Tegucigalpa – Mientras el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se prepara para conocer un amparo reciente, millones de hondureños se dirigen a las urnas bajo un régimen de restricciones que ha sido prorrogado 25 veces desde diciembre de 2022, generando voces de alarma sobre la democracia en el país.
– Expertos coinciden en que la resolución judicial podría ser clave para restaurar la confianza, pero el tiempo apremia en un país marcado por la incertidumbre.
A solo días de las elecciones generales del 30 de noviembre, la CSJ de Honduras mantiene un silencio prolongado sobre recursos legales interpuestos contra el estado de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y que, según expertos y organizaciones civiles, pone en riesgo la integridad del proceso electoral.
Ver: Honduras acude a elecciones bajo estado de excepción, tras ampliación número 25
El estado de excepción, implementado inicialmente por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para combatir la extorsión, el narcotráfico y la violencia, ha sido extendido de manera continua, con la última prórroga hasta el 26 de diciembre de 2025 mediante el decreto PCM-37-2025.
Esta medida suspende derechos fundamentales como la libertad personal, la asociación y reunión, la libre circulación, la inviolabilidad del domicilio y protecciones contra detenciones arbitrarias, afectando directamente a más de 6 millones de electores en un país de 10 millones de habitantes.
CSJ conocerá nuevo recurso
En la Sala de lo Constitucional se logró una mayoría de votos sobre el recurso de amparo interpuesto en contra de la medida del estado de excepción para las elecciones generales.
En ese sentido, el recurso pasa al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya que no hubo unanimidad sobre la petición de la suspensión del acto reclamado.
Ver: Pleno de la CSJ conocerá amparo sobre estado de excepción
Un magistrado votó a favor de la admisión del recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, pero explicó en su voto que solo abarca al recurrente y no a toda la población.
Cabe recordar que el recurso de amparo fue interpuesto por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, a favor de su persona y de la población en general.
Por otro lado, se estableció un voto particular que pedía el recurso de amparo, pero sin suspensión del acto reclamado, alegando que las afirmaciones del recurrente resultan carentes de argumentación jurídica.
Cabe señalar, que la CSJ ha admitido varios recursos contra esta medida, pero no ha emitido resoluciones definitivas, lo que ha generado críticas por falta de celeridad e independencia. En mayo de 2025, la Sala Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), solicitando la suspensión del estado de excepción. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha resuelto el fondo del asunto, y al igual que Gustavo Solórzano la ASJ espera una resolución favorable que restituya las garantías constitucionales.
Diputados aprueba improbar prórroga del estado de excepción
El pleno de diputados del Congreso Nacional, compuesto por una mayoría de 71 legisladores, determinó el 18 de noviembre improbar la prórroga del estado de excepción.
En esta tercera sesión extraordinaria, la mayoría de diputados del Congreso Nacional se reunieron en un hotel capitalino para abordar el informe de una comisión especial legislativa y un análisis del estado de excepción.
Ver: Pleno de diputados aprueba improbar prórroga del estado de excepción
La diputada Maribel Espinoza propuso improbar los estados de excepción y la suspensión de garantías constitucionales que no fueron sometidos ni aprobados en el Congreso Nacional.
Advirtió que los empleados públicos como la Policía Nacional, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), Fuerzas Armadas y Policía Militar de Orden Público (PMOP) que contravengan o incumplan esta resolución incurrirán en responsabilidad criminal.
Organizaciones alzan la voz
Organizaciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) han alzado la voz y han instado repetidamente a la CSJ a examinar la legalidad de los decretos de prórroga, destacando que la mayoría de estos -23 de 24- se publicaron en La Gaceta sin discusión ni aprobación previa del Congreso Nacional, violando el artículo 187 de la Constitución.
La omisión de control constitucional por parte de la Corte genera preocupación, especialmente en un año electoral, ya que podría implicar responsabilidades penales y administrativas para funcionarios públicos.
Ver: Estado de excepción deja un escenario marcado por violaciones a los DDHH en Honduras: Conadeh
Analistas como Kenneth Madrid han señalado que la decisión del pleno podría demostrar la independencia de los magistrados, en un contexto donde la CSJ incluye representaciones partidarias.
La presidenta de la CSJ, Rebeca Obando, ha evitado referirse directamente a la legalidad del estado de excepción, enfocándose en otros temas como la violencia doméstica durante eventos públicos.
Clamor ciudadano por elecciones sin restricciones
Mientras la CSJ demora, un coro de voces desde la sociedad civil, abogados y analistas exige elecciones libres sin el yugo del estado de excepción, argumentando que pone en riesgo la transparencia, la integridad y la participación democrática.
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha sido una de las críticas más contundentes: «Ir a elecciones bajo estado de excepción es llamar libertad al silencio forzado, participación al miedo y soberanía a la obediencia».
Ver: CNA advierte que celebrar elecciones en estado de excepción es un riesgo a la integridad electoral
Castellanos denunció que la medida sirve para «mostrar músculo» gubernamental, neutralizando reclamos sociales sin impactar al crimen organizado, y advierte que no hay democracia verdadera con suspensiones de garantías.
Nelson Castañeda, de la ASJ, cuestionó la justificación de la medida para combatir la extorsión, recordando que la Constitución no permite estados de excepción parciales y que viola responsabilidades penales.
Ver: Hondureños a elecciones con derechos y garantías constitucionales suspendidas
En audiencias internacionales, también se ha hecho eco de este clamor ciudadano, como la celebrada en Washington, dónde se enfatizó la necesidad de elecciones libres y transparentes, sin restricciones que sitien la democracia.
A medida que Honduras se acerca al domingo 30 de noviembre, la ausencia de un pronunciamiento de la CSJ deja abierta la interrogante: ¿puede haber democracia plena cuando el voto se ejerce bajo el peso de derechos suspendidos?
