Tegucigalpa – La crisis política poselectoral en Honduras ha encendido las alarmas de la comunidad internacional. Desde Washington, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un contundente pronunciamiento en el que calificó como “profundamente preocupante” que partidos y candidatos continúen perturbando el proceso electoral, poniendo en riesgo la culminación oficial de los resultados y la estabilidad democrática del país.
–EE. UU. y la OEA presionan para evitar un colapso institucional en Honduras
Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) coinciden en una advertencia sin precedentes: Honduras no puede permitirse más retrasos ni obstrucciones en la conclusión del proceso electoral.
Desde Washington y desde el organismo hemisférico, el mensaje es claro y convergente: el Consejo Nacional Electoral debe finalizar el escrutinio y oficializar los resultados conforme a la ley, respetando la voluntad expresada en las urnas antes del 30 de diciembre, porque de ello dependen la estabilidad democrática, la paz social y la credibilidad institucional del país ante su propia ciudadanía y la comunidad internacional.
El mensaje estadounidense no deja espacio a interpretaciones ambiguas, según reacciones de analistas nacionales. Subraya que es imperativo que todos los actores políticos cumplan oportunamente con sus obligaciones para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya su labor y oficialice los resultados conforme a la ley.
“El pueblo hondureño ha esperado demasiado”, advierte el comunicado, al tiempo que recalca que cualquier persona o grupo que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias, aunque sin precisar su naturaleza.
El llamado desde Washington enfatiza la necesidad de garantizar un proceso oportuno, transparente y creíble, recordando que la estabilidad democrática del país depende del respeto a las normas electorales y al rol institucional del ente rector de los comicios.
El pronunciamiento se produce en un contexto de crecientes tensiones políticas y cuestionamientos al desarrollo del proceso electoral, lo que ha incrementado la presión internacional sobre Honduras, particularmente de uno de sus principales socios estratégicos.
OEA suma preocupación
En sintonía con esta advertencia, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamado urgente a las autoridades electorales hondureñas para que concluyan el escrutinio lo antes posible, en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales.
A través de sus redes sociales, el organismo hemisférico recordó que el proceso debe cumplir con su obligación constitucional de certificar la elección antes del 30 de diciembre, asegurando que se respete plenamente la voluntad del pueblo hondureño de elegir a quien ocupará la presidencia.
La OEA también instó a todos los actores políticos a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular, subrayando que la estabilidad y la paz social están en juego en un momento crítico para el país.
A 22 días de celebradas las elecciones del pasado 30 de noviembre, la incertidumbre persiste y el temor crece ante la posibilidad de que el 30 de diciembre llegue sin una declaratoria oficial por parte del CNE. Aunque las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall han llamado a la calma y reiterado su compromiso de emitir la declaratoria en tiempo y forma, en amplios sectores de la sociedad persiste el miedo a una obstrucción deliberada impulsada por intereses partidarios.
En este escenario, también se avizora el riesgo de que, ante la falta de una declaratoria electoral, sea la Comisión Permanente del Congreso Nacional la que asuma esa función, abriendo la puerta a un desenlace altamente cuestionado. Analistas y sectores críticos advierten que este vacío institucional podría derivar en la permanencia en el poder del partido Libre, pese a haber obtenido apenas cerca del 20 % del respaldo electoral.
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Lo cierto es que, justo en vísperas de Navidad, una vez más, la clase política hondureña parece confirmar la percepción ciudadana de que los intereses particulares prevalecen sobre los intereses nacionales. Mientras tanto, la ciudadanía que cumplió con su deber cívico y patriótico al acudir a las urnas el 30 de noviembre observa con frustración cómo su voluntad corre el riesgo de ser burlada, en medio de una crisis que ya no solo preocupa a nivel interno, sino que ha colocado a Honduras bajo la lupa y la advertencia directa de la comunidad internacional. LB
