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Lucha contra las drogas, más allá de las extradiciones

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Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La evolución de la narcoactividad en el país, evidencia todas las fases con que viene operando este fenómeno, más allá de las extradiciones, donde ex presidentes, ex jefes de policía y otros cuadros intermedios rendirán cuentas en los tribunales de justicia estadounidense, pero el negocio no cesa, las plantaciones de droga aparecen por doquier, así como el inusitado interés por conocer nombres e impulsar leyes en proceso de desarticulación de redes criminales.

Desde que se extraditó al primer hondureño en mayo de 2014, la presencia del narcotráfico presentaba otro perfil: el país dejó de ser tránsito de la droga para convertirse con el paso de los años en una zona donde se trasiega, se comercializa, se produce, se consume, se financian campañas políticas y hasta se hacen transacciones de lavado de dinero como parte de los mecanismos que caracterizan esa actividad ilícita.

En el 2017 los decomisos de droga se efectuaron en 15 de los 17 departamentos del país.

En el caso del consumo, la marihuana, la cocaína y el crack están dentro de las drogas ilícitas que más consumen los hondureños, de acuerdo a un reporte de los cuerpos de inteligencia y antidroga del 2017, presentado al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

El 2014 fue el año que permitió configurar el avance de estas redes criminales de la droga, pues mientras se extraditaba a Carlos Arnoldo “el Negro” Lobo a Estados Unidos por narcotráfico, se descubría en La Iguala, en Lempira, en el occidente hondureño, el primer narco laboratorio productor de amapola, en el país.

El mismo era manejado por unos colombianos y socios hondureños, entre ellos, según la policía, el exdiputado Tony Hernández, según reportes originados en tribunales neoyorkinos y testimonios de oficiales hondureños. Tony Hernández ha sido condenado a una cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico.

La Iguala, la primera alerta

Captura del ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “el Tigre” Bonilla y del expresidente Juan Orlando Hernández.

Pero el caso de La Iguala también empezó a develar la madeja de la relación entre la narcoactividad y los operadores de justicia, en especial con la Policía. La historia sigue corriendo y sacando a flote más relaciones. Los golpes al narcotráfico han sido fuertes al desestructurar carteles como el de Los Cachiros, Los Valle Valle, Don H, El Rojo, Wilter Blanco, entre otros.

La reciente captura del expresidente Juan Orlando Hernández y del ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, solo develan el nivel de penetración de la narcoactividad en el país, y si bien ambos alegan inocencia, será la justicia estadounidense quien dirá la última palabra.

Mientras eso ocurre, la lucha contra las drogas prosigue y en los últimos meses, las fuerzas del orden se han dado a la tarea de ubicar, asegurar e incautar plantaciones de marihuana y de coca para el procesamiento de la cocaína, además de desmantelar una serie de narco laboratorios.

Zonas como Colón, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Intibucá, parecen infestadas de plantíos de arbustos de hoja de coca o de narco laboratorios, el negocio se sigue moviendo, las toneladas de cocaína que llegan procedentes de Suramérica rumbo a Estados Unidos se estiman en unas 300 al año que pasan por el territorio nacional.

Los grandes grupos de transportistas de droga han sido desarticulados, pero sus sucesores, la segunda y tercera generación, han ocupado su lugar, sin la majestuosidad de los primeros, pero sabiendo cómo operar y el tráfico de las rutas que conlleva el negocio.

Estas nuevas organizaciones de transportistas se han dividido las funciones, según los expertos antidroga: unos mueven la droga, otros se encargan del acarreo de combustible, otros de los resguardos en las zonas por donde transitan y hay quienes atienden la alimentación y el hospedaje, por citar algunos ejemplos.

El departamento de Colón, donde los golpes han sido fuertes en cuanto a la incautación de plantas de coca, se ha convertido en el centro de la narcoactividad en el país, pero esta se ha movido también a la zona sur, oriente y nororiente, sin dejar de lado el occidente, donde surgió el cartel de Los Valle Valle.

Infestados de cocaína y marihuana

En el 2017, según un reporte de la Dirección Nacional de Inteligencia, los decomisos de droga se efectuaron en 15 de los 17 departamentos del país, perfilando así la expansión de la narcoactividad. En lo que va del 2022, se han incautado 3.3 toneladas de cocaína y ya van más de seis narcos laboratorios desmantelados.

Y si de plantaciones de marihuana se trata, todos los departamentos del país reportan cultivos en el 2017, y ese patrón se ha venido repitiendo desde esa fecha. A la par de esta radiografía, las autoridades alertan también del creciente negocio del microtráfico de droga, en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Comayagua, Santa Bárbara, Atlántida; Olancho, Colón, El Paraíso, Valle, Copán, Olancho, Lempira, Intibucá, La Paz, Gracias a Dios, Ocotepeque e Islas de la Bahía. De estas regiones, donde se vislumbra el mayor movimiento es en Francisco Morazán, Cortés y Yoro.

Las autoridades alertan también del creciente negocio del microtráfico de droga en todo el país.

Este incremento del microtráfico de droga obedece a que los carteles están pagando con droga y no tanto con dinero, y en el negocio para su transporte o comercialización local se ha involucrado a las llamadas maras o pandillas, organizaciones que han logrado migrar también a otras regiones del país.

La nueva dinámica de los grupos locales de transporte de droga sigue manteniendo la conexión con los carteles de la droga procedente de Colombia, Venezuela y México, último en el cual siguen fuerte las conexiones con el cartel de Sinaloa y ahora empieza a penetrar el llamado Cartel Jalisco Nueva Generación.

Esta radiografía del patrón del narcotráfico en el país obliga a replantear la estrategia antidroga, más allá de las extradiciones y de la estructura criminal que se apoderó de gran parte del Estado y cuyo desmontaje no será en el corto plazo, sino mediante acciones efectivas y certeras que permitan identificar la lógica, dinámica, conexiones y operaciones de la narcoactividad en este país centroamericano. (PD)

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