Tegucigalpa – Los políticos hondureños se encuentran lanzados en la tarea de ocupar los cargos de los tres magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya que los actuales vacan este jueves, y desde ya los liberales y nacionalistas reclaman parte del pastel, mientras denuncian que Libre quiere quedarse con todo, tal como ocurrió con el Ministerio Público (MP).
– Desde febrero de este año el TSC quedó incompleto y prácticamente no hubo resoluciones de pleno.
– Vaca el pleno del TSC ante incertidumbre de sucesores e incierta lucha anticorrupción.
La suspicacia que la comisión permanente del Congreso Nacional, controlada totalmente por Libre, quiere imponer los tres fiscales se desataron cuando designó una comisión encargada de recibir los currículos de los que aspiran a ser designados magistrados del tribunal de cuentas.
Ante este panorama, primero fueron los liberales que ordenaron a los dos integrantes de dicha comisión receptora de currículos que se mantengan. Y el propio presidente del liberalismo, Yani Rosenthal, señaló que, si se hacen a un lado, Libre nombraría a sus magistrados.
Este miércoles los nacionalistas tomaron la decisión de negociar para tener un representante en todos los organismos que son de elección del Congreso.
Caduca mandato de actuales magistrados
El actual pleno de magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), vaca en sus puestos a partir de este jueves en medio de una incertidumbre por la elección de sus sustitutos y cuestionamientos por su desempeño en la lucha anticorrupción.
Este proceso de elección se da en un ambiente de incertidumbre en el Congreso Nacional que no ha sesionado desde el 31 de agosto, y existen dudas de cómo será el nombramiento de sus nuevos funcionarios ante el antecedente de elección de autoridades interinas en el Ministerio Público.
Y es que el procedimiento para elegir a las autoridades interinas de la Fiscalía mediante una comisión permanente, integrada por nueve diputados oficialistas, provocó una avalancha de críticas y cuestionamientos, además de previsiones sobre otras elecciones de segundo grado.
A tenor de esos temores, que auguran el nombramiento de nuevas autoridades del órgano contralor del Estado, desde el oficialismo advierten que si la oposición legislativa no apoya la elección de estos funcionarios, les meterán “un nuevo gol” como ocurrió con lo del MP.
En tanto, la oposición denuncia la pretensión del gobierno de tener el control de todas las instituciones, un escenario que les permitiría perseguir a todo el que se les oponga y tapar actos de corrupción que se cometan en la actual administración.
Igualmente, debe considerarse que, durante su último año de gestión, el pleno de magistrados ha estado incompleto ante la renuncia de Roy Pineda, quien desde febrero fue electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El puesto vacante que dejó Roy Pineda no fue sustituido por el Congreso Nacional, tampoco el Partido Libertad y Refundación (Libre) propuso a alguien para suplir este espacio que dejó el funcionario nominado por ellos.
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Esta situación ocasionó una disfuncionalidad del pleno de magistrados, quienes dejaron claro que algunos casos prescribieron, así como la pérdida de recuperación de algunos valores mediante responsabilidades civiles.
Alrededor de 10 meses estuvo el TSC sólo con dos magistrados -José Juan Pineda y Ricardo Rodríguez- quienes insistieron en el nombramiento del funcionario para ocupar la vacante de Roy Pineda, pero esto nunca se materializó en 10 meses.
Incluso existen dudas que este jueves 7 de diciembre se escoja a los nuevos magistrados debido a la falta de consenso entre las fuerzas políticas, la polarización y la parálisis legislativa, tomando en cuenta que los sustitutos deben ser electos por 86 votos, y no se avizora un escenario favorable para hoy.
La versión más fuerte es que la comisión permanente del Congreso Nacional escoja autoridades interinas en el TSC con apenas la voluntad de nueve diputados oficialistas.
El Congreso Nacional, a través de la comisión permanente, nombró una comisión especial para que se encargue de revisar las hojas de vida y expedientes de los postulantes al TSC.
Esta comisión especial se integró así: Carlos Raudales (DC), Mario Segura y Vidal Cerrato del Partido Liberal, Román Morán (suplente de la diputada independiente Ligia Ramos), Ricardo Jaar (Partido Nacional), Karen Martínez (PAC), Rafael Sarmiento, Isis Cuéllar, Luis Enrique Ortega, Mario Portillo y Luz Angélica Smith, de Libre.
Tanto el Partido Nacional como el Partido Salvador de Honduras (PSH) se oponen a asistir una convocatoria que realice el CN bajo la comisión permanente, pero también rehúsan que se escoja a autoridades interinas bajo el procedimiento empleado con las autoridades del MP.
No obstante, los liberales han aflojado un poco su postura luego que las bancadas y los alcaldes dieran luz verde para que Mario Segura y Vidal Cerrato puedan integrar esta comisión especial y buscar consensos en la elección del TSC.
Mientras los nacionalistas acordaron que exigirán a Libre que se les integre en los organismos como el TSC, El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad Fiscalizadora de la Política Limpia y reiteró la denuncia que desde el Congreso Nacional nombren a los tres magistrados, dejando por fuera a la oposición.
Hace siete años, un 7 de diciembre de 2016, el Congreso Nacional bajo el mandato de Mauricio Oliva escogió a José Juan Pineda, Roy Pineda Castro y Ricardo Rodríguez como los magistrados que regirían el ente contralor y por primera vez con representación de las tres fuerzas mayoritarias.
Una de las características que ha tenido este pleno de magistrados de sus antecesores es la facultad de velar por el uso adecuado de los bienes y recursos del Estado por un plazo de tres años para auditar dichos fondos.
Esto fue aprobado por la anterior administración del Congreso Nacional bajo el decreto legislativo 116-2019, pero considerado por muchos sectores como un “pacto de impunidad».
Este decreto legislativo impedía que los funcionarios fueran investigados ni acusados por el Ministerio Público por uso indebido de recursos durante el período de la auditoría de fondos.
Además, si el TSC determina que los fondos fueron indebidamente utilizados, los responsables tendrán un plazo de 4 años para reintegrar dichos fondos antes de poder ser acusados penalmente por el Ministerio Público.
Esto ocasionó que varios sectores cuestionaron la lucha contra la corrupción de las autoridades y señalaban que el ente contralor no tenía la capacidad ni la facultad de auditar los fondos con prontitud.
No obstante, este decreto conocido como “Fondo Departamental” fue derogado por el Congreso Nacional el 2 de agosto del presente año y fue publicado en el diario oficial La Gaceta tres días después.
A criterio del abogado Marlon Duarte, la comisión permanente del Congreso Nacional sólo puede nombrar al magistrado que está ausente en el pleno.
Constitucionalmente, la comisión permanente tiene la facultad de nombrar interinamente el que haga falta, dijo el reconocido profesional del derecho.
Señaló que el artículo 500 del Código Penal establece que ningún funcionario podría abandonar su cargo mientras no se haya hecho el nombramiento de su sustituto.
“Mi posición es el uno que hace falta si lo puede nombrar la comisión permanente, pero los tres en propiedad cuando se elija por mayoría calificada, no pueden”, declaró.
Duarte opinó que la comisión permanente del CN puede elegir de manera interina al magistrado que haga falta para completar el pleno; cuando las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, lleguen a un consenso, pueden ratificar al interino y nombrar los otros dos.
Es decir, Libre podría nombrar a través de la comisión permanente a un magistrado interino y cuando logre consenso con la oposición ratificar al interino y nombrar los otros dos.
No obstante, advirtió que se puede dar el escenario que sucedió con el exfiscal general Óscar Chinchilla, en que los magistrados dejen sus puestos argumentando que finalizó el periodo, y la comisión permanente nombre interinos.
En ese sentido, la oposición debe plantearse si le es conveniente dejar que Libre nombre a quien quiera.
Seguiremos si no hay consensos
El magistrado saliente del TSC, José Juan Pineda Varela, manifestó esta semana que, si el Congreso Nacional no elige a su sustituto, él seguirá en su puesto hasta que haya acuerdo entre las fuerzas políticas.
Aunque enfatizó que su intención es dejar el cargo a su sustituto este jueves, exhortó a las fuerzas políticas que, sí requieren de más tiempo para hacer las cosas de manera correcta, que lo hagan.
“Nosotros quisiéramos que el Congreso Nacional se pusiera de acuerdo para que el jueves venga asumir el acuerdo y la responsabilidad que se tiene con el pueblo”, dijo a periodistas.
Si no nombran, no podemos dejar libre la institución porque seríamos irresponsables, pero no queremos eso, queremos que se elija si se ponen de acuerdo, recalcó.
No importa el tiempo que pase si es necesario que se tarde un poco más para hacer las cosas de manera correcta, bienvenido sea, continuó.
Consultado por su gestión, Pineda Varela afirmó que dejó muchos proyectos beneficiosos para la población hondureña y en el combate a la corrupción. Nosotros cumplimos con el pueblo y nos retiramos con la frente en alto, defendió.
Destacó proyectos como la declaración jurada digital que sirve para que todos los funcionarios públicos sean responsables de declarar sus activos y pasivos, también funciona para tener alertas de que si hay un funcionario se ha enriquecido de manera ilícita.
Igualmente, resaltó la escuela de capacitación para auditores internos del TSC y de las instituciones.
Sobre la ausencia de un magistrado en el último año de su gestión, minimizó el impacto de esta situación e indicó que lo único que perjudicó son los plenos resolutivos.
Es decir, lo único que se paran son las resoluciones, que no se resuelven los informes que son impugnados por diferentes apoderados legales y muchos de estos pueden prescribirse, explicó.
El magistrado descartó las denuncias que dentro del TSC se haya procedido a destruir documentos, garantizó que tiene las grabaciones de todos los días y aseguró que nadie se prestó para esa seria denuncia.
Tenemos buenos controles a pesar que desde afuera quieren destruir esta institución, lamentó.
Finalmente, reveló que durante su gestión el TSC remitió al Ministerio Público de unos 15 a 20 expedientes con indicios de responsabilidad penal.
Realicé mi trabajo respetando la Constitución, mis acciones están escritas en las actas donde están mis posiciones y debatimos mis posiciones están fundamentadas en la Constitución y leyes, sentenció.
El CN nos falló
Mientras que el magistrado saliente del TSC, Ricardo Rodríguez, lamentó que el Congreso Nacional no haya nombrado el sustituto de Roy Pineda y consideró que este poder del Estado le falló a la operatividad del ente contralor.
“A mí sólo me queda sentir que nos fallaron, en el sentido que nos dejaron solos, si habría estado el otro magistrado podríamos haber continuado y hubiésemos hecho más por Honduras”, declaró Rodríguez.
Indicó que le correspondía a Libre a hacer el nombramiento de Roy Pineda, pero que por algún motivo no lo hizo.
Señaló que por este motivo las auditorías están paradas porque no pueden ser desechadas, que quien lo puede determinar si hay indicios o no de responsabilidad penal serán los nuevos magistrados.
Rodríguez afirmó que está listo para dejar el cargo a su sustituto y definió su gestión como un cumplimiento a la tarea encomendada de investigar las acciones de las instituciones que manejan fondos del Estado.
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Cumplió propósitos de partidos políticos
A criterio del dirigente de sociedad civil, Lester Ramírez, tildó que la gestión de este pleno de magistrados fue buena para quienes querían que le protegieran sus intereses.
“Ellos llegaron con un propósito y cumplieron a los partidos políticos que les nombraron”, dijo a Proceso Digital.
Ramírez puntualizó que el ente contralor ha venido en decadencia en su labor por varios años mencionando las denuncias por acoso o la desaparición de expedientes.
Avizoró que los nuevos magistrados seguirán trabajando para los partidos políticos que los nombren.
“El jueves, si cambia el Tribunal de Cuentas, no cambiará la óptica de trabajo, es un lugar para servir a los partidos políticos”, señaló.
No obstante, Ramírez no prevé que hoy se elija a los nuevos magistrados indicando que el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, continúa con su viaje a China, todavía se está negociando y predijo que la elección será hasta enero de 2024. AG
