Tegucigalpa – Rolando Argueta, titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se refirió este viernes a la lucha contra la corrupción en Honduras, la reforma que se pretende hacer al artículo 232 constitucional, la legalidad o ilegalidad de la junta directiva del Poder Legislativo, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y del expresidente Juan Orlando Hernández (extraditado a Estados Unidos).
– Tengo información que en el occidente y atlántico del país hay muchos secuestros, pero no trascienden aquí, dijo Argueta.
– Es un error atender solo el tema de la corrupción, porque se descuidan investigaciones de crimen organizado, extorsión y narcotráfico, añadió.
– La reelección de magistrados en la CSJ es un tema personal, ellos creen que reúnen los requisitos y capacidades, refirió.
– El actual Poder Judicial no tomó decisiones para validar o legalizar las Zonas de Empleo, ni la reelección presidencial en Honduras.
– Lamentó que se hayan cometido muchos actos de corrupción en el gobierno anterior y asegura es un tema estancado en el país.
– Nunca estuve al servicio de ningún ciudadano, tampoco del expresidente Hernández algunas de sus solicitudes fueron rechazadas.
No hace falta reformas a la Constitución
El presidente del Poder Judicial, participó hoy en la entrega de 99 acuerdos de nombramientos permanentes para empleados que estaban por contrato, quienes aprobaron los exámenes pertinentes para conseguir sus puestos, donde expuso los avances alcanzados en su administración como titular de la Corte y asegura que pudo reducir la mora judicial entre otros temas que garantizan el fortalecimiento de la institución judicial.
Inicialmente indicó que en derecho que le confiere la Constitución de la República para opinar sobre cualquier tema, consiente en que los poderes del Estado tienen sus facultades, entre ellos el Congreso para legislar y propiciar reformas legislativas que existen, de tal manera que la norma sea adecuada y adaptada a la necesidad de la sociedad.
“La sensación de algunos funcionarios es que hay alguna idea en que los procesos mejorarán, cambiando la ley o reformándola, no basta una reforma a la Constitución para mejorar las instituciones para que puedan presentar un mejor servicio”, respondió a la pregunta sobre la idea de reformar el artículo 232 constitucional.
Pese a ser consultado de la legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso, refirió que no puede pronunciarse al respecto, pero reiteró la existencia de 14 recursos relacionados a ese tema que además cuestionan el decreto de amnistía política y varios de ellos abordan sobre las autoridades del Poder Legislativo hondureño. En su momento la Sala de lo Constitucional dará respuesta a esas solicitudes, externó.
Perspectiva sobre la CICIH
Y en relación a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), sostuvo que es bueno, pero la necesidad más concreta que se tiene en el país es fortalecer los entes judiciales, porque la comisión exterior, solo es un eslabón más en la cadena de justicia, ésta puede ser útil pero no es lo más importante.
Considera que debe haber un mayor compromiso de las entidades políticas de la nación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para dar respuestas adecuadas y oportunas, como en la concurrencia de delitos relacionados a “secuestros, me informan que hay muchos, principalmente en la zona noroccidental y atlántico del país que no trascienden aquí”.
“Además, hay mucho delito de extorsión, crimen organizado, delito contra la vida, que necesitan fortalecerse en la investigación, creo que ver solo el tema de la corrupción -que es un importante y necesario-, es un error por parte del Estado porque descuida otras entidades en cuando a la pesquisa, acusación y condena de los responsables, hasta de los delitos comunes y narcotráfico que tanto afectan al país”, subrayó.
Legalidad de las ZEDEs
Y respecto a la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad a Honduras, señaló que aunque este mecanismo externo esté conformado por 20 o 30 expertos internacionales, no será suficientes en el tiempo requerido, para mejorar el sistema de justicia, ya que por eso, después vienen las frustraciones.
¿Qué opina de la ZEDE? Se le peguntó y dijo que al requerirse reformas, el Ejecutivo y Legislativo, tienen sus especialistas verificando las circunstancias, personalmente creo que, no es necesaria una modificación constitucional para que una entidad internacional pueda llegar, basta con un convenio entre los poderes del Estado, tal como el que trajo a la MACCIH para robustecer la justicia en Honduras.
Sin embargo, cree habrá que revisar leyes como “Código Penal y Código Procesal, Ministerio Público, Procuraduría General de la República; porque quizá haya necesidad de hacer cambios en esos instrumentos jurídicos. El Poder Judicial no creó la figura de las ZEDE, las crea la misma Constitución y su Ley Orgánica, nosotros solo formalizamos, nunca ejercitamos una actividad judicial en pro de la instalación de esas áreas, entiendo que son tres a nivel nacional”.
Argueta reveló que “se planteó en pleno de magistrados que algunos contenidos de la Ley Orgánica de las ZEDE no estaban acorde al respeto de la soberanía y de la independencia del Estado, lo dejamos plasmando y hay constancia de ello, pero lo realmente importante es que, es un incentivo a la inversión y seguridad jurídica, para propiciar fuentes de trabajo, es lamentable que no se genere empleo en el país”.
Seguidamente planteó que cualquier decisión que tomen las actuales autoridades del gobierno, sean en base a mantener la soberanía y la independencia de Honduras, pero sin descuidar la generación de fuentes de empleo que tanto hacen falta para evitar la migración. -Sobre las ZEDEs, solo oficializamos lo que ya creaba la Constitución en ese momento, arguyó.
Congreso y expresidente Hernández
“La conciencia de quien les habla está tranquila, nunca he actuado de manera dolosa o tomado una decisión al margen de la ley sobre las ZEDEs u otro caso, lo que se exige es respeto al debido proceso y ayudar en las indagaciones. Los recursos de inconstitucionalidad vienen desde la CSJ anterior, se declararon inconstitucionales pero el Congreso decidió retomar el tema, se hicieron reformas y se quedaron vigentes así como la Ley Orgánica”, amplió.
Finalmente habló sobre el caso de extradición del expresidente Hernández y dijo que “en las últimas décadas trabajó por el principio de legalidad “porque la Corte y los más de 500 jueces que la integran, no investigamos; porque se ha dicho que somos culpables por la falta de sanción penal en cuanto al ciudadano (exgobernante), nunca tuvimos ningún expediente hasta antes de la solicitud para extraditarlo”, sentenció.
“Cuando llegó la petición se le dio el trámite establecido y de una manera adecuada se respetaron los plazos, se tomó la decisión de primera instancia que manda la Constitución y en segunda instancia que es el pleno de magistrados de ratificar la decisión que dio lugar a la extradición. Esta es una versión, que durante muchos años realizaron e hicieron entidades de derecho público entre ellos los partidos políticos, en decir que nada de lo que se hizo en años anteriores, estaba bueno eso no es verdad, hay avances importantes”, enfatizó.
Rechazó esa versión y mencionó normativas que su juicio fortalecieron la acción judicial, reconoció que aún hace falta cosas por mejorar, pero refirió que «la Ley contra el Lavado de Activos, Ley de Privación de Dominio, Ley contra el Terrorismo, además, obras físicas como: construcción del canal seco, aeropuerto de Palmerola, Centro Cívico Gubernamental, también la reducción de 90 a 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, nunca antes funcionarios, empresarios, líderes religiosos o políticos habían sido condenados y ahora lo estamos viendo». JP
