Tegucigalpa (Proceso Digital) – A 16 días de las elecciones generales en Honduras, tres juicios se ventilan en los tribunales de la República contra destacados actores políticos que son acusados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Se trata del candidato presidencial del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE), Santos Rodríguez Orellana, acusado por presunto lavado de activos; Reynaldo Ekónomo, actual diputado al Congreso Nacional por el partido Nacional y quien corre por mantener su curul, señalado también por fraude y lavado de activos; y el alcalde de Talanga, Roosvelt Avilez.
Los tres imputados ya comparecieron a sus respectivas primeras citas judiciales y dos de ellos -Avilez y Rodríguez Orellana- tienen auto de formal procesamiento con prisión preventiva y en el caso del congresista Ekónomo aún está en la audiencia inicial.
A apenas dos semanas del “día D” la zozobra se apodera de otros aspirantes a cargos de elección popular que podrían correr similar suerte de acuerdo a fuentes oficiales consultadas por Proceso Digital que no descartaron acciones judiciales en los próximos días contra eventuales actores políticos, aunque el otro escenario es que las acusaciones vengan después, todo depende de cómo estén avanzadas las investigaciones.
Santos Rodríguez Orellana
El aspirante presidencial, Santos Rodríguez Orellana, fue acusado la semana anterior por el delito de lavado de activos. Se le imputa lavar 238 millones de lempiras conexo a actividades del narcotráfico.
El Ministerio Público detalló que junto a Rodríguez Orellana, también se acusa por lavado de activos a Jennifer Lizzeth Bonilla (esposa) y Reina Lizeth Bonilla (suegra), ésta última detenida en Santa Rosa de Copán, occidente de Honduras.
Este capitán de Infantería fue dado de baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de Honduras en octubre de 2016, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico.
Asimismo, fue declarado como persona de interés de los Estados Unidos, según informó la embajada americana en aquella oportunidad.
Los tres comparecieron en audiencia inicial y se les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
(LEER) Diputado Ekónomo dice no conocer a exlíder Cachiro y pide a MP que lo investiguen
Reinaldo Ekónomo
El diputado por el departamento de Cortés y que busca una reelección en los comicios del 28 de noviembre, fue acusado el pasado 28 de septiembre por los delitos de lavado de activos y cómplice necesario para fraude en uno de los casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
A Ekónomo se le señala tras su desempeño por ocho meses en el 2011 como gerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de San Pedro Sula.
Las acusaciones del Ministerio Público indican que Ekónomo habría firmado durante su gestión en el IHSS, en 2011, un contrato de emergencia para la instalación de un sistema eléctrico, el cual fue sobrevalorado.
Luego de la audiencia de imputados, al congresista se le dictaron medidas distintas a la prisión tras el pago de una fianza de 2.7 millones de lempiras y esta semana comparece en audiencia inicial.
El diputado no ha dudado en denunciar persecución política de sectores que no identificó.
“Hoy no han presentado un requerimiento contra un ciudadano, sino contra el diputado que más iniciativas y producción legislativa ha hecho en el Congreso, aquí estamos de frente y hemos decidido entrar por la puerta principal y salir por allí mismo”, señaló cuando salía de una de las audiencias de esta semana.
Roosvelt Avilez
Otro de los políticos acusados recientemente fue el alcalde de Talanga, Roosvelt Avilez, señalado por lavar 321 millones de lempiras de dinero proveniente del narcotráfico. Junto a él se acusó a su esposa, Nancy Santos Ríos, actual candidata a diputada suplente por Francisco Morazán, así como su suegra Bella Esperanza Ríos Zúniga, Fadde Avilez López y César Vladimir Leva Ríos.
Avilez fue capturado en San Pedro Sula el 18 de octubre mediante la Operación REAL.
(LEER) El narco y su estrecha relación con el poder local
A los cinco acusados se les supone responsables del delito de lavado de activos, razón por la que se les aseguraron 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y tres sociedades mercantiles, luego de ejecutar 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones a negocios, acciones emprendidas en las ciudades de Tegucigalpa, Talanga, San Pedro Sula y Puerto Cortés.
Tras la audiencia inicial a los imputados se les decretó auto de formal procesamiento con prisión preventiva. Todos permanecen recluidos a la espera de la audiencia preliminar. (PD)
