Tegucigalpa – El juicio de uno de los casos más sonados por corrupción en Honduras arranca este miércoles con tres imputados: dos en prisión y uno prófugo, además con miles de preguntas sin responder en torno a la polémica compra de siete hospitales móviles para atender la pandemia de COVID-19.
– De los siete nosocomios rodantes, cinco funcionan, pero solo dos atienden casos de COVID-19, en tanto los restantes dos aún no se habilitan por parte de Invest-H.
– En su momento EEUU calificó la compra de hospitales por Honduras como “Una estafa relevante”.
Las siete estructuras rodantes, no solo llegaron a destiempo, tampoco fueron acondicionadas con celeridad para echarlas a andar en el combate a la pandemia, sino que ya instaladas se comprobó que no reunían las condiciones para atender a pacientes con COVID-19.
La tortuosa llegada de los hospitales fue un proceso traumático para los hondureños, quienes esperaban que la llegada de éstos solucionara la terrible situación sanitaria que vivían todos los centros hospitalarios del país.
Esta oscura compra hizo que fueran destituidas las autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) e incluso provocó la renuncia “voluntaria” de altos funcionarios involucrados en el proceso de adquisición de los hospitales. El propio titular de Invest-H, Marco Bográn, en ese momento aceptó que hizo la compra a través de un barrido realizado por internet para buscar las mejores opciones para Honduras.
En dos pagos al contado -en 20 días promedio- se cancelaron casi 48 millones de dólares (1 mil 200 millones de lempiras). Una compra sin precedentes en la historia del país y sin seguir los procesos legales que la ley manda.
El gobierno nombró una comisión interventora para que arrojara luces lo más pronto posible sobre la cuestionada adquisición de los hospitales, pero nada de eso sucedió, los interventores llegaron a ganar exorbitantes salarios y nunca hubo respuesta al respecto.
Luego se contrató una firma internacional para detallar lo ocurrido, sin embargo meses después también fue declarada como fracasada esa auditoría forense.
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De los siete hospitales móviles, cinco fueron instalados, pero de ellos apenas dos atienden a pacientes con el virus: San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, en tanto Choluteca, Tegucigalpa y Juticalpa atienden en estos recintos a otras patologías.
Pero asustémonos, a enero de 2022, es decir casi dos años después de la compra de los sanatorios modulares, dos ni siquiera han sido entregados por parte de Invest-H a la Secretaría de Salud. Son estos, el de Danlí y La Ceiba.
El debate judicial inicia este miércoles 19 de enero y se prevé concluirá el 31 del mismo mes con Marco Bográn y Alex Moraes, exdirector y exadministrador de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) como acusados por la cuestionada compra, aunque también se imputó al vendedor de las estructuras médicas, el empresario guatemalteco, Axel López, éste último prófugo de la justicia y -según sus apoderados en Honduras- no vendrá para responder por las acusaciones.
“Recibimos una orden de siete hospitales y entregamos siete hospitales”, fueron las escuetas palabras de Axel López al ser abordado por un hondureño indignado en una feria sanitaria en Miami, EEUU, donde el empresario ponía a Honduras como ejemplo en la puesta de marcha de los sanatorios modulares.
Axel López tiene orden de captura internacional desde el 15 de abril de 2021, según anunció en su momento la Fiscalía hondureña.
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El sonado caso ha sido calificado como: “La gran estafa”, “Monumento a la corrupción”, “El peor escándalo de corrupción”, “Estafa relevante”, “Fracaso palpable”, “Trampas mortales”, “Drama novelesco de mucho dolor”, “Peor decisión del gobierno”, entre muchos más.
Llamados recientes a no olvidar este fraude
El banquero y político hondureño, Jorge Bueso Arias, pidió hace unos días que el megafraude en la compra de los hospitales no quede en el olvido al temor de la asunción del nuevo gobierno.
Sugirió interrogar a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en torno a quien le dio las instrucciones para la compra al contado de siete hospitales modulares.
El empresario cuestionó que Marco Bográn haya realizado la compra con tan solo horas de análisis. Igualmente, dijo que la ministra de Finanzas de ese momento, Rocío Tábora, mejor renunció porque sabía que no se habían seguido los procedimientos que la ley manda.
También -Bueso Arias- señaló que los hospitales modulares costaron 800 millones de lempiras más de lo que realmente valían.
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Igualmente, el personero de la Asociación Para Una Sociedad Más Justa, Kenneth Madrid, reaccionó que no es posible que después de dos años aún no haya resultados concretos de la gran estafa de la que fue víctima el pueblo hondureño con la fraudulenta compra de los hospitales móviles.
El representante de sociedad civil, lamentó que “da la impresión que las autoridades salientes están interesadas en que ya no se hable del tema de los hospitales móviles”.
No obstante, todos los hondureños necesitan saber qué pasó realmente, cuáles fueron los autores intelectuales de este megafraude qué se llevó a cabo utilizando la pandemia de excusa, adicionó.
Recordó que de todos es conocido que esa compra fallida estuvo plagada de irregularidades y no es posible que solo dos personas estén con un proceso, porque para ello debe haber toda una red que trabajó para concretar el fraude.
También el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), se ha unido a las súplicas para que el caso de los hospitales móviles no quede en el tintero y se engavetado.
Las acusaciones de la Fiscalía
En marzo y abril de 2020, el Estado de Honduras, a través de Invest-H, compró siete hospitales móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19.
Marco Antonio Bográn y Alex Alberto Moraes Girón, con violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño, realizaron la compra de los nosocomios modulares de manera directa y fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, representante Legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.
El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado 47 millones 512 mil 564 dólares, equivalente en lempiras a 1 mil 174 millones 517 mil 764.33.
La compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H.
Extrañamente se pagó el 100 % de lo que esta compra representaba (al contado).
Los informes biomédicos confirmaron que el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de COVID-19, debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional.
El proveedor no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales.
Personal del Departamento de Adquisiciones de Invest-H, ahora testigos del MP, advirtieron sobre el peligro de concretar la compra, puesto que no se tenía mayor información sobre ese proveedor y que en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas, a lo que la alta gerencia hizo caso omiso, es más, se les llamó fuertemente la atención por hacer preguntas sobre garantías y especificaciones técnicas en un chat de mensajería móvil que se había creado junto al proveedor Axel Gamaliel López Guzmán.
Con las pericias se pudo determinar que Marco Antonio Bográn ya había tenido comunicaciones previas con Axel Gamaliel López Guzmán antes de que la Secretaría de Salud le enviara oficio de solicitud de compra de hospitales de aislamiento.
Junto a expertos de los hospitales Mario Catarino Rivas y Hospital Escuela se determinó que esos hospitales no reúnen las mínimas condiciones adecuadas para atender pacientes con coronavirus; dos de los que ya operan han sido adecuados, pero para cirugías menores, no para COVID-19.
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Por todo lo anterior, las imputaciones del Ministerio Público se seguirán sustentando en contra de Marco Antonio Bográn, en su condición de Director Ejecutivo de Invest-H y en contra de Alex Alberto Moraes Girón, Gerente Administrativo de la misma, así como contra Axel Gamaliel López Guzmán acusado de dos delitos de fraude a título de cooperador necesario y a quien meses atrás se le aseguraron más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria en Estados Unidos. Éste ya tiene orden de captura con alerta roja internacional.
La Fiscalía ha insistido en tener las pruebas suficientes contra los imputados en el caso de los sanatorios modulares.
La Fiscalía hondureña mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre estos hechos, a efecto de establecer la participación y responsabilidad de otras personas en el caso hospitales móviles, al tiempo que se espera que de una vez por todas Interpol cumpla con la ejecución de orden de captura contra Axel Gamaliel López Guzmán en Estados Unidos.
Hasta el momento, cinco hospitales móviles funcionan: en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copán y Juticalpa, pero solo dos de ellos atienden pacientes contagiados de COVID-19, mientras que las estructuras de La Ceiba y Danlí, siguen sin funcionar y tampoco se sabe cuándo estarán listos. (PD)
