Tegucigalpa – Los dos primeros hospitales móviles llegaron de Turquía a Honduras hace exactamente un año este 9 de julio, pero pasado ese tiempo los mismos no han sido respuesta a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, que ya deja 7,149 muertos y 270,020 contagiados en el país.
– Un informe del Departamento de Estado de los EEUU sobre derechos humanos 2020 en los países, el tema de la corrupción en Honduras y la compra de los sanatorios móviles tomó relevancia.
De los siete sanatorios móviles comprados mediante una opaca transacción y pagados por adelantado llave en mano, solo los de San pedro Sula y Santa Rosa de Copán atienden casos de COVID, los ubicados en Tegucigalpa y Choluteca dan respuesta a pacientes con otras patologías, mientras los tres restantes duermen el sueño de los justos.
Es importante mencionar que Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) pagó de contado a finales de abril de 2020, 48 millones de dólares (1 mil 200 millones de lempiras) al intermediario guatemalteco Axel López, en una dudosa transacción catalogada de corrupta por entes civiles, que investigaron los procesos e igualmente lo hizo el Ministerio Público que ha desarrollado en el caso varias líneas de investigación.
En su oportunidad la Secretaría de Salud anunció con bombos y platillos que el país pasaría de 72 espacios a 530 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) con la compra de los sanatorios modulares, pero actualmente hay 82 pacientes bajo estos cuidados y el sistema prácticamente está colapsado.
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Los hospitales no se dan por bien recibidos porque no están funcionando para lo que fueron comprados, esto de acuerdo a la propia versión del jefe del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández.
La dolosa operación tiene tres acusados en los tribunales hondureños: el exdirector de Invest-H, Marco Bográn; el administrador, Alex Moraes y el intermediario guatemalteco, Axel López, a éste último el Ministerio Público le embargó bienes por alrededor de 100 millones de lempiras en EEUU.
La versión inicial era que los siete sanatorios contarían con 91 camas en tres de ellos y 51 en los restantes cuatro, para totalizar 477, pero en la actualidad solo se atienden 45 pacientes en San Pedro Sula y 22 en Santa Rosa de Copán.
El tema de los hospitales móviles genera malestar e indignación al cumplirse un año de su arribo, dijo el miembro del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, al recordar que distintas auditorías han reflejado las falencias e incompetencias de los sanatorios.
En tanto Melissa Elvir, de la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), dijo que la compra de los nosocomios representa un caso de corrupción, abuso de autoridad y cohecho, todo en contra de la ciudadanía.
Actualidad de los hospitales
En comunicación con Proceso Digital, el viceministro de Salud, Fredy Guillén, detalló que el hospital de San Pedro Sula atiende un promedio de 45 pacientes con COVID-19, en tanto el que se instaló en Tegucigalpa fue designado para cirugías menores y ortopédicas.
El Hospital Escuela decidió que el sanatorio modular de Tegucigalpa fuera usado para la reducción de la mora quirúrgica de ese centro asistencial, mencionó.
Preguntado sobre el por qué el hospital de San Pedro Sula y Tegucigalpa son iguales en sus características, ¿por qué uno atiende a pacientes COVID y el otro no?, el viceministro contestó: “El de Tegucigalpa fue entregado para su administración al Hospital Escuela y ellos determinaron utilizar un tercer piso cuando la pandemia se agudizó, lo que afectó la sala de ortopedia y cirugía, que luego se pasó a la instalación modular”.
En el caso del hospital de Choluteca, Guillén recordó que a mediados de 2020 hubo un brote fuerte del virus en ese término municipal, por lo que se potenciaron las áreas de ese legendario nosocomio y se decidió destinar el modular para atención de enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión y otras patologías.
El hospital móvil de Santa Rosa de Copán se abrió para atender a pacientes COVID y en la actualidad atiende a 22 personas con el virus.
“El resto de los tres hospitales aún están en manos de Invest-H, como Secretaría de Salud hemos realizado las inspecciones respectivas y estamos pendientes de lo que pueda ocurrir con ellos”, afirmó.
Adelantó que cuando reciban los tres sanatorios que hacen falta y de acuerdo a las inspecciones que resulten, en ese momento se decidirá para qué atención médica serán utilizados.
El funcionario de Salud, no descartó que los dos hospitales modulares que han sido designados para atender otras patologías, se puedan usar para atender a pacientes con COVID. “Estamos evaluando la necesidad y analizando el contexto para tomar una consideración en ese sentido, claro que es una posibilidad”, aseveró.
Enfatizó que la Secretaría de Salud es la que determina para qué uso se destinan los hospitales móviles.
Malestar e indignación
El miembro del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, consideró que los hospitales móviles generan malestar e indignación a un año de su llegada.
“El tema de los hospitales móviles genera malestar e indignación, al cumplimiento de un año podemos decir que es un no arribo porque trajeron dos hospitales que no cumplían con las especialidades”, dijo a Proceso Digital.
El economista recordó que los sanatorios fueron evidenciados mediante distintas auditorías que no cumplían con las funciones para las que fueron adquiridos.
Ironizó a hacer una celebración a la llegada de los hospitales móviles para que la población recuerde la memoria de los actos de corrupción durante la pandemia.
“Debemos rescatar esos hechos, porque tanta turbulencia mediática podría provocar que se nos olvide lo que sufrimos”, externó.
Reafirmó que Honduras no ocupaba hospitales móviles, sino centros asistenciales provisionales o ampliaciones de los sanatorios.
No fueron la solución efectiva
Para la integrante de la Fundación Democracia Sin Frontera (FDsF), Melissa Elvir, la llegada de los hospitales móviles evidenció el “juego político de algunos personajes que no dejan que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos fundamentales”.
Criticó que hasta la fecha solo el de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán atienden casos de COVID-19.
Explicó que los restantes dispensarios son utilizados para otras funciones para los que no fueron adquiridos.
El Hospital de Tegucigalpa, dijo Elvir, es un ejemplo de la situación compleja por la que pasa la ciudad, con altos índices de contagios y no opera para atender esta enfermedad.
Calificó que el hospital móvil destinado a Choluteca demuestra la mala inversión que realizó el gobierno porque fue instalado, pero no funciona para atender pacientes con coronavirus.
“Siguen siendo casos de corrupción por temas de abuso de autoridad, por cohecho, por diferentes delitos en materia de corrupción, pero que no está generando respuesta a la ciudadanía”, aseveró.
La integrante de FDsF dijo que no solo es sentenciar penalmente a los responsables, sino que como resarcir los daños que ocurrieron por la mala toma de decisiones.
Una decisión que costó vidas
A criterio de José Manuel Matheu la compra de los siete hospitales móviles es una decisión “temeraria” que costó vidas humanas.
“Debería haber una acusación formal por crímenes de lesa humanidad, porque fue una acción temeraria, criminal”, declaró a Proceso Digital el galeno hondureño, quien dijo que es una decisión que costó vidas ya que actualmente los hospitales y triajes están llenos y no pueden trasladar a los pacientes a los hospitales móviles.
“Esos pacientes que no son traslados al hospital se van a morir, porque no tenemos las camas COVID-19 que según ellos (autoridades) habían comprado con los siete hospitales”, reflexionó Matheu.
Resumió que se debe investigar y pedir cuentas al personal de la Secretaría de Salud (Sesal), Secretaría de Finanzas, Copeco, e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
“No solo son un monumento a la corrupción, son un recordatorio de tanta gente que murió y no debía haber muerto”, zanjó el ex subsecretario de Salud.
Finalmente refirió que lo que se puede hacer con los hospitales móviles es trasladarlos a áreas rurales donde no existe ninguna instalación médica mientras los mismos se “terminan de oxidar”, algo que a su consideración sucederá en un plazo menor de cinco años.
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