Tegucigalpa (Proceso Digital /por Isis Rubio) – El uso de explosivos en los enfrentamientos entre privados de libertad en las cárceles denominadas de máxima seguridad y las armas de grueso calibre que portan los reclusos se convierten en otro detonante de alerta ante la inseguridad y la falta de políticas para establecer un control en las cárceles de Honduras.
De los cuatro enfrentamientos en cárceles de máxima seguridad registrados en este mes, en dos de ellos se reportan explosiones de granadas y el uso de armas de fuego de grueso calibre.
Ante estos ataques, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), solicitó a las autoridades investigar la entrada y uso de armas de fuego en las cárceles.
Mediante una serie de tuits, OACNUDH indicó que la obligación del Estado es salvaguardar la vida de los privados de libertad.
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Determinan tipo de explosivo
El subdirector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), subcomisionado Adonai Hernández dijo a Proceso Digital que se investiga el tipo de artefactos fueron utilizados en ambas cárceles.
“Los equipos de investigación hacen los levantamientos de evidencias para determinar qué tipo de artefacto fue el que explotó en ambas escenas, porque pueden ser de uso militar o caseros”, señaló.
Agregó que el peritaje se realiza con el apoyo de la unidad especial de explosivos, por lo que, -justificó- “la investigación es técnica y también lleva su tiempo”.
¿Quién ingresa las armas?
El subcomisionado Hernández señaló que las armas están llegando por “manipulación humana” ya sea por amenaza, por remuneración o por ser parte de la estructura criminal.
“Todo que se pueda investigar lo estamos haciendo, cómo llegan esas armas, que personas están sirviendo de cómplices, recordemos que ya hay agentes penitenciarios recluidos por encontrarles evidencias que iban a las manos de los líderes de maras y pandillas”, indicó.
Reiteró que “las investigaciones siguen en curso, sabemos que hay elementos humanos en el ingreso de las armas y a ellos son los que se tienen que identificar ya sea miembros de estructuras, familiares o funcionarios penitenciarios”,.
Granadas un material de guerra
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, dijo a Proceso Digital que el Ministerio Público es el llamado a investigar cómo a las cárceles entran armas y granadas que, a su juicio, son de uso militar
“Las granadas son realmente propiedad del Estado y son de uso oficial, están bajo custodia de la Secretaría de Seguridad y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, no todo mundo tiene acceso a esos artefactos”, señaló.
Recordó que las granadas son consideradas un material prácticamente de guerra.
“Presumimos que estas granadas pueden estar siendo compradas en el exterior y pueden ser trasladadas por familiares u otros entes hasta estas cárceles de máxima seguridad”, indicó.
En ese sentido, dijo que es urgente investigar cómo es que llega ese material bélico hasta las manos de los privados de libertad y ver el accionar de cada uno de los agentes penitenciarios.
Asimismo, indicó que todo el residuo que se encuentra en la escena del crimen debe de ser investigado minuciosamente por los fiscales para deducir las responsabilidades y dar seguimiento a quienes son los que ingresan esas armas de grueso calibre entre ellas AR-15 y AK-47, razonó.
Reacomodar a la población carcelaria
Maldonado reiteró la exigencia de reacomodar a la población carcelaria, por lo que pidió que cada cárcel albergue a un grupo delictivo específico.
Actualmente hay cárceles que tienen a tres grupos delictivos y eso provoca enfrentamientos, arguyó el defensor de derechos humanos.
“Los operadores de justicia deben sentarse con responsabilidad para poder ejecutar la decisión del juzgado de ejecución de Danlí, donde establece que en la cárcel de La Tolva solo puede haber un grupo”, acentuó.
Actualmente en este recinto se encarcela a los integrantes de la Mara o Pandilla 18, Mara MS-13 y Los Paisas, aseveró Maldonado.
Consideró urgente sacar a dos grupos de allí y ubicarlos en otros centros penitenciarios.
(Ver) Defensores de DDHH y ONGs reciben dinero de maras y pandillas, acusa comandante de la FNAMP
Buscan disuadir la problemática de las cárceles
Recientemente, en un espacio mediático el jefe de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), el coronel Amílcar Hernández dijo que “tenemos información directa y confirmada que miembros de organismos de derechos humanos y de ONG reciben dinero de las maras y pandillas, esto es colusión”.
Igualmente señaló que hay Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben dinero y puso el caso de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, que según él recibió una potente cantidad de recursos para tramitar su personería jurídica. Agregó que esta organización solo se interesa por los derechos de los pandilleros que representan un 15 % de la población carcelaria.
Para el defensor humanitario Maldonado, esas declaraciones están fuera de contexto, ya que buscan disuadir la problemática de las armas que están dentro de los centros penales, vinculando a personas con las maras y que estas reciben dinero.
Agregó que es por ello, que la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordoñez interpuso una querella contra el comandante de la FNAMP .
“Nosotros lo que vemos es que con esas declaraciones lo que se busca es disuadir lo acontecido en la cárcel dejando muertos y heridos y vinculando a terceros que reciben dinero a cambio de que la población se concentre en otras cosas y no en la verdadera problemática que vive el sistema penitenciario”, arguyó.
Se deducirán responsabilidades
Por su parte, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora dijo a Proceso Digital que las investigaciones siguen su curso desde que se registró el enfrentamiento, por lo que se deducirán responsabilidades.
Según detalló, hay un equipo de fiscales de Danlí y de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida asignados y trabajando para determinar el evento que dejó muertos a tres privados de libertad. Igualmente, en el contexto, se investigan las armas que se utilizaron.
Sostuvo que una vez culminada la investigación ambas fiscalías interpondrán los recursos fiscales correspondientes para deducir responsabilidades.
Silencio en el INP
Proceso Digital se comunicó con la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar para conocer la posición de la institución.
En ese sentido, Aguilar contestó que las autoridades no pueden brindar ningún tipo de declaraciones porque hay un proceso de investigación por parte de la DPI y la Fiscalía.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) un total de ocho privados de libertad han sido asesinados este 2021 en las cárceles de máxima seguridad en el país centroamericano.
Asimismo, en la última década al menos 240 privados de libertad fallecieron de manera violenta en los presidios, siendo el 2019 el año que más crímenes registró, 65 en total.
(Ver) Cárceles de máxima INseguridad
Piden intervención de las cárceles
Mientras que la presidente de la Asociación de Familiares Privados de Libertad, Delma Ordóñez, pidió la intervención de las cárceles de Honduras.
Según Ordóñez las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han quedado mucho a deber.
“No podemos seguir así, son tres ataques en cárceles denominadas de máxima seguridad en menos de 15 días, esto solo genera incertidumbre entre los familiares”, arguyó.
Enfrentamientos de junio
El 3 de junio, autoridades reportaron que se frustró un amotinamiento armado en el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT). Leer nota completa.
El 7 de junio,un recluso perdió la vida y cinco más resultaron heridos en un enfrentamiento registrado al interior de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo. Leer nota completa.
El 8 de junio, un nuevo enfrentamiento se registró en las cárceles del país, el turno fue en el centro penal de El Porvenir, en Francisco Morazán, donde se reportaron tres heridos. Leer nota completa
El 17 de junio, un enfrentamiento entre integrantes de organizaciones criminales en el interior de la cárcel de máxima seguridad ubicada en Morocelí, conocida como La Tolva, en el oriental departamento de El Paraíso, dejó el saldo de tres muertos y más de una treintena de heridos. Leer nota completa.
El 24 de junio, se reportó la muerte de otro privado de libertad que había salido herido en la reyerta de la cárcel de La Tolva y quien se encontraba recibiendo asistencia médica en el Hospital Escuela. Leer nota completa. IR
