Tegucigalpa – Los siete hospitales móviles adquiridos por Honduras, de los que dos operan a medias para atender la pandemia del COVID, agregan un nuevo capítulo al anunciar en las últimas horas los interventores que deberán pagar cerca de 100 mil dólares a una firma auditora que dictaminará el costo de los cuestionados sanatorios.
– Solo el hospital modular de San Pedro Sula opera normalmente; el de Tegucigalpa lo hace en forma parcial y solo atiende pacientes leves, mientras cinco más esperan los echen a andar.
– El hospital móvil de Tegucigalpa que inició operaciones el pasado 29 de enero funciona actualmente con 150 empleados y siete pacientes leves de COVID-19.
El hospital móvil de San Pedro Sula que fue adquirido con una supuesta capacidad de 90 pacientes está equipado funcionar con un máximo de 60 camas,mientras que el Ministerio Público dijo que el de Tegucigalpa muestra una serie de falencias que no le permiten operar adecuadamente, pese a ello, la ministra de Salud, Alba Flores, dijo que en el mismo se atienden actualmente a por lo menos siete pacientes.
Mientras que el hospital móvil de Choluteca fue adaptado para atender pacientes de patologías des complicadas y en ningún caso para pacientes contagiados para el coronavirus.
El resto de los hospitales que se ubicarían en Copán, Juticalpa, La Ceiba y El Paraíso no hay reportes oficiales de su estado final.
Este lunes Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), informó que pagarán 99 mil dólares -unos 2.3 millones de lempiras- a una empresa internacional para realizar una auditoría que arroje el costo de los sanatorios modulares.
Son siete sanatorios rodantes pagados al contado a un intermediario en abril de 2020, apenas uno funciona en su totalidad, pero con 30 camas menos. Se trata del que está instalado en San Pedro Sula y que comenzó operaciones en octubre pasado, es decir hace cuatro meses. De su lado, el que funciona en Tegucigalpa hace 19 días lo hace “a medio vapor” y únicamente atiende pacientes leves.
Los otros cinco hospitales móviles, están siendo armados y corregidos también en sus fallas. Los que venían con capacidad para 91 camas, se les redujo a 61 porque las distancias no eran las adecuadas para pacientes con coronavirus, en tanto se tienen en un contenedor todos los equipos malos y defectuosos para hacer una sola “carga y envío” al proveedor, aseguran los responsables de su compra, es decir, Invest-H.
Las dudas sobre estas adquisiciones generaron que en abril del 2020 el Ministerio Público iniciará procesos de investigación.
Según denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras fuentes, en la compra de los siete hospitales móviles hubo corrupción.
Axel López cobra L 37.5 millones más
Hace unas semanas también se conoció que el representante de Elmed Medycal System Inc, Axel López, exige un pago de 37.5 millones de lempiras por el flete de los hospitales móviles.
Las autoridades de Invest-H contestaron que la auditoría forense que se realizará a la cuestionada compra de los hospitales, dirá si procede o no el reclamo de López.
Pese a que hay varias líneas de investigación abiertas por el Ministerio Público en torno a estas compras, aún no derivan en requerimientos fiscales para los responsables.
Recién el portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, aseguró que esa institución no se ha detenido en las investigaciones del caso.
“Lo que se le puede decir es que el Ministerio Público está investigando, no nos hemos detenido, los fiscales están recabando información, se están haciendo los análisis respectivos y entendemos que la ciudadanía quiere que esto sea más rápido”, alegó Mora en esa oportunidad.
Garantizó que la Fiscalía está preparando las investigaciones de forma segura y certera. Además comentó que espera los resultados de la asistencia jurídica internacional a Turquía, Estados Unidos, Guatemala y Panamá.
La semana anterior, el Ministerio Público verificó las inconsistencias del hospital móvil en la capital Tegucigalpa, como parte de las investigaciones del caso “Hospitales Móviles”.
Se verificó que los equipos que deberían ser utilizados para las camillas y por ende para los pacientes, están en otras áreas sin uso, los espacios que serían utilizados para la cocina sirven como bodega de equipo quirúrgico.
Otra de las anomalías encontradas tras la inspección del MP es que las áreas de cuidados intermedios e intensivos están en desuso, por lo que los pacientes que llegan con sospechas de COVID-19 son enviados al Hospital Escuela para que reciban atención médica del caso.
Todas estas inconsistencias se presentan pese a que las autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) adquirieron “llave en mano” los hospitales móviles y debían ser funcionales una vez instalados.
2.3 millones en auditoría
El coordinador de Invest-H, José Ernesto Leva Bulnes, informó que la empresa EisnerAmper se encargará de la auditoría forense a los hospitales móviles.
“La empresa se llama EisnerAmper, está entre las mejores 10 firmas auditoras forenses y su especialidad es hospitales o procesos forenses de compras, adquisiciones o de licitaciones”, explicó Leva Bulnes.
Confirmó que la empresa arribará a Honduras dentro de dos semanas y estará en el país por 60 días hasta que emita su informe final.
Detalló que el costo de la auditoría forense será de 99 mil dólares (2.3 millones de lempiras).
Leva Bulnes dijo que la firma internacional debe nombrar a un representante legal para Honduras para firmar el contrato de la auditoría.
El interventor de Invest-H señaló que los objetivos de la auditoría son determinar la valoración de los hospitales móviles al momento de su adquisición y su costo en la actualidad; y el proceso forense de licitación, adquisición, compra, distribución e instalación.
Leva Bulnes puntualizó que EinserAmper tendrá la autonomía para hablar con el Ministerio Público, Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) o cualquier otro antes previo a la realización de su auditoría forense.
PGR sigue sin recibir informe de Invest-H
Hace unas semanas, la Procuraduría General de la República (PGR), denunció que no ha recibido el informe final y concluyente de la Comisión Interventora de Invest-H en torno a los hallazgos de las compras de siete hospitales móviles.
La PGR señaló que no conocía los hallazgos e incumplimientos en la adquisición, instalación y el funcionamiento de los sanatorios modulares.
Urgieron que es importante el informe final para poder ejercer las acciones del caso.
“El informe final con los hallazgos es necesario para interponer las acciones que en ley correspondan, para garantizar los intereses patrimoniales del Estado”, dejó claro la PGR.
En respuesta, el interventor Leva Bulnes, respondió que Invest-H ha enviado dos informes relacionados por las compras de los hospitales móviles: uno en octubre, el segundo en diciembre y enviará un tercero este febrero.
Leva Bulnes afirmó que Invest-H ha mandado más de 190 líneas de investigación a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), brazo del Ministerio Público.
Mientras tanto en Honduras las cifras oficiales reportan 161,727 casos de COVID, 3,913 muertos, entre ellos 75 médicos y 38 enfermeras fallecidas, una pandemia que no se detiene, que llena los hospitales, mientras los sanatorios móviles se han convertido en una especie de burla para los afectados por la pandemia.
