Tegucigalpa – Estados Unidos consideró que funcionarios hondureños continuaron “participando en prácticas corruptas con impunidad”, a pesar de que la legislación nacional establece sanciones penales por corrupción, pero la misma no se aplicó de manera efectiva.
– El Informe 45 del Departamento de Estado Sobre Derechos Humanos en los Países destaca varias aspectos de Honduras, desde corrupción pública, defensa de los indígenas, violencia contra las mujeres, LGTBI y la prensa.
Lo anterior se destaca en el Informe de Derechos Humanos 2020 publicado por el Departamento de Estado, en el capítulo dedicado a Honduras.
El Informe 45 del Reporte de Derechos Humanos de los Países por el secretario de Estado norteamericano Antony J. Blinken, destaca que “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año” 2020, el caul estuvo signado por la pandemia del COVID-19.
El reporte destaca que el gobierno “tomó medidas para abordar la corrupción en los niveles más altos de las agencias gubernamentales, incluido el arresto y la acusación de miembros del Congreso, jueces, fiscales, altos funcionarios y ex altos funcionarios, alcaldes y otras autoridades locales y agentes de policía”.
Pero la publicación del Departamento de Estado norteamericana destacó que los “esfuerzos contra la corrupción siguieron siendo motivo de preocupación, al igual que la capacidad del gobierno para proteger a los funcionarios del sector de la justicia, como fiscales y jueces”.
El informe apuntó que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), informó de “numerosas irregularidades en la compra de suministros médicos de emergencia durante la pandemia” del COVID, donde “alegaban ganancias ilícitas de más de 1,640 millones de lempiras (68 millones de dólares) por parte de funcionarios del gobierno” en la adquisición de los mismos.
También destacó la compra de los siete hospitales móviles de parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) por 1,130 millones de lempiras (47 millones de dólares), más 289.4 millones de lempiras (12 millones de dólares) superior al precio cotizado por el fabricante.
El reporte estadounidense recordó que el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, renunció en julio del 2020 a su cargo y en octubre fue acusado de dos cargos de corrupción por malversar 1.3 millones de lempiras (54 mil dólares), además de canalizar un contrato para hospitales móviles para un tío. Bográn fue arrestado el 5 de octubre y liberado el 8 de octubre bajo fianza en espera de juicio.
Casos de ex primera dama y Pandora
El informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos 2020 destacó que la Corte Suprema de Justicia anuló en marzo del 2020 un juicio donde se condenó a 58 años de prisión en agosto del 2019 a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por fraude y apropiación indebida de fondos públicos, ordenando uno nuevo, además de que se expidió una decisión para que fuese liberada de la prisión preventiva.
También destaca el informe estadounidense que en agosto del 2020 una corte de apelaciones desestimó los cargos contra 22 acusados en el llamado caso Pandora, un esquema que el 2013 supuestamente desvió 289.4 millones de lempiras (12 millones de dólares) de fondos agrícolas a campañas políticas.
Indígenas
El reporte de derechos humanos sobre Honduras del Departamento de Estado, destaca las denuncias de comunidades indígenas sobre “amenazas y actos de violencia contra ellos y contra activistas comunitarios y ambientales”.
Pero el documento reporta que la violencia a menudo tiene raíces en un contexto de conflicto por la tierra y los recursos naturales, corrupción generalizada, falta de transparencia y otras actividades delictivas, así como la limitada capacidad estatal para proteger los derechos de comunidades vulnerables.
El informe recoge las muertes violentas del líder tolupan Vicente Saavedra en Morazán, Yoro en enero del 2020, así como del dirigente garífuna Antonio Bernárdez, encontrado muerto tras seis días de desaparecido.
Igualmente recoge el caso de los dirigentes garífunas secuestrados en sus casas el 18 de julio del 2020 en Triunfo de la Cruz, que hasta el momento se encuentran en condición de desaparecidos. Recordó que las víctimas eran defensores de los derechos de las tierras de los grupos afrodescendientes.
Asimismo, se resalta que los indígenas y afrodescendientes sigue sufriendo discriminación en el empleo, educación, vivienda y servicios de salud.
Abuso infantil y sexual
El reporte de Estados Unidos pone en relieve que el abuso infantil en Honduras continúa siendo un “problema grave” y toma datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH en cuanto a la matanza de 71 personas menores de 18 años.
En cuanto a la explotación sexual comercial infantil, especialmente en el tráfico sexual, sigue “siendo grave” y recuerda que Honduras era un destino para el turismo de sexo con niños.
El documento recoge que el país tiene una legislación que penaliza con años de cárcel para los diversos delitos relacionados con abuso a menores y explotación sexual infantil.
Igualmente se aborda el problema de los niños desplazados, los cuales se ven forzados a la movilización por amenazas de muerte por no pagar extorsión, el intento de las pandillas criminales por reclutarlos, ser testigos de actos criminales y obligar a la familia a ser parte del tráfico de drogas.
Violencia contra la mujer
La violación y la violencia doméstica son las principales agresiones contra las mujeres, de acuerdo al reporte norteamericano sobre Honduras, y recuerda que la legislación nacional penaliza todas sus formas.
Señaló que de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los asesinatos de mujeres se redujeron levemente bajo el toque de queda nacional a causa de la COVID al pasar de 102 el 2019 a 55 el 2020 entre mediados de marzo al 6 de junio en dichos periodos.
Pero se reportó un aumento exponencial de la violencia de género y doméstica durante el toque de queda, en base a estadísticas del centro de llamadas del Sistema Nacional de Emergencias (Sinager).
Discriminación a comunidad LGBTI
En cuanto a la comunidad LGBTI, el informe destaca denuncias de discriminación de parte de la red que protege a esta minoría, especialmente de las agencias gubernamentales y de empleadores por la orientación sexual de sus miembros.
Señaló que la red de Lesbianas Catrachas reportaron 16 muertes violentas de personas LGBTI hasta septiembre pasado
También se destaca que la impunidad es uno de los problemas y vuelve a citar al OV-UNAH que registró 317 casos denunciados desde el 2009 hasta el 2019 de delitos de odio y violencia contra miembros de dicho colectivo.
Prensa
En cuanto a la Libertad de expresión y prensa, el documento destaca que miembros de medios de comunicación y las ONG afirmaron que la “prensa se autocensuró por temor a represalias por parte de grupos del crimen organizado o funcionarios gubernamentales corruptos”.
Indicó que algunos periodistas y miembros de la sociedad civil denunciaron amenazas de grupos del crimen organizado, pero no estaba claro, según el reporte, si las mismas estaban vinculadas a la profesión o al activismo de las víctimas.
El reporte recoge las muertes violentas del periodista German Valecillo y el camarógrafo Jorge Posas en La Ceiba. La Policía capturó a dos sospechosos que formaban parte de grupos delincuenciales dedicados al tráfico de drogas.
