Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En medio de la crisis poselectoral suscitada en el país, en paralelo una de las instituciones que por mandato constitucional está obligada a garantizar la alternabilidad en el poder, son las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), rectoradas bajo una nueva cúpula obligada a garantizar los principios de institución apolítica, obediente y no deliberante, perdidos durante la gestión del ahora general en retiro, Roosevelt Hernández, uno de los comandantes que bajo su mando deja a la institución con un alto déficit de confianza y credibilidad.
Consideradas un poder subterráneo que siempre han jugado en la política del país, el general en retiro Roosevelt Hernández, volvió a dar un inusual protagonismo a las Fuerzas Armadas similar a la época de 2006-2009, donde el gobierno de turno, el del expresidente Manuel Zelaya, les otorgó funciones y facultades que no les correspondían y las puso en la vitrina pública y mediática, hasta la crisis política del 28-J. Los militares se definieron como la “cuarta pata” en la mesa del poder.
En los gobiernos de Lobo Sosa y el expresidente Juan Orlando Hernández, los militares siguieron gozando de privilegios y canonjías, pero menos protagónicas mediáticamente, a excepción de cuando fue creada la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en 2013 y la intentona del gobierno de turno de querer elevarla a rango constitucional, algo que el Congreso Nacional rechazó. No obstante, siguieron gozando de las “bondades” gubernamentales al amparo de la tasa de seguridad.
Pero vuelven al protagonismo mediático en el gobierno de izquierda, en el gobierno de la refundación de Honduras de la mano de la presidenta, Xiomara Castro, quien las coloca nuevamente a nivel público como la “cuarta pata” con quien decide ostentar el poder. Castro volvió a las Fuerzas Armadas en sus aliados incondicionales desde la gestión del general en retiro José Jorge Fortín, premiado ahora como rector de la COPECO. Lejos quedó el discurso de Castro: “los militares a sus cuarteles”.
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El nuevo giro de las Fuerzas Armadas hacia la politización partidaria lo empezó a generar Fortín cuando en sus discursos arengaba en contra de varios altos jerarcas militares en retiro por los hechos del 28 de junio de 2009 que terminó con el gobierno del expresidente Zelaya por intentar imponer una ilegal cuarta urna para instalar una constituyente que había sido rechazada.
Si Fortín dibujó el camino que iban a tomar las Fuerzas Armadas, la llegada del general ahora retirado Roosevelt Hernández, selló esa ruta: el general volvió a la institución altamente política, desobediente y ampliamente deliberante.
Empoderado por los aplausos del oficialismo, Hernández y su cúpula empezaron a visitar dependencias como el Banco Central de Honduras para conocer la política monetaria que al término de su gestión tendría un rédito para la institución: el gobierno les regaló un banco, luego de haber vendido años atrás el banco de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Castro los devolvió de nuevo al centro del capital financiero.
Pero ese retorno fue precedido de las acciones de Roosevelt Hernández: la confrontación con el sector privado, las amenazas, intimidaciones y acusaciones contra la prensa y los medios de comunicación, fustigar a los actores civiles críticos al poder y a la institución castrense, entre otras acciones que fueron desfigurando el rol de las Fuerzas Armadas.
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Usó los medios públicos de las Fuerzas Armadas para hacer propaganda a favor del partido en el poder y su candidata, la exministra de la Defensa, Rixi Moncada, en un claro abuso de poder y violación de la ley electoral. También se dedicó a homenajear a activistas de derechos humanos que en el pasado cuestionaron a los militares, pero dieron un giro de 180 grados defendiendo a Hernández y su postura “patriótica” haciéndose de la vista gorda en cuanto a sus abusos de poder, de violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la libertad de expresión.
La oscura gestión del general Hernández
Pero fueron los acontecimientos del 9-M en las elecciones primarias lo que destapó el rol altamente político y de obstrucción a la democracia que jugaron los militares con el paseo turístico de las maletas electorales por horas en la capital. Y Roosevelt Hernández fue un actor protagónico amenazando, intimidando y pumpuneando los escritorios de las consejeras del CNE a quienes acusó de difamación, les negó las instalaciones del Campo de Parada Marte para guardar los carros que serían usados en el traslado de las maletas electorales para el 30 de noviembre y les pidió que le compartieran las actas a nivel electivo presidencial para conocer quién sería el presidente de Honduras.
Vigilados por la ciudadanía y la comunidad internacional, los militares cumplieron su rol de custodia del proceso electoral previo, durante y posterior al proceso, último sobre el cual han sentido fuerte presión dada la crisis política poselectoral ante una elección reñida que mantiene las expectativas en un escrutinio especial para definir quién será el próximo presidente del país entre los dos candidatos del bipartidismo, Nasry Asfura del PN y Salvador Nasralla del PL.
Roosevelt Hernández jugó a politizar la institución castrense hasta el último momento. 48 horas antes de dejar el poder, un informe de inteligencia militar revela cómo Hernández y la cúpula castrense apostaban a que no existiera una declaratoria de las elecciones por parte del CNE para que fuera el Congreso y la comisión permanente de Luís Redondo la que convocara a un gobierno de transición que daría la continuidad en el poder al partido que perdió las elecciones: Libertad y Refundación, Libre.
Ese informe de inteligencia militar contemplaba también frases de improperio del general Hernández en contra del periodista Renato Álvarez. Y en declaraciones a medios televisados, Hernández corrobora lo citado en el informe sobre la posibilidad de que Libre siga en el poder si no hay declaratoria de elecciones por parte del CNE.
El general Hernández dejó la jefatura del Estado Mayor Conjunto y pasó a ser nombrado ministro de Defensa por parte de la presidenta Castro. Una nueva cúpula militar asume las funciones al mando del general Héctor Benjamín Valerio Ardón, y en su discurso el jerarca castrense aboga porque las Fuerzas Armadas retornen a su rol constitucional: apolíticas, obedientes y no deliberantes.
Valerio Ardón ha indicado que las FFAA deben apegarse a su rol constitucional, ha pedido confianza, y llegó a las instalaciones del Centro de Logística Electoral (CLE) para dar un mensaje de compromiso de resguardo del material electoral. Pero esta nueva cúpula no solo tiene ante sí garantizar el blindaje y la seguridad en las instalaciones donde se encuentran las maletas electorales, también deben dar evidencias claras que la politización partidaria saldrá del cuerpo de esa institución.
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La nueva cúpula militar tiene entre sus desafíos generar confianza ciudadana tras la caída en su credibilidad luego de las elecciones primarias. El sondeo de opinión de los jesuitas indica que apenas un 15.7% de la población confía en las Fuerzas Armadas, una caída enorme que corresponde a la nueva cúpula militar revertir la percepción.
El general Valerio Ardón no solo debe llevar a buen puerto el rol castrense en este proceso electoral, también dar muestras que se está frente a unas Fuerzas Armadas dispuestas a cumplir sus funciones constitucionales sin sesgos políticos partidarios, sin afrentas a la sociedad y a la autoridad, y en estricto respeto a las garantías ciudadanas y de sus derechos. El nuevo gobierno por asumir deberá ratificar o cambiar la actual cúpula militar, será su actuación la que indicará hacia dónde caminan las Fuerzas Armadas: a respetar los principios de apolíticas, obedientes y no deliberantes, o a profundizar la politización partidaria a favor de un oficialismo que busca prolongarse en el poder al margen del veredicto en las urnas. (PD)
