Tegucigalpa – Al menos media docena de fiscales del Ministerio Público han sido imputados por la comisión de delitos que van desde narcotráfico, lavado, hurto, parricidio, hasta violación de los deberes de los funcionarios. El último episodio lo agregó la fiscal Francia Sofía Medina, quien sustrajo 88.6 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
– En 2013 renunció al cargo el Fiscal General, Luis Rubí, luego que desde el Congreso se gestara su salida por presunta corrupción.
El caso de la fiscal Medina, con una larga carrera en la regional de San Pedro Sula, ha vuelto las miradas en ese ente acusador del Estado, ya que la funcionaria se valió de una cadena de personas para sustraer los 2.5 millones de dólares de las arcas nacionales.
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La joven fiscal hondureña presumía sus lujos en redes sociales. Desde viajes, rutinas de gimnasio, ropa y su escultural cuerpo, la funcionaria del Ministerio Público no tapaba la vida de excesos.
La fiscal imputada era investigada desde hace algún tiempo y producto de ello fue suspendida del cargo, situación que aprovechó para incapacitarse los dos últimos meses, tiempo que también ocupó para seguir haciendo retiros de las bovedas del BCH.
Medina fue detenida el miércoles de esta semana, pero la Fiscalía pidió una extensión de 48 horas para poder ser presentada en audiencia de imputados hasta el viernes por la tarde. A la funcionaria se le dictó detención judicial y se programó la audiencia inicial para este domingo 3 de diciembre.
El oficial de comunicaciones del MP, Yuri Mora, informó que se investiga la participación de más personas en este expediente, igualmente se analizan los documentos y las firmas que presentó Medina para ejecutar con los retiros.
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El fiscal que ordenó muerte de su esposa
Uno de los casos más recientes ocurrió el 27 de mayo de 2022 cuando sujetos desconocidos asesinaron a la fiscal Karen Almendares dentro de su vivienda ubicada en el barrio Chagüite de la ciudad de Nacaome.
El suceso -según la propia Fiscalía- fue ordenado por el fiscal Isaí Evenot Campos Rodríguez, quien guarda prisión tras comparecer en las primeras audiencias a la espera del juicio oral.
Al fiscal Campos Rodríguez, se le considera autor intelectual del crimen y a su sobrino Pablo Noel Marcia Rodríguez (prófugo) se le imputa el delito de asesinato a título de autor material.
En la audiencia inicial se evacuaron 110 medios probatorios, entre documentales, testificales y periciales, lo que incluye 64 actas de decomiso de videos y 21 embalajes de CD’s.
El acto sicarial se perpetró tras un plan de asesinato ordenado por Campos Rodríguez, quien esperaba a los ejecutores de la muerte violenta en el municipio de San Lorenzo, escoltándoles hasta el trayecto de la posta policial de Pavana, para que luego Pablo Noel Marcia Rodríguez llegara a su casa donde funciona el negocio “El Clandestino Bar y Rest”, situado en la cabecera departamental de Choluteca.
Del recorrido, el Ministerio Público y la DPI tienen registro, constatándose que el fiscal encausado se condujo en su vehículo Toyota Hilux placa HAV 6388 y su sobrino Pablo Noel Marcia Rodríguez en un Ford Escape que a la hora del hecho criminal tenía la placa oculta y posteriormente en una gasolinera de la carretera panamericana bajaron a descubrirla, siendo esta HBG 3044.
Previo a su captura, el fiscal Campos intentó quitarse la vida en junio de 2022 e incluso fue hospitalizado gravemente en su condición de salud en el Seguro Social de la capital hondureña.
Además, en mayo de 2013, el fiscal Campos Rodríguez, sobre quien pendía una acusación por los delitos de lavado de activos y tráfico de drogas, se presentó voluntariamente a los juzgados de San Pedro Sula, donde compareció en audiencia de imputados, posteriormente fue remitido al penal sampedrano.
En esa oportunidad fue mencionado durante la operación “Julián Arístides Gonzales”, cuando se dictaron requerimientos fiscales contra 84 personas. Fue suspendido del cargo, pero luego de desvanecer las acusaciones logró reintegrarse a la Fiscalía hondureña.
Otro fiscal condenado por enriquecimiento
El 9 de diciembre de 2021, la justicia hondureña impuso una pena de cinco años de reclusión al exfiscal del Ministerio Público Juan Francisco Gonzales Euceda por el delito de enriquecimiento ilícito.
Igualmente, el exfuncionario del MP fue condenado a pagar una multa de un millón 346 mil 562 lempiras con 32 centavos, que corresponde al monto total con los que se enriqueció de manera ilegal y que deberá ser entregada a la Tesorería General de la República o en una institución del sistema financiero.
Además, a Gonzales Euceda le añadieron las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena privativa de la libertad.
De acuerdo a la investigación, este caso comenzó a raíz de una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito presentada en 2007 ante la entonces Fiscalía Contra la Corrupción, cuando Gonzales Euceda fungía como fiscal en El Progreso.
Posteriormente, el expediente es remitido en 2011 a la FESCCO para que se iniciará investigación por el delito de lavado de activos, por lo que en 2016 se aplicó a dichos bienes la medida de aseguramiento en base a lo establecido en la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
De acuerdo a la investigación, el exfuncionario, luego de presentar una declaración jurada ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se le detectó un incremento millonario en su patrimonio y que según los análisis su capital no era compatible con los ingresos percibidos como funcionario.
Mediante la Operación Perla, le aseguraron cinco viviendas, dos terrenos, siete vehículos, cuatro sociedades mercantiles y 28 cuentas bancarias en San Pedro Sula, Cortés y El Progreso, Yoro, bienes que se traspasaron a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Los bienes estaban a nombre de Juan Francisco Gonzales Euceda y familiares del exfiscal, entre ellos: Iris Jeannete Rodríguez García, Juan Carlos Gonzales Hernández, Elizabeth Noemí Euceda Marcía y Elías Gerardo Gonzales Euceda.
Fiscal de SPS pedía coimas
El 3 de octubre de 2013, en la ciudad de San Pedro Sula fue declarada culpable la fiscal del MP, Evelyn Yamileth Pinto por el delito de cohecho.
La Fiscalía de Lucha Contra la Corrupción la imputó en un caso en que ella cobró una cantidad de dinero a personas a cambio de favorecerle en un juicio entablado en los tribunales sampedranos.
El Ministerio Público presentó las pruebas contundentes y logró acreditar la culpabilidad de la profesional del derecho.
La exfiscal asignada a la Fiscalía de Delitos Comunes solicitó la cantidad de 30 mil lempiras a cambio de beneficiar a una joven acusada de hurto en perjuicio de la sociedad mercantil Multicable en Choloma, pero al final sólo recibió 15 mil de parte de la hermana de la acusada.
El sonado caso de la fiscal Gina Ramos
En 2003 la fiscal Gina Antonella Ramos Girón fue acusada por el Ministerio Público de asesinar a su esposo Dick de Jesús Padilla, pero en 2007 un tribunal de sentencia la declaró inocente al comprobar que la madrugada del 26 de septiembre de 2003, a las 3.30 de la mañana, a Dick Padilla se le cayó una desgastada arma tipo uzi, que estaba en automático, ejecutando cuatro disparos consecutivos, dos de los cuales pegaron en el rostro de Padilla y otros dos en el techo.
El tribunal lo integraron los jueces Julissa Aguilar, Josseline Donaire y Félix Ávila, quienes declararon la inocencia de la fiscal Ramos.
La versión de la Fiscalía, que acusó de parricidio a Gina Ramos (9 años mayor que Padilla), estableció que la pareja estuvo en varios restaurantes e ingirieron alcohol. Luego dejaron a dos amigos que los acompañaban y empezaron una discusión que se prolongó hasta que llegaron a la casa en la colonia Lomas de Toncontín. Discutieron en una de las habitaciones de la vivienda. Ramos le pedía los tiros del arma de reglamento a su esposo, forcejearon y ella tiró el cargador en el pecho y lo lesionó, sin embargo en medio del forcejeo, le golpeó los testículos, lo hizo sangrar y llorar. Después, Ramos buscó el arma y le disparó, según la acusación.
En ese momento, Gina Ramos era una abogada egresada de la primera promoción de agentes de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) y se desempeñaba como fiscal contra el crimen organizado en el Ministerio Público cuando de acusadora se convirtió en acusada.
Un primer juicio celebrado en abril del 2004 absolvió a la fiscal y concluyó que se trató de un accidente. La Fiscalía apeló y en la repetición del juicio en agosto del 2007, Ramos de nuevo fue absuelta, no había ninguna evidencia que la incriminara, según el tribunal.
Fiscal Fletes acusado por narcotráfico y lavado
En diciembre de 2013, los Tribunales de Sentencia de San Pedro Sula determinaron dejar en libertad al excoordinador de fiscales de esa ciudad, Augusto Rafael Fletes, a quien se le acusó por los presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de activos. Junto al profesional del derecho también fueron absueltos tres ciudadanos guatemaltecos.
Fletes estuvo un poco más de un año en prisión, y luego de ser librado de las acusaciones, culpó al entonces Fiscal General, Luis Alberto Rubí, por haber creado toda la trama en su contra.
El 6 de diciembre de 2012 como parte de la Operación Julián Arístides González (JAG), se logró la detención de Rony Adalberto Perdomo, Juan Luis González y Howard Gilbert Castellanos y el exfiscal Rafael Fletes. Todos fueron acusados por los presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de activos.
Fletes había pedido su retiro voluntario desde julio de 2010. Tanto Fletes como Juan Luis González García, un exdiputado guatemalteco; así como Howard Gilbert Castellanos y Denis Omar Calderón, ambos de profesión pilotos, fueron liberados tras el fallo judicial.
Excoordinador de Fiscalía de Colón condenado
Otro caso, data de diciembre de 2012, cuando por los delitos de extorsión y cohecho, un juzgado de la costa norte condenó a cinco años de prisión a un excoordinador de la Fiscalía de Tocoa, Colón, Jacobo de Jesús Erazo Osorto.
Según el informe, el funcionario exigía 100 mil dólares a un testigo protegido para que le desaparecieran unos expedientes que lo ligaban a actividades del narcotráfico.
La sentencia para Erazo Osorto fue fundamentada bajo los delitos de cohecho, allanamiento de morada, extorsión y abuso de autoridad.
Así, se cuentan los episodios en los que funcionarios fiscales se han involucrado con el delito. Otros casos no han alcanzado llegar a instancias judiciales, pese a una estela de cuestionamientos públicos que posiblemente encuentren eco con el interinato de los fiscales Johel Zelaya y Mario Morazán. Esto está por verse. JS
