Tegucigalpa – El aspirante a la Presidencia de Honduras, Santos Rodríguez Orellana, fue acusado por parte del Ministerio Público de lavar activos a raíz de sus vínculos con la criminalidad organizada y el tráfico de drogas.
– Es el segundo político en menos de un mes que es señalado de lavado de activos. Hace unas semanas corrió la misma suerte el alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez, actualmente preso y en proceso penal.
– Se procedió además al aseguramiento de 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos.
Rodríguez Orellana aspira a convertirse en presidente de Honduras en las próximas elecciones del 28 de noviembre. Se ubica en la papeleta electoral en la casilla 5 por el Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE). Su candidatura fue admitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de cumplir los requisitos de inscripción.
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Este capitán de Infantería fue dado de baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de Honduras en octubre de 2016, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico. Asimismo, fue declarado como persona de interés de los Estados Unidos, según informó la embajada americana en aquella oportunidad.
El imputado denunció en su momento al exdiputado Juan Antonio Hernández y el exministro de Defensa, Samuel Reyes, de ser los dueños de un helicóptero que fue confiscado por las FFAA y que estaba repleto de cocaína.
Este jueves el capitán Rodríguez fue capturado en la terminal aérea Toncontín cuando regresaba de un viaje de Islas de la Bahía, junto a su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y la hija menor de ambos.
Al momento de su captura, el exoficial de las FFAA dijo que se trata de una venganza del presidente Juan Orlando Hernández.
Visiblemente nervioso y molesto, señaló que no tiene dinero y que desconoce por qué se le acusa de lavado de dinero. “Espero que también capturen al presidente y un montón de generales de las Fuerzas Armadas que he denunciado”, expresó Rodríguez.
Constantemente el ahora imputado por lavado de activos, ha denunciado planes para asesinarlo, también ha estado involucrado en procesos penales que van desde querellas hasta investigaciones por su participación en el asesinato de personas en La Mosquitia.
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Se trata de la segunda captura de un político en menos de 20 días, luego que el 20 de octubre fuera detenido el alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez, acusado junto a su esposa y miembros de su núcleo familiar de lavar más de 164 millones de lempiras.
El Ministerio Público detalló que junto a Rodríguez Orellana, también se acusa por lavado de activos a Jennifer Lizzeth Bonilla (esposa) y Reina Lizeth Bonilla (suegra), ésta última detenida en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.
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La acusación del MP
De acuerdo a las investigaciones fiscales, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el exoficial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “Zipe”.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra, según lo informado por el MP.
Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del exoficial de las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Lo anterior, -según el MP- evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.
Investigado hace siete años
El oficial de comunicaciones del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo que las investigaciones contra Rodríguez Orellana datan de 2014 por parte de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
Agregó que para componer la acusación se entrevistó a varios testigos protegidos y se realizaron monitoreos de transacciones financieras atípicas para poder construir un sólido requerimiento fiscal.
Mora enfatizó que al exoficial Rodríguez Orellana, su esposa y suegra se les acusa básicamente de lavado de activos en el movimiento injustificado de 238 millones de lempiras en la última década.
Detalló que el propio imputado, Rodríguez Orellana, conocía las diligencias investigativas en su contra e incluso se presentó a las instalaciones de la Fiscalía para contestar algunas interrogantes de los fiscales asignados al caso.
El funcionario fiscal, aseveró que “las investigaciones son contundentes, hemos entrevistado testigos protegidos y hay movimientos financieros atípicos que fueron analizados por el equipo fiscal”.
Aseguramientos
Igualmente, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), informó que se ejecutaron allanamientos y aseguramientos.
Se procedió al aseguramiento de 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que serán traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (AOBI).
La Fiscalía informó que en una de las viviendas aseguradas se encontró un tunel.
Crimen y narcotráfico, actores en elecciones
A criterio del analista Raúl Pineda Alvarado, lo ocurrido en las últimas horas solo demuestra que todos los sectores de la sociedad están penetrados por el crimen organizado.
“La realidad nos dice que hay una gran cantidad de diputados asesinados por su relación con el crimen organizado, anda entre nueve y 11 los muertos en las últimas dos décadas, además hay acusaciones en las cortes de New York, también hay candidatos investigados por lavado de activos en los EEUU, que tenemos un aspirante presidencial que fue capturado hoy”, esbozó.
Enfatizó que “el crimen organizado y el narcotráfico es un jugador más dentro de este juego que dicen es democrático para elegir a un nuevo presidente, por la enorme cantidad de recursos que aportan a las campañas y con los cuales pretenden asegurar territorios”.
Pineda Alvarado, aseveró que las instituciones hondureñas están permeadas por las estructuras criminales, las que buscan asegurar sus actividades mediante el poder político.
“En Honduras el financiamiento ilícito continúa. Hoy nos encontramos que en las planillas van personas dedicadas al tráfico de drogas. Ese problema no ha sido abordado con seriedad, yo insisto que hay pocas verdades en este mundo del combate a la criminalidad, las que prosperan con la colusión de las autoridades”, señaló.
En el caso específico del exoficial Santos Rodríguez Orellana, cuestionó que sea hasta ahora que el MP presente acciones en los tribunales a pocos días de las elecciones generales.
Dijo que las acciones fiscales generan suspicacias y no pueden dejar de ser asociadas a presunta venganza por las denuncias hechas por Rodríguez Orellana que tienen que ver con los señalamientos a Juan Antonio Hernández, hoy condenado a cadena perpetua por narcotráfico en EEUU.
“Las actuales condiciones políticas no dejan de generar alarma que aspirantes, ya sea grandes o pequeños, sean detenidos y enjuiciados por sus vínculos con el crimen y el narcotráfico. Esto lo sabía el Ministerio Público hace muchos años y ahora en el momento más inoportuno se ejecutan estas órdenes de capturas”, citó el analista.
Puntualizó que la captura de Rodríguez Orellana elevará la temperatura política electoral en Honduras. “Un sector dirá que es un acto de venganza y otro dirá que es un acto de justicia, lo único real es que esto no sirve para tener elecciones trasparentes y pacíficas”, remató.
¡Vergonzoso!
Como vergüenza calificó el director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, que en la papeleta electoral aparezcan candidatos acusados de narcotráfico y lavado de activos.
“Qué vergüenza para una nación y para la historia de este país, que en una papeleta electoral va a aparecer una persona que está siendo acusada de narcotráfico y lavado de activos”, declaró Hernández.
El dirigente de sociedad civil reaccionó a la captura del presidenciable Santos Orellana por vínculos al lavado de activos.
Mencionó que el capitán dado de baja deshonrosa en las Fuerzas Armadas no tenía muchas posibilidades de ganar en las elecciones generales.
Carlos Hernández lamentó que el sistema político no tiene control para evitar que cualquier persona con vínculos al narcotráfico aspire a la Presidencia.
Puntualizó que el crimen organizado y el narcotráfico siguen vigente y se confirmó que no hay los controles necesarios para que no penetren en la política.
Finalmente, el director de ASJ concluyó que Santos Orellana no debe ser inhabilitado hasta que no exista una sentencia firme.
PD
