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Hospitales móviles, el fraude gestado desde un chat

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Tegucigalpa  – La compra de los hospitales móviles al empresario Axel López, se gestó desde un chat denominado «alta gerencia Invest-h», mucho antes de que la Secretaría de Salud lo solicitara, según el Ministerio Público que además asegura que ese proyecto llave en mano, es un hecho fraudulento «simulado» por los implicados, en un escándalo de corrupción durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

– Antes de recibir el pago por los primeros dos hospitales, Axel López apenas tenía $200 en una cuenta bancaria, se desmenuza en el requerimiento fiscal.

El 15 de marzo de 2020, Marco Bográn, entonces director ejecutivo de Invest-H, difundió en el chat “alta gerencia Invest-H”, un mensaje en el que hacía referencia de que tenían que comprar 10 hospitales, anexando varios links de imágenes de hospitales, sin que, a esa fecha, se hubiera recibido la solicitud de la secretaría de Salud al respecto, revela el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público.

La compra de los hospitales móviles al empresario Axel López, se gestó desde un chat denominado «alta gerencia Invest-h».

Bográn- sostiene el documento- ya socializaba la posible compra de los hospitales móviles, necesidad que fue generada por Salud hasta el 16 de marzo de 2020. El ex director de Invest-H, incluso ya había contactado y sostenido conversaciones con Axel López y el día que las autoridades de Salud enviaron la solicitud, compartió en el chat “alta gerencia de Invest-h” la dirección de la página web “HospitalesMóviles.com MobileHospitalUSA.com”, adjuntando un archivo PDF contentivo de un brochure en el que se especificaba la referencia a un contrato “Llave en mano”, determinando que el cliente sería la Secretaría de Salud y el proyecto (COVID-19).

El ex director de Inversiones Estratégicas de Honduras, ya había sostenido conversaciones telefónicas con Axel López y en el chat desde donde se gestó el montaje de la negociación, ya había “socializado” que los precios de los hospitales oscilaban entre un valor de seis a ocho millones de dólares sin tener un soporte formal por parte del proveedor, de acuerdo al MP.

Marco Bográn, cuando se destapó el escándalo de los hospitales móviles dijo a los medios de prensa que no conocía a Axel López—quien tiene una orden de captura internacional difundida a través de la Interpol—y que lo había encontrado “googleando”, pero según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, esa relación no habría sido tan “casual”.

Los hospitales oscilaban entre un valor de seis a ocho millones de dólares sin tener un soporte formal por parte del proveedor, de acuerdo al MP.

El 17 de marzo de 2020, un día después que la Secretaría de Salud, solicitara los hospitales de aislamiento, el representante legal en Honduras de la empresa Hospitalesmoviles.com, Daniel Antonio Ardón, tras acreditarse como tal, envió un correo electrónico a Marco Bográn con un brouchure conteniendo la oferta de la adquisición de los hospitales móviles y otros archivos adjuntos, entre ellos la orden de compra y factura proforma, oferta en la que “no determinaba las especificaciones técnicas, características, equipo médico, camas, capacidad de atención, ni precios por dichos hospitales móviles”, señala el requerimiento fiscal.

La orden de compra enviada por el representante de Axel López en Honduras, fue emitida en inglés, “procedimiento que está al margen de los Principios de Contratación Pública, ya que la orden de compra debe ser emitida por el órgano contratante, en este caso Invest-H, previo a la negociación y formalización correspondiente (precios, para obtener condiciones más ventajosas para la administración) omitiendo Marco Antonio Bográn lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Contratación del Estado”, señala el documento que cuestiona que Bográn no haya sometido esa propuesta al Consejo Directivo de Invest-H para la aprobación de la misma como lo establece el procedimiento legal que rige ese organismo.

Anticipados

Daniel Antonio Ardón, tras acreditarse como tal, envió un correo electrónico a Marco Bográn con un brouchure conteniendo la oferta de la adquisición de los hospitales móviles y otros archivos adjuntos.

Así, de esta forma Marco Bográn procedió a contratar la compra de los hospitales móviles violando procedimientos internos, sin la autorización del Consejo Directivo, por medio de correos electrónicos, un procedimiento que según el Ministerio Público era también ilegal porque a la fecha de suscripción de los contratos la Ley de Firmas Electrónicas no contemplaba el procedimiento del simple intercambio de correos electrónicos para acreditar de manera fidedigna la identidad y por tanto la voluntad de las partes contratantes, sino que 16 días después de la adquisición de los siete hospitales móviles, es decir, el tres de abril de 2020, se reforman los artículos 7 y 27 del decreto 149-2013 de la Ley de Firmas Electrónicas.

Los fondos con que se pagaron los más de 47 millones de dólares de los hospitales móviles salieron del presupuesto de la Empresa Nacional Portuaria, dinero que estaba destinado al fideicomiso de infraestructura vial, según las investigaciones hechas por el Ministerio Público.

Hospitales móviles inspeccionados por la ATIC despertaron dudas por sus condiciones físicas.

Las pesquisas del Ministerio Público que dieron pie al requerimiento fiscal detallan cada una de las pericias hechas: seguimiento de los movimientos de pago, inspecciones de los hospitales móviles, los desperfectos encontrados, facturas emitidas por Elmel Medical Systems y no por el fabricante Vertisa Cevre Ltd, así como los incumplimientos de lo que se estima debe ser un contrato “llave en mano”, es decir, dotados de todo el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento.

En contraste, los hospitales móviles y las plantas de tratamientos carecían, entre otras falencias, de equipo médico esencial como ventiladores mecánicos, la sala de radiología no cuentan con ningún tipo de protección radiológica externa, las salidas de emergencia fueron mal diseñadas en su ubicación, denotando que el fabricante no contaba con la capacidad ni la experiencia necesaria para la construcción de hospitales, diseño y equipamiento para este tipo de hospitales móviles para el manejo adecuado de pacientes con COVID-19.

Algunos de los hallazgos

El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), inspeccionan uno de los contenedores que traen dos hospitales móviles adquiridos en Turquía por Inversión y Estrategia de Honduras (Invest-H).

En cada uno de los hospitales adquiridos a Axel López, el Ministerio Público encontró cualquier cantidad de desperfectos, por ejemplo, en la inspección del 20 de noviembre de 2020, los hospitales destinados para Juticalpa, Danlí y la Ceiba, cada uno con capacidad de 51 camas, se registraron los siguientes hallazgos: cada hospital cuenta únicamente con ocho ventiladores mecánicos en las dos salas de cuidados intensivos, únicamente para atender ocho pacientes, siendo insuficiente la cantidad de  pacientes proyectados, ya que ambas salas cuentan con 10 camas, cada una, por lo que no cubre la necesidad de atención para 20 pacientes covid19, los hospitales que serán instalados en esas ciudades traen transformador de  400V, en las zonas donde van a ser instalados estos hospitales el voltaje suministrado por la ENEE es de 34,700V.

Un hecho que destaca el requerimiento fiscal en la relación de negocios entre Axel López e Invest-H, es que en sus investigaciones se logró determinar que López antes de que el Estado le pagara por los dos primeros  hospitales móviles, éste apenas tenía $200 en la cuenta número 120056152 a nombre de Elmed Medical Systems en una institución bancaria, “por lo que esta empresa no tenía la capacidad financiera para poder contratar la construcción de 7 hospitales y las plantas de tratamiento”.

Fue el “Estado de Honduras quien financió la compra de los siete hospitales y las siete plantas de tratamiento y no Axel Gamaliel López Guzmán con sus propios recursos, en este caso siendo que era un contrato denominado “llave en mano” donde el contratista se obliga a proporcionar todos o algunos de los siguientes elementos, entre ellos el financiamiento”, según establece el requerimiento fiscal.

Una compra inexistente

Bográn y Moraes son acusados de dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los funcionarios por la compra de hospitales móviles.

Para el Ministerio Público, la actuación de Marco Bográn y el entonces administrador de Invest-H, Alex Moraes, con la compra de los hospitales móviles fue “simulada e inexistente ya que los términos y condiciones de la oferta son diferentes a los términos y condiciones plasmadas en las dos órdenes de compra; de igual manera ofertaron equipo médico/mobiliario/no médico era de alta calidad, y que los productos y marcas conocidas cumplían con las normativas internacionales de calidad y al momento de realizar las tres inspecciones se determinó que eran distintas a las ofertadas en el brochure (folleto)”.

“Asimismo, no contenían el equipo médico esencial para su funcionamiento como ser: los ventiladores mecánicos los cuales según los expertos son primordiales para el tratamiento de pacientes en este tipo de pandemia COVID-19, es así que el órgano contratante Invest-h representado por el señor Marco Antonio Bográn Corrales de común acuerdo con el señor Axel López guzmán suscribieron dos órdenes de compra carentes de los requisitos que exige la Ley de Contratación del Estado y su reglamento (…)”, sostiene el requerimiento fiscal.

Marco Bográn y Alex Moraes, fueron acusados por los delitos violación de los deberes de los funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la administración pública. Ellos ya se encuentran ante juez competente, pero de los hallazgos y pesquisas hechas por el Ministerio Público, están planteadas. Todo, según se desprende del requerimiento.

Bográn y Moraes se encuentran detenidos en un batallón militar a la espera de su próximo encuentro con la justicia, ellos se declaran inocentes, sus defensores afirman que las decisiones fueron tomadas en consejo de ministros, pero el requerimiento del Ministerio Público detalla otra historia de lo que aseveran fue un fraude y una compra simulada. (PD)

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