Tegucigalpa – A medida que se intensifican las campañas políticas de cara a las elecciones primarias e internas de marzo de 2021, la Unidad de Fiscalización de la Ley de Política Limpia avanza contrarreloj en una carrera en la que tiene más limitaciones que facilidades para atajar el dinero sucio en las campañas políticas. Los comicios primarios serán su primer gran ejercicio en eventos de esta índole, donde las mañas empiezan a ser denunciadas.
El 23 de enero, siguiendo el cronograma electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dio el banderillazo para el inicio oficial de las campañas políticas y con ello la puerta para el ingreso del dinero a las campañas políticas procedentes de aportaciones, recolectas, entre otros, que también pueden, potencialmente, comprender lo ilícito.
De acuerdo con los expertos, el financiamiento público de partidos y campañas puede ser lícito si se efectúa por medio de la reposición de gastos de campaña, de acuerdo con la votación obtenida, fijando un monto que el Estado pagará a los partidos políticos por cada voto a su favor que reciban. Esto se conoce como la deuda política a cancelar a los partidos políticos. Los recursos no apropiados que pueden ingresar a las arcas de las campañas están vinculados con fondos negros, por su origen de organizaciones criminales o irregulares si se trata de los fondos estatales.
En el caso de los fondos públicos, son manifestaciones para poner a disposición de una campaña dinero o bienes del erario de distinto tipo. Así lo detalla el doctor Ramón Romero en un estudio de financiamiento de campañas, en el cual identifica algunas de estas modalidades.
Entre las formas de financiamiento público ilícito son utilizadas a lo largo de la región latinoamericana prácticas que van desde transferir dinero del presupuesto público a la campaña, utilizar trabajadores públicos en beneficio de la actividad proselitista, usar instalaciones públicas con fines de campaña y utilizar logística y materiales públicos en el interés partidario.
Mientras, el financiamiento privado procedente de organizaciones lícitas o ilícitos, entra también en juego en las campañas políticas y mientras unos pueden limitarse o restringirse, otros no dejan huella y van desde actos de corrupción hasta narcotráfico.
Honduras aprobó en octubre de 2016 la Ley de Política Limpia orientada a regularizar el financiamiento de las campañas políticas para cerrar paso al dinero sucio procedente de mecanismos ilícitos públicos y privados, pero esta surgió con fuertes limitantes. La Ley de Política Limpia fue una de las iniciativas de la MACCIH, misma que fue expulsada del país hace un año.
El dinero en las primarias
Hoy, cuando el país se aboca a un nuevo proceso electoral, marcado por la incertidumbre y la polarización, el tema de las campañas políticas y su financiamiento vuelve a cobrar interés.
Los expertos señalan que hay un delgado hilo entre la política y el dinero sucio del narcotráfico, una especie de frontera invisible que, en el caso de Honduras, pone a la Ley de la Política Limpia en el desafío de demostrar si podrá identificar o no los dineros ilícitos procedentes de ese tipo de financiación de los grupos criminales paralelos al poder.
Desde su creación en el 2016, la Ley de Política auditará por primera vez las campañas políticas electorales primarias e internas, algo que agarra a su Unidad Fiscalizadora—responsables de echarla a andar—contrarreloj porque se desconocen algunos parámetros de financiamiento para este tipo de campañas, que se presume, deben ser más modestas que las generales, últimas que serán en noviembre próximo.
La Cámara Legislativa en diciembre de 2020 hizo varias reformas de último momento a la Ley de Política Limpia en lo concerniente al financiamiento de campañas. La reforma permite que los movimientos internos designen a una persona particular a abrir cuentas bancarias, a nombre de la corriente que representan, permitiendo así que no necesariamente sea el precandidato presidencial el que figure.
La idea es que estas corrientes, al carecer de personería jurídica, puedan rendir cuentas a la Unidad Fiscalizadora de Política Limpia, justifican los parlamentarios, pero otros líderes políticos señalan que ello busca facilitar la apertura de cuentas a todos.
La Unidad de Fiscalización de la Ley de la Política Limpia no ve problema en esa determinación y señala que todos los que aspiren a un cargo de elección popular deben rendir cuentas, ir al banco y registrar una cuenta para el financiamiento público y otra para el financiamiento privado.
En ese sentido, han hecho llamados a los aspirantes políticos para que abran sus cuentas y les reporten para monitorear el dinero de sus campañas, caso contrario serán sancionados. Pero los movimientos y aspirantes no están respondiendo con la diligencia debida, recién son capacitados o conocen los alcances de la Ley de Política Limpia y la campaña ya inició en medio de una pandemia, que limita también su forma de accionar.
Los parámetros para medir el financiamiento de la campaña política en las primarias deberán ser bien definidos por la unidad de fiscalización, pues, aunque algunos hagan concentraciones más allá de lo requerido por el contexto de la pandemia, el ambiente se presta a la discrecionalidad del uso de fondos no visibles, pero reales y constantes.
¿Hasta dónde los movimientos y aspirantes en los diversos niveles electivos se abrirán al rastreo de los fondos públicos? ¿Cómo medirán el gasto en los llamados territorios calientes y zonas penetradas por el narcotráfico? ¿Cuál es el techo mínimo y el máximo para las campañas primarias e internas? ¿Será el mismo usado para las generales? ¿Podrá un aspirante presidencial en primarias gastar 544 millones de lempiras como es el techo fijado para las generales, por ejemplo?
Hasta ahora, los responsables de la unidad de fiscalización han indicado que desplegarán al menos 50 auditores a las zonas sospechosas de recibir dinero del narco en las campañas para monitorear sus concentraciones y gastos a fin de compararlas con los reportes que manden. ¿Podrá atajarlos en esas zonas y en otras donde también hay fuerte flujo de dinero ilícito público? Cuándo habrá un reporte del gasto de campaña en las primarias: tres meses después o cuatro años después de realizadas, como fue con la campaña de 2017, es decir, ¿hace cuatro años? Son los retos de la Unidad y de la Ley de Política en un escenario político desafiante. (PD)
