Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Honduras se prepara para las elecciones más trascendentales desde su retorno a la democracia en los años 80. Más de seis millones de ciudadanos decidirán el rumbo del país en medio de una polarización inédita y bajo la sombra de unas Fuerzas Armadas (FFAA) que han dejado atrás la neutralidad constitucional para convertirse en actores políticos y deliberantes, desafiando al Consejo Nacional Electoral.
– Militares deliberantes marcan las elecciones más críticas desde los 80.
Garantes según la Constitución, de la seguridad del proceso electoral, el libre sufragio y la alternabilidad en el poder, las Fuerzas Armadas acuden a este proceso arropando la bandera del oficialismo, pregonando un cambio de modelo en el sistema político y económico a favor del socialismo democrático que impulsa la izquierda. La voz cantante la lleva el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, quien se ha vuelto altamente político y deliberante.
Hernández, quien, desde los acontecimientos del 9 de marzo, cuando las Fuerzas Armadas fueron severamente criticadas por su mal desempeño en la custodia de las maletas electorales que anduvieron deambulando por varias horas en la capital, ha iniciado una estrategia de ataque-defensa, caracterizada por mensajes de intimidación y acciones concretas en contra de quienes sostiene son “enemigos” de la institución.
Con esa estrategia, el general Hernández ha roto los principios que rigen al instituto armado: apolíticos, obedientes y no deliberantes. En época de elecciones, las Fuerzas Armadas pasan en materia electoral a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) y deben acatar lo que el máximo ente rector electoral ordene y decida. Pero no ha sido así.
Desde que el general Hernández asumió la conducción de las Fuerzas Armadas, él y su cúpula han roto los principios de neutralidad castrense: han puesto a disposición sus medios públicos—financiados con los impuestos de los hondureños—para transmitir informaciones en favor del oficialismo, atacar a los medios de comunicación social a quienes acusa de ser “aliados” del crimen organizado y de “lavar” su dinero; ha entablado denuncias por querellas en contra de al menos 13 medios de comunicación y ahora en contra de una de las consejeras del CNE, Cossette López, por delitos de calumnias e injurias por lesionar “el honor” castrense.
Los desafíos al CNE
Pero también se han negado a prestar sus instalaciones para albergar los vehículos del Estado que serán usados dentro del proceso electoral como ordena la ley. Las Fuerzas Armadas expresaron al CNE que no pueden prestar sus instalaciones del Campo de Parada Marte porque están priorizando la instalación de la Villa Navideña. Los militares, que se ufanan de ser expertos planificadores, no contemplaron en su planificación de 2025 que había elecciones y que siempre las instalaciones del Campo de Parada Marte sirven para alojar los carros del Estado que solicite el CNE.
Esa es una de las desobediencias que el instituto castrense hace a las autoridades del CNE—rectorado mayormente por 2 mujeres a quienes han intimidado desde el inicio de los comicios primarios y ahora generales–, mientras le exigen que les den acceso a las actas de la Juntas Receptoras de Votos a nivel presidencial para conocer quién ganó la presidencia de la República.
También quieren detalles de los contratos de logística y otros que hace el CNE para garantizar los comicios y dar cumplimiento al cronograma electoral. La consejera Cossette López ha denunciado que, en las instalaciones del CNE, los militares llegan y toman fotografías a los empleados, quieren entrar a áreas reservadas como los centros de monitoreo, quieren saber dónde se instalarán los GPS que irán en las maletas electorales, llegan a husmear en el área de contrataciones e intimidan al personal. Los militares quieren irrumpir en espacios que no son de su competencia.
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ha sido sólida en sus respuestas a los militares al recordarles su función constitucional. Rechazó su petición de entregarles las actas de las Juntas Receptoras de Votos a nivel presidencial y llamó al jefe del Estado Mayor Conjunto a abstenerse de brindar opiniones o peticiones que no son de su competencia. También les pidió no desinformar a través de sus medios oficiales sobre el proceso electoral, luego de que éstas cuestionaran los retrasos en el cronograma, ante la incertidumbre en ese momento de la adjudicación del contrato de la empresa responsable de transportar las maletas electorales.
Consejera Hall pide no desinformar
La consejera Hall les pidió no “desinformar” ni brindar información o datos “imprecisos o incompletos” sobre el proceso electoral. Trascendió que uno de los consejeros del CNE. Marlon Ochoa—quien fue señalado por autoridades del órgano electoral, de boicotear por más de un mes el cumplimiento del cronograma electoral instalando una crisis interna por el contrato de transmisión de resultados y biometría—habría sugerido que los militares se encargaran del transporte de las maletas electorales, que el general Roosevelt Hernández participara de la sesión del pleno para definir el tema del transporte—pero el pleno rechazó esa propuesta y recordó a los militares cuál es su papel constitucional en el proceso.
Esa beligerancia de las Fuerzas Armadas es defendida por el oficialismo y académicos afines al proyecto político de Libertad y Refundación, el partido en el poder, alegando que se está frente a unas Fuerzas Armadas “más democráticas” que no están supeditadas a los grupos de poder y han entrado en rebeldía a favor de las causas justas del pueblo. Señalan que habrá “momento y coyuntura” para analizar los alcances de sus funciones constitucionales, pero este no es el “momento histórico”.
Para el exfiscal del Estado, Edmundo Orellana, “hasta hace poco nadie dudaba de la objetividad e imparcialidad de las FFAA. Qué lástima. Quienes dañan su imagen deben recapacitar”, dijo Orellana en sus redes sociales. El exfiscal ha acuerpado las decisiones del CNE en cuanto a definir los límites y el rol que les corresponde a los militares.
Los militares, previo a las elecciones primarias e internas y ahora en las generales, venían generando señales de ruptura de su neutralidad y los principios de apoliticidad que les rigen. Su actual cúpula, en especial el general Hernández, se ha decantado por un cambio de modelo y sistema político hacia el llamado Socialismo del Siglo XXI, sus discursos cada vez más políticos y en franca confrontación con quienes cuestionan el rol castrense, en particular luego de las elecciones primarias de marzo.
De acuerdo con el sondeo de opinión de los jesuitas, luego de las primarias, el nivel de confianza en las Fuerzas Armadas apenas es de 15.7 %, mientras el nivel de percepción de corrupción en el cuerpo armado es de 47.12 %.
Las elecciones primarias fueron un detonante que minó la credibilidad en las Fuerzas Armadas, cuya cúpula castrense, lejos de reflexionar, ha intensificado sus ataques y desafíos al ente al cual en la época electoral deben obediencia: el Consejo Nacional Electoral
Las fisuras de la primaria entre los militares y el CNE no han subsanado, la presión pública e internacional se centra en llamarles a jugar el rol constitucional sin sobrepasarse en sus funciones. No en vano, la comunidad internacional, entre ellas los Estados Unidos ha sido directo al recordarles a las Fuerzas Armadas el deber de apegarse a la Constitución y cumplir las reglas de la democracia, sin interferencias ni exabruptos que contribuyan a deteriorar la institucionalidad, la integridad electoral y la democracia.
Honduras va asi a unos comicios trascendentales en donde uno de los árbitros constitucionales como son las Fuerzas Armadas, se jugarán también su rol como garantes de la alternabilidad en el poder o cómplices de prácticas antidemocráticas propias de los regímenes autoritarios como Nicaragua y Venezuela. (PD)
