Tegucigalpa – En el Día Internacional de la Mujer, la violencia sigue teniendo rostro femenino en Honduras. Casos emblemáticos solo son una muestra de los horrendos crímenes que cada día siguen siendo parte de la cotidianidad en un país marcado por las estadísticas que se tiñen de sangre cuando de mujeres se trata.
Desde el 2010 a la fecha, más de cinco mil mujeres han sido asesinadas en este país centroamericano, ubicado como el segundo más impune a nivel global, después de Tailandia, según el último informe del Índice Global de la Impunidad que efectúa la Universidad de las Américas de Puebla, en México. En una medición a 69 países, Honduras ocupa la segunda posición a nivel global, y la primera a nivel latinoamericano.
Destaca la muerte violenta de mujeres, que, de acuerdo con cifras de las organizaciones de mujeres y el Observatorio de la Violencia de la UNAH, cada 17 horas con 36 minutos, una mujer es asesinada en el país y solo en lo que va del 2021 se registran al menos treinta hechos criminales contra ellas.
La violencia en Intibucá
La violencia entró a la zona hace poco más de una década y dentro de ella, empezaron a configurarse los crímenes de mujeres, los relatos escalofriantes de los hechos y la impunidad de los casos. Los registros de prensa detallan las muertes en la zona de Intibucá, y para algunos expertos en seguridad, entre los factores que pudieron incidir en el disparo de casos, están la migración interna y el microtráfico de drogas, entre otros.
En ese contexto de inseguridad e impunidad, se produce el 6 de febrero de 2021, el asesinato de la joven pasante de enfermería Keyla Martínez, al interior de una posta policial. La primera versión policial fue que la joven se había suicidado, tras ser arrestada junto a un médico por violar el toque de queda en la zona. Esa versión oficial, plasmada en un comunicado, crispó los ánimos en la zona y en los grupos de mujeres, que, junto a la familia, exigieron justicia.
Un informe preliminar de Medicina Forense, del Ministerio Público, derribó la tesis policial al informar que los primeros hallazgos indicaban que Keyla Martínez había sido objeto de una muerte mecánica por asfixia con fines homicidas, es decir, que la joven no se habría suicidado, sino que la habrían matado en una posta policial, bajo la tutela del Estado, obligado a garantizar la vida de las personas.
La Policía salió al paso y dijo que pondría a disposición de la fiscalía a los agentes que estuvieron esa noche en la posta, luego que el Ministerio Público lo solicitara formalmente. La Policía dijo que no iba a ocultar nada, pero tras la muerte de la joven, ahí nadie habla y a más de mes de su muerte, que se cumplió el 6 de marzo, el caso sigue siendo parte de la agenda pública porque la familia y los defensores humanitarios no cesan de pedir justicia.
La advertencia de OACNUDH
Por las oficinas de Medicina Forense han desfilado más de una docena de agentes policiales a quienes les han practicado una serie de pruebas de rigor mientras se termina de completar el informe final de ese organismo que arroje más luces sobre las causas de la muerte de Keyla Martínez. En tanto, circulan en las redes sociales infinidad de versiones sobre su crimen y presuntos involucrados, así como desinformación para desmontar la tesis del Ministerio Público y hasta relatos de ficción queriendo sustituir a las normas que rigen el periodismo.
La familia de Keyla Martínez ha denunciado ser objeto de amenazas y persecución; el comunicador social Henry Fiallos, corresponsal de la corporación Televicentro y Emisoras Unidas, es objeto de la protección estatal bajo el Mecanismo de Protección, tras amenazas a la integridad de su familia, y el médico que andaba con la joven Keyla, Edgar Velásquez Orellana, rompió el silencio una semana después de la muerte de la joven, para plantar dudas.
En las calles de La Esperanza, Intibucá, la gente no cesa de reclamar, la impugnación social hacia la Policía ha sido fuerte, el debate de la inconclusa depuración policial ha sido puesta en boga nuevamente, la familia de Keyla Martínez cambió la defensa y se la dio al Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), en tanto en Washington, el crimen de la joven aspirante a enfermera empieza a llamar la atención de influyentes estamentos. La muerte de Keyla Martínez empieza a trascender y a vincularse con la impunidad de los femicidios no solo en Honduras, sino también en el Triángulo Norte centroamericano.
Uno de los ribetes de mayor alcance en este hecho, es la advertencia hecha por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), al indicar que este crimen configura lo que podría ser una ejecución extrajudicial.
“En seguimiento a las acciones de documentación realizadas sobre el caso, ocurrido el 6 de febrero, OACNUDH considera que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas”, señala el comunicado de la representación de OACNUDH en Tegucigalpa.
El Protocolo de Minnesota indica que las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella. En este caso, se desconoce lo relativo a la cadena de mando, las autoridades se han llamado al silencio.
En el 2020, el número de femicidios en Honduras fue de más de 404 y según los organismos de mujeres, esa tendencia se puede mantener o aumentar a fines de 2021, así como van los registros.
Es el panorama con que Honduras esté 8 de marzo conmemorará el Día Internacional de la Mujer, donde la violencia sigue teniendo en las mujeres sus principales víctimas y protagonistas, donde cinco departamentos: Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Comayagua y Santa Bárbara, contabilizan el mayor número de casos en lo que va de 2021, pero también empieza a sumarse Intibucá ante los últimos casos reportados.
Berta Cáceres
A cinco años del asesinato de la líder indigenista Berta Cáceres, su crimen sigue presente en la agenda pública que coloca la impunidad de los femicidios en Honduras, como una mancha negra imborrable.
El 3 de marzo de 2016, el país fue sacudido con el asesinato de la líder indigenista y ambientalista, Berta Cáceres, ocurrido en el occidental departamento de Intibucá. Hombres armados entraron a su casa y la asesinaron a sangre fría, mientras dejaban herido al también defensor ambientalista, el mexicano Gustavo Castro, a quien creyeron muerto.
Ganadora del Premio Goldman, a la defensa del medio ambiente, el crimen de Berta Cáceres, cinco años después, sigue vigente.
Cincos años y sigue abierto
Berta Cáceres cumplió cinco años de haber sido asesinada el miércoles 3 de marzo, y por su crimen han sido condenados siete autores materiales en diciembre de 2019. Pero el juicio y los procesos siguen abiertos.
El Ministerio Público estima que este caso deberá concluir pronto, con resultados completos.
El asesinato de la dirigente ecologista, a quien le sobreviven tres hijos y su madre, sigue generando expectativas y la lucha por el acceso a la justicia no se ha detenido.
Cáceres, que habría sido asesinada por su defensa del ambiente en especial del río Gualcarque, en el occidente hondureño, puso en el debate dos temas sensibles en el país: la lucha por un medio ambiente justo, y el papel de la mujer en la defensa de esos derechos y de su reivindicación a ser mujer. Y su crimen simboliza ambas cosas.
Oriunda de Intibucá, uno de los departamentos que hasta hace cuatro años atrás mostraba una de las más bajas tasas de homicidios a nivel nacional, Berta Cáceres era una activista social de larga data, fue crucial en la reivindicación de los pueblos indígenas con las primeras peregrinaciones de lencas, que se dieron allá por los años noventa, reclamando sus derechos durante el gobierno del extinto expresidente Carlos Roberto Reina.
Cáceres nunca imaginó que esa zona, que despertó con el peregrinaje indígena, años después reportaría índices de violencia e inseguridad preocupantes. Para el 2019, las autoridades reportaban más de 100 homicidios para irse ubicando, de a poco, en esa franja de territorios hondureños donde el semáforo de la inseguridad pasaba de verde a amarillo y subiendo, a veces, a tonos rojos. (PD)
