Tegucigalpa – Los comicios primarios e internos del 14 de marzo, a cargo de un nuevo ente rector, se regirán bajo dos mecanismos que ponen ruido al tema de la transparencia: no habrá conteo rápido de urna como para dar una tendencia preliminar, sino que se hará bajo el mecanismo del voto a boca de urna, y la unidad de fiscalización de la Ley de Política Limpia, entra a seguir la pista al dinero de las campañas sin todas las herramientas necesarias para evitar el ingreso del dinero sucio.
Las últimas disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el conteo de votos municipales y departamentales, es que queda optativo para cada partido político que irá a primarias e internas, que será ilustrativo y se apoyará con un monto económico extra a quien lo realice. En cuanto al tema de las mesas electorales y las credenciales, el CNE también deja a opción de los partidos políticos dar o no la lista de sus representantes con nombre, apellido, domicilio, teléfono y hasta correo electrónico como se había solicitado.
Esos dos temas que mantuvieron por más de tres semanas un estira y encoge a lo interno del CNE, terminaron dando la razón a los partidos políticos que decían se iba a primarias bajo la actual ley electoral y que eso no estaba contemplado en la misma, por ende, no podían ir más allá de lo que establece la norma. Pero, la representación de Libertad y Refundación sostenía que, si se podía ir más allá, pues lo que la ley no prohíbe, tampoco lo impide.
Entrada la recta final para los comicios, la salida del CNE fue la figura optativa y la aplicó tanto para el tema de las credenciales, como para la descentralización en el conteo de votos municipales y departamentales, con la salvedad que el mismo sería solo ilustrativo y no vinculante. La coordinación de Libertad y Refundación anunció que ellos sí harían la descentralización en el conteo de los votos municipales y departamentales.
Boca de urna por conteo rápido
El CNE también anunció que no habría sistema de transmisión preliminar de resultados, conocido como Trep, al fracasar el proceso de licitación y no haber tiempo para la contratación directa. Indicaron que ese sistema sería sustituido por una transmisión preliminar bajo la modalidad de “conteo rápido”.
El conteo rápido es un ejercicio de registro de los datos sobre resultados de una elección en una muestra de centros de votación seleccionada conforme métodos probabilísticos. En Honduras, este tipo de mecanismos lo estuvo haciendo hasta antes de los comicios de 2017, organismos de sociedad civil en plataformas mediante el cual llevaban un sistema paralelo al Trep para tomar el pulso a los resultados electorales.
Los conteos rápidos requieren de experiencia en las dinámicas de la política y en la organización de bases, un conocimiento de la teoría del muestreo al azar y algún entrenamiento en la tecnología de la información. Cientos o miles de voluntarios participan en un conteo rápido y, al hacerlo, salvaguardan uno de los fundamentos de la democracia: el voto.
Sin embargo, para las elecciones primarias del 14 de marzo próximo, el Consejo Nacional Electoral no logró asegurar la participación de organizaciones civiles nacionales e internacionales expertas en el manejo del conteo rápido. Las instituciones civiles e internacionales alegaron premura e incertidumbre sobre el proceso.
A la falta de un sistema preliminar de transmisión de resultados y de un conteo rápido de urnas que permita dar una tendencia sobre las votaciones, el CNE confiará la elección a las llamadas encuestas a boca de urna, sin que ello sea una voz oficial de los datos que lleguen al tribunal.
En un comunicado emitido el 28 de febrero, el pleno del CNE indicó que la Ley Electoral vigente autoriza el uso de las encuestas a boca de urna con la finalidad de garantizar la libre voluntad del electorado. La divulgación de los resultados de las encuestas realizadas a pie de urna solo podrá ejecutarse después de haber transcurrido dos horas del cierre oficial de la votación, señala el ente electoral, tras recalcar que esas difusiones que se hagan no serán oficiales, ni reconocidas por el Consejo Nacional Electoral.
Esa disposición indica que el día de los comicios las encuestas a pie de urna estarán a flor de piel, todos se declararán ganadores y la ciudadanía no tendrá certeza real de los resultados porque el CNE no emitirá posición oficial, a la espera que las actas lleguen a su destino. Los comicios del 14 de marzo próximo podrían concluir sin conocerse ganadores claros en los distintos cargos de elección popular.
Fiscalización, a medias
De otro lado, el tema de la fiscalización de campañas políticas entra cojeando pues se va sin las reformas necesarias de la Ley de Política Limpia para que la unidad de fiscalización pueda hacer un trabajo a fondo sobre el origen de los dineros que ingresan a la campaña política.
Desde las instancias de sociedad civil se busca tomar el pulso a los aspirantes políticos con novedosas iniciativas para tratar de dar información pública relevante de quién es quién en la política, pero los esfuerzos por ahora son genéricos, porque la información sobre la procedencia de los fondos de campaña no ha sido pública.
Las limitaciones, indican organizaciones civiles, vuelven difícil para los responsables de la Unidad el poder determinar cuánto dinero que ingresa a las campañas políticas es lícito o ilícito, cuánto procede de la corrupción y cuánto de fondos sucios ligados a la criminalidad organizada.
Las elecciones primarias del 14 de marzo son las primeras que auditará la Unidad de Fiscalización de la Ley de Política Limpia, y a las mismas va no solo con limitaciones marcadas por la ley, también presupuestarias y según los responsables de esta, la mayoría de los aspirantes no ha abierto una cuenta bancaria para rastrear el dinero como dice la ley, por ello han ampliado el plazo.
Todo esto ocurre cuando en una inusual acción a menos de dos semanas de las elecciones, la agencia tributaria del Estado ha revelado que por lo menos 30 % de los aspirantes a cargos públicos de elección, en las primarias, no tienen ni siquiera registro tributario y, una cantidad significativa de los que buscan puestos en las urnas, son deudores, están morosos o tienen cosas que explicar al Servicio Administrativo de Rentas (SAR).
Sobre ello, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Germán Espinal, apostilló que “el trabajo presentado por el SAR nos muestra la calidad de democracia que se está construyendo en el país, justamente ahí hay una doble responsabilidad: partidos políticos, selección de candidatos y la ciudadanía que debe estar informada sobre la calidad de los que van a constituir el poder o mejor dicho los que gobernarán la patria”. (PD)
