierten los expertos.
De esta suerte el discurso anticorrupción y en contra del Partido Nacional, que estuvo 12 años en el poder, empieza a desdibujarse para dar paso a acciones más concretas en temas de lucha anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas para el gobierno no solo de la primera mujer presidenta en Honduras, también de un partido de izquierda, que se formó y alimentó de la polarización, y que ahora debe empezar a gobernar para una nación, más allá de su militancia.
Esa gobernanza no luce fácil, dada la herencia de problemas encontrados, la sequía de empleo de su membresía, los problemas financieros y económicos, la inseguridad y la violencia, además de los flujos migratorios que no cesan y están configurando una nueva crisis humanitaria, en especial, en el oriente del país. Todo ello tiene polarizado al país.
A estos escenarios se suma el hecho que han iniciado los cabildeos para la próxima elección de la Corte Suprema de Justicia en enero del próximo año, y en los meses de junio o julio debe empezar a integrarse la Junta Nominadora que tendrá a su cargo el proceso de selección de los nominados a ese poder del Estado que deberá elegirlos el Congreso Nacional.
El gobierno, en el tema anticorrupción, ha creado una Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, liderada por el exfiscal del Estado, Edmundo Orellana, pero no es ni debe ser la sustitución de la CICIH. La secretaría de Estado que dirige Orellana busca la prevención y la generación de políticas públicas que fortalezcan la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. Será una aliada de la CICIH, pero no su sustituta.
El rol de esa Secretaría de Transparencia y Anticorrupción y su coordinación con la CICIH, será una de las aristas a despejar por esa misión de exploración de la ONU, que, de entrada, tiene una presión internacional orientada a generar una Misión Internacional con “dientes”, es decir, con capacidad para investigar y con independencia presupuestaria. Una CICIH, que no dure dos años, como ha estado prevista en la actual óptica gubernamental, sino que traspase el mandato de cuatro años de la presidenta Castro.
Así lo han plasmado en una nota enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dos influyentes senadores estadounidenses: Tim Kaine y Patrick Leahy, quienes, al destacar la agenda anticorrupción de Washington, los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Castro y las acciones de extradición y derogación de la ley de secretos piden mayor presión por garantizar la independencia de la CICIH y su mandato.
La coyuntura de instalar una CICIH, debe ser una “ventana de oportunidad para avanzar en esta cuestión crítica”, manifiestan al señalar que la corrupción desenfrenada ha sido un flagelo de larga data en Honduras, frenando el dinamismo del pueblo e impidiendo su desarrollo en todos los aspectos, resalta la misiva.
La solicitud de la CICIH a la ONU es un paso positivo, aseguran, pero se debe garantizar la selección de un Comisionado independiente y bien calificado, que la Misión tenga un fuerte mandato para erradicar la corrupción y la impunidad, que reciba los fondos necesarios para lograr su misión, que perdure más allá de la administración actual y permanezca en constante consulta con las instancias de sociedad civil hondureñas.
También proponen establecer un marco legislativo necesario para crear y sostener la Comisión y proteger la independencia de los investigadores, fiscales y jueces hondureños. Son los lineamientos y son parte de los aspectos a considerar por ese grupo explorador, sobre el cual descansan las esperanzas de un pueblo que quiere un cambio de país en materia anticorrupción. (PD)
