Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El gobierno del bicentenario que preside la presidenta, Xiomara Castro, que llegó al poder en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el PINU/SD, cumplió su primer año de gobierno este viernes, aunque ella considera que su aniversario es el lunes 30 de este mes.
La administración arriba a su aniversario de estreno, precedida de la llamada “marea rosa” de los gobiernos de izquierda de América Latina, pero en situaciones muy distintas, y aunque ha tenido una larga luna de miel, bajo el argumento de la “transición” y la multicrisis heredada, el paraguas ya no ajusta para el 2023. Es tiempo del arranque, para enrumbar al país hacia un mejor puerto.
La presidenta Castro que asumió el poder con más de 1.7 millones de votos, hizo su asunción en medio de la polémica generada por su partido en torno a la legalidad o no de la directiva del Congreso Nacional tras una fricción interna generada cuando una poderosa facción liderada por el diputado Jorge Cálix, le eligió a él por mayoría de los votos de diputados propietarios como jefe del Legislativo pero la presidenta, su esposo el coordinador de Libre y expresidente Manuel Zelaya y el aliado PSH decidieron cumplir un compromiso asumido con la alianza para dar la presidencia a Luis Redondo.
El tumulto en la Cámara Legislativa, las intrigas, los acuerdos sobre la marcha y la aparición de una juez para juramentarla en el cargo, marcaron la llegada al poder de la primera mujer presidenta en la historia del país. Su arribo se suma a la llamada “marea rosa” de los gobiernos de izquierda en América Latina en Colombia, Brasil, Chile, México y Argentina, cuyas economías y condiciones son muy distintas y complejas. Todos estos gobiernos enfrentan un escenario distinto al del año 2000, destaca un reciente informe sobre Riesgo Político en América Latina publicado por el Centro de Estudios Internacionales, de México.
El contexto latinoamericano es otro, muchos de estos gobiernos enfrentan sus propias crisis, los efectos exógenos de la economía por la guerra entre Rusia y Ucrania, la pandemia y los reclamos ciudadanos, les obligan a buscar equilibrios y algunos hasta construir alianzas no tan sólidas, sumado a condiciones financieras más restrictivas, entre otros desafíos.
El gobierno de Xiomara Castro no escapa a ese contexto. La crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania hicieron sentir su efecto, el cual seguirá en este 2023, así como las secuelas de la pandemia en una economía que se ralentiza y no crece lo esperado; sin inversión adecuada y promesas estancadas.
Se suma a ese panorama, las multicrisis heredadas por la galopante corrupción, el cambio climático, las migraciones, el desplazamiento forzado interno, la violencia e inseguridad, entre otros. Esa crisis heredada llevó al gobierno de Castro a asegurar que había encontrado un país en bancarrota, con un presupuesto irreal con partidas inexistentes por unos 750 millones de lempiras.
Las primeras acciones
Sus primeras acciones fueron lograr una ampliación presupuestaria que con el tiempo evidenció dos cosas: poco nivel de ejecución, estancamiento en la inversión en infraestructura y, disposiciones relacionadas con discrecionalidades que reñían con la transparencia. Aparecieron las contrataciones directas sin licitación bajo la figura de la confidencialidad por razones de seguridad nacional.
Entre algunas de las ejecutorias efectuadas por el gobierno de la presidenta Castro destacan la derogación de la llamada Ley de Secretos, de las polémicas ZEDEs (debe ser ratificada por ser reforma constitucional); la renegociación de varios contratos de energía, una nueva Ley del Sector Eléctrico, la eliminación de los fideicomisos, y el otorgamiento de subsidio a combustible y al pago a la tarifa de energía para quienes consumen hasta 150 kilowatt. Todas estas decisiones también han generado opiniones encontradas debido a que muchas de ellas ponen en precario la seguridad jurídica, la transparencia y la propia estabilidad del estado de derecho.
Estas medidas fueron acompañadas también de acciones como el cambio de nombres de bulevares, el estadio nacional y la reactivación de la red solidaria con los llamados bonos de oro, caja de la esperanza, bono tecnológico, cafetalero, entre otros. La política social de Castro sigue, en materia de populismo, el mismo rumbo del gobierno que le antecedió y que le ha marcado también la narrativa, atrapada en el pasado y sin poder colocar su sello en el presente.
A esas acciones que según la designada presidencial, Doris Gutiérrez, responde a un Plan de Gobierno de 15 ejes estratégicos, destacan algunos desaciertos, entre ellos la eliminación del fideicomiso en el área de la salud, que hoy tiene al sistema sanitario con un desabastecimiento en la compra de medicamentos, en especial aquellos esenciales para pacientes con enfermedades base y de alto riesgo. Los pacientes psiquiátricos se quejan de que no hay medicinas, los renales, igual, y los oncológicos se encuentran con que máquinas claves para sus exámenes no funcionan desde hace un año. Deben tener 50 mil lempiras en el bolsillo para pagar una radioterapia en un centro privado, ante la negativa del Estado del acceso a la salud.
La crisis sanitaria pasó de la corrupción de los hospitales móviles que caracterizó al gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, al problema de las medicinas, al colapso de los hospitales hasta en la alimentación, y a las revueltas en Salud por empleos, estabilidad laboral, entre otras demandas. El 2023, entra en condiciones similares en la salud, donde la falta de pastillas como acetaminofén, por citar un ejemplo, hacen mella en la red sanitaria. En el interior del país, es común ver letreros que indican al paciente que debe comprar gasas, agua oxigenada, pastillas para el dolor, entre otros insumos básicos.
¡A trabajar!
Esa crisis en Salud que se traslada a la Educación, sin rumbo claro y sin cumplir las metas establecidas de recuperación de matrícula escolar, y con escándalos por el descontrol del concurso de plazas docentes, hizo que el gobierno del bicentenario tuviera un año marcado también por la polarización en donde su gabinete de gobierno, en su gran mayoría, fueron los principales propagadores de un discurso político de ataque y descalificación hacia quienes consideran opositores o voces críticas.
En materia económica, la reactivación no se ha dado como se preveía, el sector privado le presentó opciones para comenzar a trabajar en forma conjunta, pero resiente que sus propuestas no son escuchadas, y de acuerdo con el presidente del Cohep, Mateo Yibrín, este año debe ser de trabajo e inversión, la luna de miel no durará mucho, advirtió. Es tiempo de trabajar, dijo.
Durante el año del bicentenario, hubo también reclamos ante la ausencia de la presidenta Castro en comparecencia pública: apenas una para convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, otra aparición el 15 de septiembre con motivo de las fiestas patrias, mientras en sus viajes al exterior, la prensa que le acompañó no tuvo acceso a ella, apenas unas cortas declaraciones programadas de menos de dos minutos. Su gabinete de gobierno tampoco tiene mucho acceso a la gobernante, se quejan algunos funcionarios.
En su primera reunión de gabinete ampliado de este año, la presidenta Castro no estuvo, hizo una aparición virtual, y en la conducción de la cita, en la silla presidencial, quien presidía era el asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya, la persona con mayor influencia en el gobierno del bicentenario. Habla por la presidencia y aparece más que la presidenta. Los analistas afines al partido en el poder justifican que el gobierno sea “muy familiar” como mecanismo de protección tras la experiencia post golpe de estado de 2009.
Bajar confrontación con sus aliados
Un hecho que destaca también en el repaso del primer año de gobierno, fueron los roces con Estados Unidos, donde la diplomacia no ha sido la más atinada, siendo el foco de atención los reclamos a la embajadora, Laura Dogu, por sus expresiones en torno a hechos relacionados con la corrupción, la inversión, en especial la que atañe a inversionistas de su país, entre otras posiciones que el gobierno ha considerado “injerencistas”. Esa confrontación de visiones, si bien ha bajado los decibles, llevó a uno de los altos funcionarios del gobierno de Castro, a pedir disculpas en una nota pública por expresiones impropias y calenturientas en contra de Washington. La sensibilidad del gobierno a las críticas también arrastró a otra legación diplomática que expresó su preocupación por la intolerancia en el discurso político del actual gobierno.
Los coqueteos con China, el respaldo al gobierno autoritario de Daniel Ortega, en Nicaragua, y las votaciones de Honduras en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, despertaron inquietudes diplomáticas ante lo que consideran una política exterior errática y desdibujada.
Pero los retos del gobierno del bicentenario para el 2023 son muchos, pues si bien seguirá arrastrando la multicrisis heredada, se ha reeditado la conflictividad social por el tema de las invasiones, el surgimiento de los colectivos de Libre como grupo de choque, las presiones por el empleo de sus activistas; los reclamos de pago de salarios, y el reclamo permanente de las mujeres por el tema de los femicidios, la violencia de género y el tema de la píldora del día después, el aborto en sus tres causales, y la salud reproductiva.
La designada presidencial, Doris Gutiérrez, a quien la presidenta Castro encomendó dar su informe de gestión al instalarse la segunda legislatura en el congreso nacional el 25 de enero, reclamó a los congresistas por el tema de las mujeres, pidió tres leyes: casas refugio, reforma al código penal y ley integral sobre la violencia de género. Dijo que en el gobierno de Castro las mujeres son prioridad, pero éstas en sus plantones han resentido ser ignoradas en sus demandas, piden respuestas y menos discurso al gobierno del bicentenario.
Violencia e inseguridad
A esa conflictividad social que asoma y preocupa tanto al gobierno como a otros sectores, se suma el tema de la inseguridad y la violencia: el repunte de los homicidios—cuya tasa va a la baja según el gobierno— asociado a la extorsión o al crimen organizado, está golpeando al rubro del transporte, pero también se expande a otras zonas del país, llevando al gobierno a decretar un estado de excepción parcial en 16 de los 18 departamentos del país, sin que los resultados sean tan contundentes, según el Conadeh y otras instancias humanitarias no oficiales. Los primeros abusos en medio de la excepción han sido registrados por organismos de derechos humanos.
Levantar la economía, generar empleo (más de 54 mil se perdieron en 2022 según la Secretaría de Trabajo), son desafíos para el gobierno del bicentenario, que, entre poderes del Estado, debe manejar relaciones de equilibrio en un parlamento que no controla, y en una corte de justicia en plena etapa de elección y negociación, que aún se desconoce si podrá tener el control.
La lucha contra la corrupción es otro de los retos a enfrentar por el gobierno de Castro, que, si bien firmó un memorando para la llegada de la CICIH al país, el camino para su aterrizaje sigue sin tener claridad en cuanto a tiempo y funciones. Las negociaciones siguen, pero es probable que puedan llevarse a lo largo del año.
A ese desafío se suma otro estratégico y es si habrá una recomposición en su gobierno o se mantiene con la inercia de algunas instituciones bajo el argumento de la “transición”, a fin de evitar un desgaste en su administración. Si bien los sondeos de opinión que genera el gobierno y de la firma CID Gallup indican que la mandataria sigue teniendo un buen nivel de aceptación, éste empieza a tener altibajos.
En septiembre de 2022, la CID Gallup dio a la presidenta una evaluación positiva del 62%; en octubre de 2022, tras la primera autoevaluación de su gobierno, el asesor presidencial, Manuel Zelaya, y su gabinete informaron que según sus encuestas, el nivel de aprobación de Xiomara Castro era de 72%, y en enero de 2023, nuevamente el gobierno, tras una segunda autoevaluación de su gabinete ampliado, dijo que la mandataria tenía un nivel de aprobación de 62%, en tanto la CID Gallup, en su última publicación de enero de 2023, le otorga un porcentaje de aprobación de 65%. Son los datos que se manejan.
Los hondureños, según la CID Gallup, creen que el país camina por el rumbo equivocado, pese a las acciones del gobierno. De ahí que la apuesta es a que el 2023, la “transición” quede atrás, y la “marea rosa” de paso al arranque, porque los ciudadanos—según los expertos—ya no son tan fieles a las ideologías, castigan con su voto, y ejemplo de ello, fue la llegada de la izquierda en Honduras al poder, al castigar la gestión de Juan Orlando Hernández, como parte también de esa ola latinoamericana de castigo al oficialismo y el autoritarismo. (PD)
