Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – Tres fallos absolutorios a favor de personas señaladas en sonados casos de lavado de dinero, el sobreseimiento definitivo a varios personajes políticos, así como el despido de la jueza que juramentó a la presidenta Xiomara Castro marcaron la agenda judicial en 2023, año en que la Corte Suprema de Justicia cambió de autoridades.
El actual pleno de la CSJ, encabezado por Rebeca Ráquel Obando, asumió en febrero de 2023 para un mandato de siete años, sin embargo su labor ha sido discreta y poco se ha conocido de sus acciones en casos de trascendencia nacional a lo largo de diez meses.
A diciembre, la nueva Corte no ha podido bajar la alta mora en las cuatro salas que integran este poder del Estado: Laboral, Penal, Civil y Constitucional.
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Fallos históricos
La justicia hondureña dejó en libertad al hijo del narcotraficante Ramón Matta Ballestero, a un exalcalde y a un exoficial de las Fuerzas Armadas que el Ministerio Público señalaba de lavadores de dinero vinculados con el tráfico de drogas.
En la primera quincena de diciembre, la Sala II del Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos dictó fallo absolutorio para Juan Ramón Mata Waldurraga.
Monchito, como se le conoce al hijo de Matta Ballesteros, dijo que el fallo puso fin a una época de persecución, donde se le estigmatizó por su apellido.
La Sala II del Tribunal de Sentencia había absuelto cinco meses antes al exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, y su núcleo familiar acusados por la comisión del delito de lavado de activos.
Avilés, al igual que la su esposa Nancy Santos Ríos, y otros familiares Bella Esperanza Ríos Zúniga, César Bladimir Leiva Ríos y Fadde Saroginy Avilés López, recobraron su libertad, luego que el tribunal concluyó que las compras de bienes que hicieron el exedil y su núcleo familiar fue mediante fondos que percibieron de sus negocios y empleos.
El primer protagonista de los casos mediáticos de 2023 que recobró la libertad fue el exoficial Santos Rodríguez Orellana, que junto a su esposa Jennifer Bonilla, y su suegra Reina Lizeth Bonilla, estaban acusados por el delito de lavado de activos.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Rodríguez Orellana realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios, al encontrar momento dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
El Tribunal de Sentencia consideró como insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para acreditar la culpabilidad de los imputados y por unanimidad les dio la libertad.
Sonado despido
La jueza Karla Lizeth Romero Dávila, quien fue la encargada de juramentar a la presidenta Xiomara Castro el pasado 27 de enero de 2022 fue despedida en agosto.
La presidenta de la CSJ, determinó que Romero incurrió en faltas en el ejercicio de sus funciones, luego que según las investigaciones, la exjueza estuvo involucrada en un accidente de tránsito ocurrido el 31 de marzo pasado y porque había retardo en la emisión de sentencias en varios casos asignados.
Cabe recordar que la jueza Karla Romero se dio a conocer por haber juramentado a la presidenta Castro el día de la toma de posesión en lugar del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, pese a que éste estuvo presente en el acto.
Además, ella ha interpuesto recursos de apelación en contra del decreto legislativo 04-2022, más conocido como Amnistía Política, en la que varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009) fueron sobreseídos de manera definitiva en casos de corrupción.
Sobreseimientos definitivos
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Mauricio Rivera recibió sobreseimiento definitivo por el delito de tráfico de influencias porque el juez de letras designado consideró que el mismo no se concretó.
Sin embargo, el congresista oficialista sí irá a juicio oral y público en el caso judicial, para lo cual el pleno de magistrados de la CSJ determinará quienes integrarán el Tribunal de Sentencia para desarrollar dicho juicio.
El congresista está acusado por atacar vía protesta a la delegada presidencial del programa Ciudad de Mujer de Choluteca, Tatiana Isabel Lara Pineda y el bien inmueble de este organismo estatal.
Otro diputado que fue sobreseído es Mario Pérez, del opositor Partido Nacional, quien concilió con el guardia de seguridad al que había amenazado tras disturbios en el Congreso Nacional con simpatizantes del Libre.
Este hecho se dio cuando el presidente del Congreso, Luis Redondo, nombró una comisión permanente, y los diputados de oposición se concentraron en los bajos del Hemiciclo Legislativo, con el fin de extender el periodo de sesiones ordinarias.
Otros personajes que recibieron sobreseimiento definitivo en 2023 son Roberto Pineda Rodríguez, exministro de la desaparecida Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) por negarse a reintegrar a un ciudadano; el exasesor presidencial, Marvin Ponce, por el delito de violencia contra la mujer interpuesta por la periodista Saraí Espinal.
Asimismo, el exviceministro de Salud, Nery Cerrato, y extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí por el caso de compra directa de una sala de aislamiento móvil para la atención de personas con COVID-19 en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés.
Casos mediáticos
Entre los casos en proceso abiertos en las últimas semanas del 2023 está el de la fiscal Francia Sofía Medina, quien hizo 37 retiros de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), para un gran total de 3.6 millones de dólares (88 millones de lempiras).
La funcionaria fiscal es acusada por los presuntos delitos de lavado de activos, sustracción y ocultamiento de documentos en custodia, así como uso de información privilegiada y enriquecimiento ilícito.
Pandora II, es otro de los casos que generó mucho interés ya que implica a dos ex presidente: Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, así como al ex titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, acusados por fraude.
El caso también implica al exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina y el director de presupuesto de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Pero antes de finalizar el año, un juez natural a petición de partes procesales, determinó dictar medidas distintas a la detención judicial a los seis imputados, a quienes se les prohíbe salir del país, firmar dos veces al mes en la CSJ y rendir caución por valor de 6 millones de lempiras.
Por otra parte, el juicio oral y público en contra del exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía, por el caso de un proyecto de alumbrado eléctrico en el departamento de Intibucá, occidente de Honduras finalizó el pasado 15 de diciembre. El veredicto será en 2024 condicionado por un recurso interpuesto por la defensa.
También está en proceso de juicio oral el exdirector del Foro Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode), Mario Cardona.
Ambos exfuncionarios son acusados por el Ministerio Público por la comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios.
La fecha de la resolución del juicio no fue agendada porque existe un recurso de amparo interpuesto ante la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial.
Prófugos
En noviembre, la exministra de Finanzas, Rocío Tábora fue enviada a prisión acusada de fraude por la compra de hospitales móviles para atender emergencias durante la pandemia de COVID-19.
Sobre la exfuncionaria pesaba una orden de captura, al igual que contra la exministra de Salud, Alba Flores, quien está prófuga.
El mapa judicial también incluye una orden de captura contra el presidente del Partido Nacional de Honduras, David Guillermo Chávez Madison, por los supuestos delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
La orden del Juzgado de Letras, fue emitida luego de que Chávez fue obligado a abandonar un avión comercial que había abordado para ir a Estados Unidos.
Primera Dama
Unos días antes de que la nueva Corte tomara posesión, la Sala de lo Penal declaró con lugar el cambio de medidas a favor de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla (2010-2014), lo que le permitió salir de prisión y cumplir su condena en arresto domiciliario.
Bonilla fue condenada a una pena de 14 años, un mes y un día de cárcel por los delitos de fraude y asociación indebida por el caso “Caja Chica de la Primera Dama”.
Previamente, la exprimera dama había sido condenada e incluso condenada a 58 años de cárcel por los mismos delitos, sin embargo, se ordenó la repetición del juicio.
Tras las rejas
A inicio de año, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción condenó al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, a una pena de seis años de prisión por el delito de fraude por el caso de compra de mascarillas.
Ambos exfuncionarios de Invest-H fueron declarados culpables por el caso de compra de mascarillas el 26 de enero por el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción.
Cabe recordar que Bográn ya había sido condenado a 10 años con 11 meses de prisión por el delito de fraude más una multa de mil 475 millones 921 mil 298 lempiras por el caso de Hospitales Móviles.
Y en agosto, el alcalde de Brus Laguna, Wilmer Manolo Wood fue enviado al Primer Batallón de Infantería por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas agravado, en perjuicio de la Salud Pública.
Según investigaciones del Ministerio Público el señor Wilmer Wood, presuntamente inició su actividad ilícita hace 15 años en el municipio de Gracias a Dios, pero en el año 2014 comenzó a trabajar de manera independiente.
Así termina la justicia este año. Entre acusaciones mediáticas y fallos absolutorios anunciados. VC
