Tegucigalpa (Por Joel Perdomo) – Honduras se apresta para la instalación de una comisión internacional para hacerle frente a la corrupción, tal como lo hizo desde enero de 2016 hasta 19 de enero de 2020, con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) tras un convenio entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA), producto de una masiva demanda ciudadana en las calles, pidiendo un cese a la corrupción, ahora el escenario es distinto, pues la solicitud esta vez viene desde la Presidencia de la República.
Desde que salió la MACCIH-OEA de Honduras, muchas cosas han cambiado, algunos de los 13 casos fueron revertidos en los tribunales de justicia, echando mano del recién aprobado Código Penal,el cambio de gobierno generó grandes expectativas respecto al combate a la corrupción, pero una amnistía para presos y perseguidos políticos, generó fuertes cuestionamientos a la actual administración, que llegó al poder con la promesa de erradicar ese y otros flagelos.
La MACCIH, cuyas investigaciones revelaron actos de corrupción inimaginables, encontró en el Congreso Nacional su más grande barrera para continuar con su misión, ya que desde ese poder del Estado, se promovieron iniciativas que rápidamente fueron aprobadas para limitar no solo al mecanismo de la OEA, sino también al Ministerio Público, que pasó a depender de un informe previo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para poder ejecutar la acción penal.
La cámara legislativa, en medio de tantos cuestionamientos, aprobó reformas a la Ley Orgánica del TSC, con ello el Ministerio Público y sus fiscalías adscritas, quedaron al margen de casos que estaban investigando por presunta corrupción, que además, lejos de fomentar la transparencia, la obstruía, ignoraba peticiones como la aprobación de la Ley de Colaboración eficaz, promovida por la MACCIH, como la herramienta que pondría tras las rejas a los corruptos.
Además de eso, la MACCIH tuvo que ver como desde los segmentos más altos del poder, se instruía para que se detuvieran algunas investigaciones, entre ellas, una pesquisa contra el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Meses después el Legislativo hondureño pidió al Poder Ejecutivo no renovar el convenio de la Misión, esa petición fue respaldada por 71 diputados, la mayoría oficialistas, contra otros 52 restantes que pedían su continuidad.
Después de enfrentarse a las redes de corrupción y poderes reales, la Misión tuvo que salir de Honduras, quizá en su mejor momento, porque con sus 13 casos presentados, logró arrinconar a políticos, empresarios y otros refutados actores de la sociedad hondureña. Uno de sus tres voceros, Juan Jiménez Mayor, en su momento denunció que en el desmantelamiento de la MACCIH, participó el Poder Ejecutivo y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Entre múltiples acosos, la MACCIH asumió su misión, aunque se percibe quedó inconclusa, ante ello es imperativo creer que la participación de mecanismos internacionales en el combate a la corrupción sigue siendo una necesidad según los expertos. Ahora el gobierno busca cumplir su promesa de campaña en instalar la CICIH, esta vez auspiciada por la ONU y bajo un contexto muy diferente, donde el Poder Ejecutivo y Legislativo, se presentan como los principales aliados.
La supresión de normativas como la Ley de Secretos Oficiales, normativa que estuvo vigente desde el 2914, además la reforma a Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que devuelve facultades quitadas al Ministerio Público, serán determinaciones que allanarán el camino de la nueva Comisión Internacional, que se pretende instalar en el país y aunque su periodo para su permanencia es incierto, las pláticas entre el gobierno y la ONU están muy avanzadas para que en los próximos meses, la CICIH pueda echar andar su plan para combatir la corrupción.
Esta semana una misión exploratoria de las Naciones Unidas, estará llegando a Honduras para conocer las condiciones en que Comisión se instalará, los personeros se reunirán con las máximas autoridades del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), además agentes de la sociedad civil, sectores empresariales, fiscales del Ministerio Público, entre otros agentes que juegan un papel preponderante en el país centroamericano.
Sobre este contexto Proceso Digital dialogó con expertos, autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, agentes de sociedad civil entre otros sectores para analizar el nuevo escenario en que deberá gravitar la CICIH, desde varios puntos de vista auguran éxito para la misión pero advierten que no debería haber ningún tipo de condición en su acuerdo, mientras desde la oposición política, dicen que no hay esperanza porque un pacto de impunidad se antepone.
La asistencia internacional es muy necesaria
Edmundo Orellana Mercado, ministro de Transparencia y Combate a la Corrupción, dijo a Proceso Digital que con el cambio de autoridades en los entes operadores de investigación y justicia, como la Fiscalía y Corte Suprema, se podría creer innecesaria la asistencia internacional para combatir no solo la corrupción, sino también la impunidad, ya que además, otros flagelos como criminalidad y narcotráfico lograron penetrar desmedidamente en la institucionalidad.
La Secretaría de Transparencia será la encargada de diseñar el mecanismo internacional y el convenio entre Honduras y Naciones Unidas, debe ser un acuerdo sólido porque los problemas de corrupción son fuertes y ha sido fácil, todo marcha por buen camino porque al menos hay voluntad política para hacerle frente a ese flagelo, la misión llegará con camino despejado porque la legislación será un apoyo y no detractor de los objetivos.
“No debe haber ninguna condición ante la ONU, el gobierno está abierto a lo que resulte de la negociación, solo así la lucha será objetiva, la CICIH deberá ser independiente y protegida para el gobierno que por capricho la expulse como pasó con la MACCIH, con experiencia que se tiene hay que actuar para que la misión esté resguardada hasta internacionalmente, de manera que pueda estar, mínimo dos periodos de gobierno, porque nuestro sistema de justicia no ha logrado crecer ni madurar, por ello urge la tutela y asistencia internacional”, concluyó.
El Congreso como nuevo aliado
Fátima Mena, vicepresidenta del Legislativo, reflexiona que ante los altos niveles de corrupción que hay, el país demanda una Comisión con más facultades que la MACCIH, pero además, que goce de autonomía para que le permita recuperar el legado de la anterior Misión, porque aún hay casos inconclusos y otros que no se atendieron, ahora es una época diferente y, el hecho de solicitar asistencia internacional, solo muestra la voluntad del gobierno frente a ese problema.
“Hay buenos indicadores y expectativa, ahora que se está en las negociaciones, una buena oportunidad para crear el marco jurídico adecuado. En el Congreso solo nos tocará aprobarlos creo están los votos (mayoría simple) y vamos derogar decretos como el 116–2019, porque protege al corrupto, se reformará el artículo 58 del Código Procesal Penal, ya que imposibilita secuestrar documentos al MP y el 116-2021 , de la Ley del Lavado de Activos”, añadió la abogada Mena.
Hay enormes diferencias porque este Congreso, -dice Mena-, no será el enemigo de la CICIH, porque ya inició con el desmantelamiento de todos los pactos de impunidad que se aprobaron anteriormente en este poder del Estados, eso permitirá que la Comisión podrá actuar sin ningún tipo de inconveniente para desmantelar a mayor velocidad a las redes corruptas, el camino está allanado y las condiciones están dadas para perseguir constantemente a los corruptos.
CSJ en contra de mecanismos externos
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, es del criterio que una comisión internacional no vendrá a solucionar los múltiples problemas que afronta Honduras, que a su juicio sigue teniendo serios desafíos frente a las redes corrupción, la impunidad, criminalidad organizada y narcotráfico, sin embargo, no desconoce que el sistema de justicia hondureño ha mostrado en los últimos años, avances importantes.
Si bien es cierto –según Argueta-, no se tienen los avances que se requerían, pero tampoco se puede hablar de retroceso, pero sí debería tener un Poder Judicial que responda a las expectativas de país, al tiempo que reconoció que ningún mecanismo judicial es perfecto en el mundo y añade que si la CICIH viene deberá atacar la corrupción sin preferencia alguna, tal como sucedió con la MACCIH que solo investigó a un sector político
Argueta recordó que un vocero de la MACCIH le entregó un listado donde estaban todos los casos de corrupción que investigaban y pudo comprobar que había preferencia en la selección de los casos “nosotros nunca hemos estado de acuerdo en que indefinidamente, extranjeros dirijan algunos actos de justicia, analizaremos la solicitud del Estado y la postura de Naciones Unidas, y entorno a eso vamos a definir nuestra postura como Poder Judicial”.
Independiente y autónoma de la clase política
Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en Honduras, quien además integró la Comisión Anticorrupción en Ecuador, dijo que entre los principales problemas que tiene la nación, es que el sistema de justicia urge de profundas transformaciones, pero esto no debe ser un discurso o una promesa de campaña porque cuando depende mucho de los políticos son ellos mismos los encargados de sacarlas cuando la Comisión comienza a incomodar.
Ojalá que el convenio que se logre, – añade Hernández-, sea robusto y con un periodo mínimo de 10 años, de manera que se fortalezcan las instituciones, pero autónoma e independiente, eso se logra, con la participación de todos los sectores, para que la misma tenga facultades y las herramientas necesarias, para que el mecanismo sea exitoso y no como ha pasado con la MACCIH y las misiones en Guatemala, El Salvador y Ecuador, donde fueron sacadas por el poder.
Para Hernández, cuatro años no son suficientes para terminar con la corrupción, tampoco tres meses para organizar la CICIH, hay que tomar las cosas con calma pero en serio, esto podría llevarnos hasta un año, no es momento de especular, ahora hay que pasar del discurso a los hechos, no se trata de una promesa de campaña, sino de salvar a un país de las garras donde cayó, esto pasa por el fortalecimiento del sistema institucional. JP
