Tegucigalpa – “No han cumplido”. Así se puede responder a la frase del gobierno de “Xiomara sí cumple”, luego de 944 días de gestión (64.58 %) de la presidenta Castro, que ilusionó a los hondureños luego de las cuestionadas administraciones del Partido Nacional (2010-2022), de acuerdo a informes de diversos entes de la sociedad civil.
– De los ocho hospitales prometidos, al menos tres edificaciones se entregarán en el actual gobierno, pero han surgido contratiempos en los tiempos de ejecución.
– La eliminación de los peajes, las consultas populares, la instalación de la CICIH, la venta del avión presidencial, y una política de protección a la mujer son otras de las promesas que no se cumplirán.
El tiempo apremio, a falta de 17 meses de gobierno y envueltos en año electoral, todo indica que muchas de las promesas no se concretaran como lo aceptó la propia presidenta Castro en un evento público sobre la puesta en marcha de infraestructura sanitaria.
Notoria es el bombardeo de anuncios en medios de comunicación y redes sociales sobre que “Xiomara (Castro) sí cumple”, pero esto no se traduce en el bienestar de los hondureños, lo que hace que aumenta su desmotivación de encontrar un futuro en Honduras, que evite a miles de ciudadanos emprender la ruta migratoria, según los referidos informes.
Xiomara Castro en su discurso de asunción del 27 de enero de 2022 enumeró más de 20 compromisos destinados a sentar las bases de la “Refundación de Honduras”.
Lucha contra la corrupción
Fue la principal bandera del partido en el gobierno, que Libertad y Refundación (Libre) no es una institución política salpicada en actos de corrupción, como -según ellos- su predecesor el Partido Nacional.
Sin embargo, en solo dos años y siete meses, ya se conocen varios casos en las dependencias del Estado que han salpicado y ha provocado indignación en los diferentes sectores de la sociedad hondureña.
Incluso uno de sus principales problemas y que causa desconfianza es el nepotismo, luego que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) retratara a través de un informe público que los familiares de los altos funcionarios empleados en los tres poderes del Estado a la que denominó “Familión”.
Dentro de este aspecto, la principal promesa incumplida 944 días después de asumir el poder, es la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (CICIH). La traída de este mecanismo de la mano de la ONU ha sufrido un tortuoso proceso y los críticos afirman que se quedará nada más como un sueño.
Entre lo positivo es que hubo una firma de un memorándum de entendimiento, que ha sido ampliado tres veces, entre el gobierno hondureño y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras se negocia el convenio.
(LEER): Honduras, 900 días sin la CICIH
El obstáculo ha sido que no se ha cumplido con algunas reformas que solicita la ONU, pero que no ha sido discutida ni aprobada por el Congreso Nacional que se mantiene “entretenido” en otros temas de pugnas políticas.
Lo último que se ha conocido es que se sigue trabajando en el borrador del convenio y que el gobierno hondureño pidió desclasificar el documento de las recomendaciones que brindó el equipo de expertos de la ONU.
Derechos Humanos
Otra de las principales banderas de lucha de Libre es el acceso a los derechos humanos, la libre expresión, la defensa de los grupos minoritarios altamente vulnerables.
Sin embargo, el ente que rige esta materia, se ha convertido en un instrumento de contención a organismos y defensores de derechos humanos.
La primera titular de Derechos Humanos de este gobierno fue Natalie Roque, quien tuvo encontronazos con defensores, empleados de esta dependencia del Estado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y por el mecanismo de protección.
De hecho fue notoria una huelga de los empleados de dicha secretaría que denunciaron la violación de sus derechos paradójicamente por la titular de Derechos Humanos.
Queda pendiente que el Estado cumpla y aplique las resoluciones que ha brindado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en los casos que ha perdido Honduras.
Igualmente, varios organismos de derechos humanos han denunciado que se violenta y restringe por la aplicación y extensiones del estado de excepción. El virtual desmantelamiento del mecanismo de protección de defensores de DDHH es otra de las malas estrategias del actual gobierno.
Salud
En el aspecto sanitario, en su momento la mandataria hondureña mencionó que la salud era uno de los cuatro anclas reales al progreso y desarrollo junto a educación, seguridad y empleo.
En la actualidad, está tan lejos de las promesas, y es que no se ha visto una mejoría, diariamente se ve enormes filas de personas esperando ser atendidas en los hospitales públicos.
Inicialmente, se prometió a inicios del gobierno que se construirían ocho hospitales, con fondos de países amigos y organismos multilaterales, y que estarían listos en 2025: Santa Bárbara, Salamá, Ocotepeque, Tocoa, Roatán, Choluteca y los de trauma destinados para Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Sin embargo, a cuatro meses que finalice el 2024 e inicie el 2025, no se prevé que estarán finalizados la construcción de los ocho centros asistenciales, como lo reconoció la mandataria en un evento el 18 de julio, admitiendo que no estarán listos los hospitales de trauma.
Como si la mala suerte acompañara al país, en esta administración se perdió por completo el Hospital de Roatán luego que quedara en cenizas tras un voraz incendio en abril de este año.
Persiste el problema de la falta de medicamentos en el sistema sanitario público, y ahora vemos enfrentamientos entre la Secretaría de Salud con el gremio médico en pleno auge de dengue que cobra 147 vidas este año y se encamina a ser el peor año de la enfermedad.
Todo esto empezó con la derogación de fideicomisos en un Consejo de Ministros en 2022 sin tener un plan de respaldo y que causó un gran problema por mucho tiempo la dotación de medicamentos a los pacientes.
A esto se le suma la denuncia de la organización Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), que existe una mora quirúrgica a 20 mil cirugías pendientes en el sistema sanitario.
En el caso del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), todavía persisten las largas filas diarias de pacientes a la espera de ser atendidos.
Incluso durante esta administración ha habido cuatro directores del Seguro Social: Ivis Adriana Zúniga Rodríguez, José Gaspar Rodríguez, Carlos Aguilar y Yadira Álvarez (vigente).
Los fondos liberados del IHSS por alrededor de 3 mil 600 millones de lempiras son una incógnita y no se sabe qué rumbo tomarán, aunque desde la dirección se ha informado que se elabora un plan de inversión en infraestructura sanitaria.
Lo único claro es que los fondos no se utilizarán para la construcción de nuevos hospitales para el IHSS por instrucciones de la máxima instancia de la Casa Presidencial, según denunció el exdirector del IHSS, Carlos Aguilar.
También se puede señalar los conflictos que ha tenido con el gremio médico por el despido de personal en los hospitales y preferir la contratación de galenos cubanos.
Desmilitarización
Cuando Libre era oposición, realizaban series cuestionamientos a la participación de los militares en labores de seguridad, tras recordar el papel de las Fuerzas Armadas cuando salió de la presidencia Manuel Zelaya Rosales, hoy coordinador de Libre y asesor principal de la presidenta Castro.
Las promesas de Xiomara Castro y el resto de Libre eran que, si llegaban al poder, mandaría a los militares de vuelta a los cuarteles, hoy, esta declaración demuestra que los políticos hacen promesas para conseguir votos.
Pese a que, al inicio de gobierno, los militares fueron relegados en labores de seguridad, y les asignaron temas de medioambiente y conservación forestal.
Poco a poco fueron retornando los militares a acompañar a la Policía Nacional en temas de seguridad, y combatir el narcotráfico.
Incluso, a la Policía Militar de Orden Público (PMOP) se le asignó la administración del sistema penitenciario tras la muerte de 46 reclusas en la cárcel de mujeres de Támara el 20 de junio de 2023.
Hoy también el instituto castrense coordina la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, una en las Islas del Cisne y otra en el oriente en la zona de Olancho y La Mosquitia. Los recintos penitenciarios han concitado críticas entre conocedores en la materia de seguridad, especialmente la que se prevé construir en el Caribe por el terrible impacto ambiental que producirá.
La primera licitación para “la Alcatraz Hondureña” fracasó y se ha convocado para una segunda en las próximas dos semanas. En esta polémica cárcel se prevé invertir un poco más de dos mil millones de lempiras, el gobierno ha prometido finalizar su edificación antes de entregar en poder en enero de 2026.
La eliminación de los peajes, las consultas populares, la venta del avión presidencial, y una política de protección a la mujer son apenas algunas otras promesas que no se cumplirán.
De hecho los femicidios en los dos años y medio de gestión han sido la nota, a tal grado que las organizaciones defensoras de la mujer están en alerta por el incremento de los casos.
Quedan 517 días de mandato de Libre y muchas cosas aún por decir. PD
