Tegucigalpa (Proceso Digital) – La sentencia condenatoria en contra del exdirector de la desaparecida Invest-H, Marco Bográn, a 10 años y 11 meses de prisión, más el pago de una multa de más de mil millones de lempiras, es apenas el inicio de un largo camino que el exfuncionario deberá recorrer en los tribunales de justicia, pues de acuerdo al Ministerio Público, el caso de la estafa de los hospitales móviles tiene al menos 10 líneas de investigación, y apenas se ha logrado la sentencia en una de ellas.
Marco Bográn, un joven abogado, de profesión, se destacó por ser el desarrollador de proyectos con fondos internacionales en la llamada Cuenta Desafío del Milenio, un proyecto promovido por la USAID, que le dio a Bográn un alto perfil por considerársele un técnico que había desempeñado con éxito las funciones encomendadas.
Esa trayectoria dentro de la Cuenta de Milenio lo llevó a entrar de lleno a la administración pública, en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa y posteriormente en el de Juan Orlando Hernández, desde donde manejó millonarias cantidades de recursos públicos hasta llegar al caso de los hospitales móviles, una de las mayores estafas hechas al Estado de Honduras, similar al saqueo que fue objeto el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), según el Ministerio Público.
Bográn llegó a ser considerado uno de los cargos de mayor influencia en la administración del expresidente Hernández, con poderes por sobre otros funcionarios públicos, y fue el tema del manejo de la pandemia el que le potenció con un poder inmenso en la era Hernández, un exgobernante que fue extraditado por acusaciones de narcotráfico a Estados Unidos donde librará una batalla judicial en una corte de Nueva York el próximo año.
La condena a 10 años y 11 meses de prisión con una multa de 1,475 millones de lempiras a Marco Bográn es la primera que se obtiene por el caso de los hospitales móviles, una compra millonaria hecha en plena pandemia, llena de irregularidades, mentiras y mucha desinformación. Lo que el Ministerio Público considera como una estafa contra las arcas públicas, se gestó en un chat abierto por Bográn y otros implicados hacia los cuales se espera que el Ministerio Público libre también requerimientos.
En medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, el gobierno autorizó la compra de emergencia de siete hospitales móviles que, se presumía, vendrían a mitigar la crisis sanitaria para atender a las personas afectadas por la COVID-19. La compra se ordenó por un monto de 47.4 millones de dólares, y Bográn, en un “barrido por internet” encontró al proveedor de los mismos, el guatemalteco con nacionalidad estadounidense, Axel López, de la firma Elmed Medycal System, a quien pagó de contado, bajo el concepto de “llave en mano”, los hospitales más caros que ha adquirido el país, que no llegaron a tiempo, y que resultaron siendo una especie de piezas, con retazos buenos y malos.
De poderoso e intocable, a presidiario
El empresario Axel López, tiene una orden de captura en su contra, radica en Estados Unidos, pero no puede ser extraditado porque el convenio de extradición entre Honduras y Estados Unidos no obliga a este último país a su reciprocidad. Él promueve en ferias el éxito de sus “hospitales móviles” obtenidos en Honduras.
Investigaciones hechas por instancias civiles como la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), revelaron, además, que los hospitales móviles fueron sobrevalorados en su precio entre 12 y 30 millones de dólares. El caso se convirtió así en una novela más de la corrupción en Honduras.
El 27 de junio de 2020, Marco Bográn, fue destituido, al no poder sustentar la mentira en torno a la compra y llegada al país de los hospitales móviles. Bográn inicia su calvario y su encuentro con la justicia, enfrentando el primero de los varios juicios por venir, relacionados a este caso. La Fiscalía anunció que las otras líneas de investigación están avanzadas y próximas a librar nuevos requerimientos.
El 10 de junio, cuando Marco Bográn, escuchaba la lectura de sentencia donde le condenaban a más de 10 años de cárcel, en las afueras de la sala, le esperaban para trasladarlo a otra audiencia pendiente, esta vez, por una nueva causa abierta por el Ministerio Público relacionada con la millonaria compra de mascarillas, plagada presuntamente de irregularidades con vicios de corrupción.
En esta nueva causa, le acompaña también el exdirector administrativo de Invest-H, Alex Moraes, quien fue detenido cuando transitaba por la capital. Moraes, también salió implicado en la primera línea del caso de los hospitales móviles, pero fue absuelto y condenado a una inhabilitación de varios años para ejercer la administración pública. Cuando saboreaba los aires de libertad, fue capturado nuevamente por el caso de las mascarillas.
El Ministerio Público, por medio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), interpuso requerimiento fiscal en contra de siete involucrados en un nuevo acto de corrupción a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) por la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19. El monto en juego en esta transacción sería por el orden de los 50 millones de lempiras.
Bográn y Zelaya
Los exfuncionarios imputados son Marco Antonio Bográn Corrales (director), Alex Alberto Moraes Girón (administrador de patrimonio vial), Carlos Luis Guevara Mondragón (contador general), Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (especialista administrativo y financiero) por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Del mismo modo, los empresarios Juan José Lagos Romero,propietario del grupo G y T S.A. de C.V, Elena María Hernández González, representante legal de Germar Ferretería y María Elena Palacios Hernández de Germar Ferretería por suponerlos responsables del delito de fraude.
Esta nueva causa en contra de Marco Bográn recuerda el camino que por hechos de corrupción ha transitado también el ex director del IHSS, Mario Zelaya, quien suma varias condenas y apelaciones por el caso del desfalco en esa institución, que tuvo que ser intervenida para sacarla del colapso, sin que se haya podido recuperar del todo en sus finanzas. La crisis del Seguro Social sigue en agonía permanente.
Mario Zelaya fue también un prominente médico que incursionó en la política y al llegar a la administración del IHSS, selló el declive de su carrera profesional y política al verse implicado en un escandaloso fraude que llevó a la gente a salir a las calles en marchas de por la dignidad y antorchas encendidas que culminaron con la instalación en el país de la MACCIH, una misión que terminó yéndose del país, expulsada por las elites políticas cuando ésta empezó a tocarlas.
La historia de éxito de Zelaya y Bográn como destacados profesionales, ahora se entrelaza por el hilo de la opacidad que une sus casos, con sentencias condenatorias en los tribunales, y otros casos más por enfrentar, y que recuerdan que este fenómeno es endémico, transversal y estructural. En los casos de Bográn y Zelaya, sus condenas deberían ser un ejemplo a la clase política y burócrata de cómo podrían acabar sus días si hacen un mal manejo de los fondos y ejecutorias públicas, pero también, son un reflejo que los operadores de justicia siguen con la deuda de llegar hasta los cabecillas que dieron las órdenes a estos ex burócratas para delinquir contra la salud de los hondureños y las finanzas públicas. (PD)
