Tegucigalpa (Proceso Digital) – La violencia política, los discursos de odio y la confrontación han sido las constantes en el Congreso Nacional, que preside Luis Redondo. En una Cámara en la que cada vez el control es inexistente y donde son pocos los días legislados en el primer semestre, pocas leyes trascendentales aprobadas y muchas condecoraciones otorgadas, unas sin entregar, como la anunciada en abril del año pasado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
La anarquía parece reinar en el Poder Legislativo, que a escasos días de elegir un nuevo Fiscal General y adjunto, suspende sesiones porque el sistema de audio sigue sin funcionar, las explicaciones son poco convincentes, y la bancada de mayor oposición, la del Partido Nacional, denuncia saqueo en sus gavetas en el hemiciclo, así como secuestro para no dejarlos entrar al salón de sesiones. Esos episodios nunca se habían registrado en la reciente historia del Poder Legislativo, así como hombres armados dentro del hemiciclo, respirando en la nuca a los diputados de la oposición.
En las últimas horas y tras registros en el propio hemiciclo por parte de agentes de la Dirección de Investigación Criminal (DPI), se ha denunciado legisladores nacionalistas tenían en sus curules pólvora y explosivos, hecho negado a pie juntillas por los señalados al tiempo que recriminan las medidas de intimidación y las presiones de que son objeto para doblegarles en la elección del Fiscal General del país y su adjunto.
En medio de ese barullo, una comisión multipartidaria nombrada por la presidencia de ese poder del Estado entrevistó a los cinco nominados aptos para la elección del Fiscal General y Adjunto y elaborar un dictamen contrarreloj para elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público antes del 1 de septiembre, cuando ya debe haber nuevas figuras en el MP, según la Constitución.
Esa elección estará precedida por una inusual manifestación de simpatizantes del partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre) y empleados públicos, convocados por la presidenta de la República, Xiomara Castro, en un hecho sin precedentes que evidencia la injerencia de un poder del Estado en el Legislativo, según han explicado analistas políticos y expertos juristas en temas constitucionales e independencia de poderes.
Castro dice que su gobierno se encuentra “bajo ataque”, primero de fuerzas conservadoras que no identifica, y ahora de fuerzas “narco-conservadoras” que tampoco cita. También ha mostrado su malestar por una marcha efectuada por el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), integrado por partidos políticos de oposición, ciudadanos y varias instituciones, que claman al gobierno menos discurso y más acción para resolver los problemas, entre ellos el empleo y la seguridad.
Un escenario de ataque y polarización
Estas demandas desde la oposición son consideradas como una “conspiración” y “ataque” a su gobierno, según la presidenta Castro que ha llamado a movilizarse a los bajos del Congreso Nacional para presionar por la elección de un fiscal general que complazca los intereses del partido en el poder.
El Parlamento, se ha convertido así en un escenario de polarización, confrontación y violencia política que ha tenido en su presidente, Luís Redondo, un actor protagónico al que diversos sectores señalan de no haber podido tender puentes de entendimiento entre las principales fuerzas de oposición.
Entre los hechos anárquicos que se registran en el Congreso Nacional, destaca la elección de la junta directiva: llena de irregularidades y en medio de golpes, gritos y zafarranchos. La oposición en el Parlamento, en especial el Partido Nacional, califica la elección de los directivos como “ilegal”, a tal grado que la juramentación de la presidenta Castro fue hecha por una jueza para evitar futuras acciones legales por la controversia que precedió la asunción de Redondo y la juramentación de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, por el pleno de los congresistas.
El 2022 transcurrió entre la estira y encoge del accionar legislativo, que de entrada inició aprobando un polémico Decreto de Amnistía Política bajo el cual han salido favorecidos más de una treintena de personas ligadas a hechos de corrupción y no a delitos políticos conexos, según los registros en poder de la Corte de Justicia. El Congreso Nacional también derogó el polémico proyecto de las ZEDEs—logró la unanimidad de votos—pero el mismo no ha sido ratificado como manda la ley por ser una reforma constitucional.
Se aprobó también la derogación de la Ley de Secretos y otras normas secundarias, pero en el transcurso del 2022, la polarización subía y bajaba de tono, volvía difícil los consensos y la legislatura se caracterizó más por decretos sobre condecoraciones, declaraciones de sitios turísticos y una que otra amnistía a las municipalidades. En abril de 2022, el Congreso que preside Redondo aprobó otorgar un reconocimiento al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en agradecimiento por su apoyo durante la pandemia del coronavirus y el paso de los meteoros Eta y Iota. La condecoración no se ha podido realizar, Bukele no ha venido.
En medio de esos debates legislativos, los discursos de odio y las descalificaciones no han cesado en el hemiciclo, muchas de ellos ligados a los cuestionados jugosos bonos otorgados a diputados afines y la reedición del fondo departamental de subsidios que se denunció en la pasada administración legislativa. El presidente del Congreso calificó a la oposición política parlamentaria de ser “cínicos” y dijo que de sus cuerpos “les salen diablos”.
Los acuerdos botados, la confrontación instalada
Para fines de diciembre de 2022, esos roces y discursos de mutua acusación, culminaron con un agarre a golpes entre diputados de Libre y del Partido Nacional, cerrando el año como comenzó la gestión de la junta directiva: a patadas, con golpes y violencia política.
Los espacios de tranquilidad y sesiones productivas en el Congreso han sido pocos. El 2023 parece seguir la misma dinámica del año pasado, y un reporte de gestión del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revela que, en el primer semestre de 2023, la cámara legislativa apenas ha tenido 22 días de sesiones, debido a los desórdenes por los que se ha caracterizado el Poder Legislativo.
Mientras, otro informe de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) indica que, de 290 proyectos presentados en el primer semestre de este año, apenas 52 han sido aprobados y de éstos 42 han sido publicados en el diario oficial La Gaceta, la mayoría de ellos procedentes del poder ejecutivo.
La polémica no baja de tono, y fue el tema de la Corporación Andina de Fomento, conocida como la CAF, la que generó fuertes debates, llevando a suspensión de sesiones, hasta que fue publicada y sancionada por el Poder Ejecutivo sin que el acta de aprobación donde se ratificaba el convenio fuera aprobada por el pleno como manda la ley. Los primeros análisis jurídicos indican que esa aprobación contiene “vicios de legalidad”.
Los primeros recursos de inconstitucionalidad y denuncias de abuso de autoridad han sido interpuestos por diputados de oposición parlamentaria ante la Sala Constitucional del Poder Judicial y ante el Ministerio Público.
En medio de los agites políticos y la polarización parlamentaria, una ley de reforma tributaria sigue trabada por falta de consensos y la decisión del oficialismo de cerrarse a escuchar voces sensatas que abogan por reformas a la propuesta. El partido Liberal elaboró una contrapropuesta de ley que concilia la visión oficial y la de los sectores que abogan por cambios, el oficialismo dijo que iba revisar la propuesta y sacar una nueva versión más moderada, pero días después cambió de opinión y aseguró que irá con su proyecto a rajatabla.
Mientras ese momento llega, los diputados derogaron a medias el llamado pacto de impunidad en el fondo departamental de subsidios que fue banco de corrupción en el pasado. La derogación fue de la ley especial que regulaba la entrega de ese fondo, más no la figura en sí, por ser constitucional. Bajo esa figura, con otro nombre, la presidencia del Congreso sigue otorgando bonos y subsidios sin que exista una ley secundaria que lo regule. La derogación de la ley que regula el fondo departamental fue precedida también de la abolición de otros decretos relacionados con el lavado de activos que obstaculizaban la lucha anticorrupción.
La oposición política en la segunda fuerza que concentra en el hemiciclo, el Partido Nacional, ha pedido que se derogue el decreto de amnistía política porque está favoreciendo más a gente ligada a hechos de corrupción, que a los afectados por el golpe de estado de 2009. El presidente del Congreso ha negado esa petición y a inicios de agosto, los diputados nacionalistas se declararon en insurrección legislativa.
Las pitoretas, las pancartas y la violencia política se instalaron nuevamente, las sesiones vuelven a ser interrumpidas, y en medio del bullicio, la directiva del Congreso empuja leyes y aprobaciones que no se tiene certeza de lo que se aprueba ni del número de votaciones.
Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional, reveló que se había llegado a consenso en las bancadas para que su partido presentara una moción de orden para pedir la derogación de la amnistía, y que, al momento de introducirla y someterla a votación, la misma no sería aprobada porque los liberales no acompañarían y no se obtendrían los 65 votos que manda la ley. Los nacionalistas lo que pedían era que le respetaran su derecho a la palabra, pero a última hora, el presidente del congreso, botó los acuerdos y salió con sus propias interpretaciones jurídicas, negando el derecho a los nacionalistas. Esa decisión de Redondo incomodó a la bancada de Libre, dijo Zelaya.
Zelaya también salió al paso a desmentir a Luís Redondo que aseguró tenía su voto para la elección del fiscal general y adjunto, al margen de la línea de su partido. Dijo que Redondo le había prometido un viaje a Rusia, pero se equivocaba si creía que con ello lo “iba a comprar”, porque él iba a votar junto a su bancada y partido, y no como le ordenara Redondo o Libre.
En su gestión Redondo ha roto con la bancada de su partido, el Partido Salvador de Honduras (PSH), la relación con los liberales la maneja Libre, y con los nacionalistas, los dolores de parto son intensos, no llegan a acuerdos. Las habilidades políticas para crear consensos dificultan las negociaciones en el Parlamento, aceptan diputados oficialistas como de la oposición.
Así, el Congreso parece fincar sus acciones en los reconocimientos, entre ellos mensajes de felicitación en el pleno por los cumpleaños de los miembros del cuerpo diplomático, las condecoraciones que recibe de instituciones públicas o privadas, o los recorridos en las zonas de la militancia de Libre inaugurando festivales gastronómicos, entre otras cosas.
En el tintero esperan, después de la elección del fiscal general y adjunto otros cargos de segundo grado, que han anunciado muchos ya han sido concertados, pero no así el dar al Congreso un carácter de ente deliberativo, más que de un ring de boxeo en donde el despelote, la violencia política y el descrédito parecen anteponerse a lo que debe ser el primer poder del Estado: legislar para fortalecer la democracia y el estado de Derecho. PD
