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Institucionalidad en crisis tras graves denuncias que involucran a la Policía, el MP y el BCH

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Tegucigalpa – Dos nuevos escándalos sacuden la institucionalidad de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Uno es más grave que otro porque tiene que ver con la vida de 46 privadas de libertad que fueron ejecutadas presuntamente bajo la responsabilidad de la institución policial, mientras el otro revela una trama en la que una fiscal sustrajo 63 millones de lempiras de una cadena de custodia que estaba en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).

Ambas confabulaciones tienen matices surrealistas de las historias propias que se cuentan en series de Netflix, pero que tienen el denominador común que ocurrieron en Honduras, un país donde la violencia les arranca la vida a 10 personas cada día.

El primer caso, lo denunció en las últimas horas la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien aseguró que la Policía Nacional es una de las responsables en la masacre de 46 mujeres en la cárcel de Támara, hecho ocurrido el 20 de junio de 2023.

La alta funcionaria del gobierno, reveló que una gran parte de los cartuchos que fueron percutidos durante ese crimen múltiple, pertenecen a la industria que aprovisiona a la Policía Nacional. Igualmente destacó que parte de las armas utilizadas en la matanza pertenecen a ese cuerpo de seguridad.

La subsecretaria de Seguridad denunció la participación de la Policía Nacional en la matanza de 46 reclusas.

Detalló que 15 balas encontradas en los cuerpos de las víctimas, coinciden con las armas utilizadas por el cuerpo del orden público.

La funcionaria reafirmóؚ que gran parte de las armas y municiones que se usaron en el contexto de la matanza de mujeres en Támara pertenecían a la Policía Nacional, aunque también dijo que había armas “gringas, rusas, brasileñas, argentinas entre otras”.

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Villanueva apostilló que hay una gama de evidencias que comprometen a la Policía Nacional en la matanza de mujeres recluidas en la cárcel de Támara, más allá de armas y las municiones que se usaron durante el ataque.

Detalló que las pruebas científicas incluyen video, llamadas telefónicas y el retraso en el que se intervino en la escena.

Al momento del ataque, Julissa Villanueva, fungía como coordinadora de la Junta Interventora de las cárceles nombrada por la presidenta Xiomara Castro, en un intento por controlar los centros penitenciarios desde donde se generan muertes, sicariato, extorsiones y una gama de delitos que amenazan la seguridad de los hondureños.

Las revelaciones de Villanueva fueron refutadas por la Policía. El cuerpo de seguridad se excusó en que varias armas y casquillos que se adquirieron a través de la Tasa de Seguridad a nombre de la Policía Nacional, no se encuentran en poder ni en el inventario de la institución.

La Policía Nacional aseguró que por este hecho se ha individualizado la participación de 19 reclusas a título de autor material y seis como participes, aunque no hay acusaciones formales.

Respondieron que ningún funcionario de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía Nacional pondrá en riesgo los procesos investigativos como divulgarlos mientras los resultados no se hayan presentado.

Fotos del úlbum familiar de la fiscal Francia Sofía Medina, quien fue detenida en las últimas horas.

Fiscal sustrae L. 63 millones

El otro caso que sorprendió a la hondureñidad fue la sustracción de 63 millones de lempiras (evidencias en dólares) que el Banco Central de Honduras mantenía guardados como evidencias.

El desfalco fue ejecutado por la fiscal Francia Sofía Medina, que de acuerdo a las investigaciones de equipos especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), estos retiros los realizó sin haber comunicado a las autoridades superiores del Ministerio Público en los últimos dos años.

En ese contexto, el Ministerio Público solicitó a las autoridades del Banco Central explicar cuáles fueron los mecanismos administrativos que se utilizaron para estas devoluciones ya que la fiscal no tenía las autorizaciones para continuar haciendo estas diligencias.

El Banco Central de Honduras (BCH) respondió que cuenta con la documentación de respaldo de todos los depósitos y retiros en garantía solicitados por las fiscalías autorizadas por el Ministerio Público.

Subrayaron que devuelven los depósitos de garantía en mención, una vez que las fiscalías del MP los solicitan, suscribiendo para ello un acta de entrega de valores, debidamente firmada.

Reiteraron que todas sus acciones son ejecutadas observando sus procesos internos con base a Ley y apegado al principio de la ética, como valor fundamental de la Institución.

Con base en lo anterior el MP anunció que comenzó un proceso de depuración en contra de fiscales, agentes o cualquier empleado del Ministerio Público que esté dedicado a cometer hechos delictivos, porque no se permitirá más corrupción.

Kenneth Madrid, director de seguridad y justicia de ASJ.

Necesidad de imputar a autores de matanza

El director de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Kenneth Madrid calificó de “delicadas” los develamientos de la alta funcionaria y ponen en entredicho la institucionalidad del país.

Citó que las revelaciones de la viceministra Villanueva en las que asegura que en la matanza de Támara se utilizó armamento de la Policía Nacional, “lo que demuestra es el alto grado de infiltración del crimen organizado en este cuerpo de seguridad”.

Acentuó que “de alguna manera hay involucrada gente que está en la Policía Nacional y tiene nexos con el crimen organizado”.

Madrid refirió que hace unos años se pasó por un periodo de transformación y depuración de la Policía, en el que fueron apartados miles de miembros de la carrera policial, sin embargo ese proceso no siguió y el crimen organizado ha infiltrado de nuevo ese cuerpo de seguridad.

No dudó en mencionar que seguramente, así como en la masacre de PNFAS, igualmente existe participación de funcionarios policiales en otro tipo de sucesos violentos ocurridos en los últimos meses.

Rechazó que la investigación de la matanza de 46 reclusas se haya turnado a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), porque existe un conflicto de intereses. Las diligencias debieron asignarse a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

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“Aquí nos va a demostrar el secretario de Seguridad (Gustavo Sánchez) que existe un interés fuerte para resolver este caso y demostrar que se quiere llegar hasta el fondo asignando el caso a la ATIC para que haya un manejo imparcial y transparente”, valoró.

Debe existir un compromiso fuerte del gobierno –prosiguió Madrid- en varias vías: asignar los recursos necesarios a la Policía Nacional para fortalecer sus procesos de certificación; y debe haber una directriz fuerte institucional para asignar la investigación a la ATIC sobre la matanza en Támara que permita llegar a las últimas consecuencias.

El experto en seguridad recordó que en la sangrienta fuga de Alexander Mendoza, alias “El Porkis”, también se involucró a efectivos policiales por la indumentaria que se utilizó en el espectacular rescate.

“Lo anterior nos recuerda que hay mucho trabajo por hacer a lo interno de la Policía Nacional, y que la investigación de lo ocurrido en Támara debe llegar hasta el final, ellos tienen una deuda con la sociedad hondureña porque a la fecha, sobre este suceso lamentable no sabemos si existen avances en las investigaciones. Deben mostrarnos los autores intelectuales y materiales, pero también debe existir un compromiso que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, reflexionó.

Puntualizó que la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional aprobada en 2018, establecía una Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales fortalecida con una unidad de certificación de la carrera policial de forma permanente respaldada con instrumentos de confianza.

Acusación atrevida de la viceministra

El abogado Raúl Pineda Alvarado.

A criterio del analista Raúl Pineda Alvarado insinuar que la Policía Nacional tiene participación en la masacre de PNFAS “es un tanto atrevido y lo delicado de la información requiere disponer de un arsenal probatorio que genere una certeza positiva de que así pasó”.

Aseveró que el hecho que en la escena de la matanza, el pasado 20 de junio, se hayan encontrado municiones y armas oficiales, no determina necesariamente la participación policial.

Recomendó iniciar un proceso minucioso de investigación para deducir la responsabilidad que hasta ahora no se ha entablado.

“Este es un problema que se fraguó fuera del penal, no desde adentro, ahí se desarrollaron los hechos, pero el apoyo logístico, el acceso a las armas y las municiones implicó el pago de fuertes cantidades de dinero que no estaban a disposición inmediata de las reclusas”, esbozó.

Sugirió a Villanueva aportar la prueba que tiene en su poder y la presente ante la Fiscalía hondureña.

Pineda Alvarado reflexionó que de ser cierto lo que afirma Villanueva “estamos a disposición de criminales con uniforme, si lo que dice es cierto, es vergonzoso y criminal no tomar las acciones propias del caso”.

Muchos responsables

En otro apartado, el observador de temas nacionales representó que lo ocurrido con la sustracción de 63 millones de lempiras por parte de una fiscal del MP, se relaciona con lo que llamó “el cuarto poder del gobierno: el crimen organizado”.

Ejemplificó que la sola transportación de esas cantidades millonarias, requieren de la participación de varios sujetos. “No creo que una fiscal por sí misma, aunque pertenezca a una fiscalía especializada, le permitan tomar una iniciativa de esa naturaleza por sí misma”.

Recordó que en el MP han ocurrido casos de sustracción de evidencias, dinero y armas desde las bodegas de la cadena de custodia.

“Estamos ante la oportunidad de tener un nuevo Ministerio Público, pero el debate se centra sobre quién será el Fiscal General y de qué partido será, el tema es una reforma institucional, una reingeniería absoluta para separar a los buenos fiscales de los que están sucios”, caviló.

Concluyó que el gobierno ya debió instruir una investigación profunda en torno a estos dos casos que sacudieron la conciencia del país en las últimas horas.

El titular del Codeh, Hugo Maldonado.

Irresponsabilidad de Villanueva

De su lado, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Maldonado lamentó que a más de cinco meses de la muerte violenta de 46 mujeres en la cárcel de Támara, no haya responsables y mucho menos acusaciones en los tribunales de la República.

“Desde el Codeh creemos que a estas alturas debería existir un requerimiento fiscal en contra de quienes cometieron la matanza. Desde la perspectiva del Codeh, los funcionarios que estaban en ese centro penitenciario deben de ser incluidos en las acusaciones”, indicó.

Se preguntó: ¿Cómo ingresaron las armas para cometer la masacre? ¿Quién introdujo el combustible que se usó para quemar los cuerpos de las mujeres?

Asimismo, citó que a la fecha existen dos cuerpos que no aparecen ni entre las víctimas de la tragedia y tampoco entre las reclusas que quedaron vivas.

El defensor de DDHH, concitó que hay responsabilidad del Estado de Honduras en la tragedia carcelaria. En el caso de las declaraciones de la viceministra Villanueva, refirió que por todos sus entuertos y polémicas públicas “deja mucho que desear” y no son propias de una alta funcionaria de Seguridad.

“Sentimos que ha habido irresponsabilidad en el manejo de los casos por parte de la viceministra”, señaló el titular del Codeh que acentuó “la impunidad es de ella, ella es viceministra, que no venga con discursos políticos, es alta funcionaria, que deje la bandera y los colores políticos, que se preocupe por resolver los casos que ella misma denuncia”, arremetió.

Puntualizó que “la Policía, que ella critica es la misma que representa, me parece que la camisa del cargo le ha quedado muy grande, por lo que debería poner a disposición su cargo, ella en vez de resolver los casos más bien los enreda”.

En ambos casos surge la pregunta obligada sobre si existió negligencia o complicidad, pero lo más importante aún es saber los nombres de los autores materiales e intelectuales de los ilícitos. JS

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