Tegucigalpa – Tras casi dos años de la gestión de Johel Zelaya como Fiscal General, si se cuenta el período de interinato, ha presentado requerimientos contra miembros de los partidos políticos de oposición, y varios exfuncionarios del gabinete de Juan Orlando Hernández (2014-2022)
– Del actual gobierno, la gestión de Johel Zelaya en el MP solo ha acusado a Miguel Navarro por asesinato, pero fue sobreseído.
– Del narcovideo, no ha habido un pronunciamiento si el MP procederá a investigar la reunión de Carlos Zelaya con narcos.
– Tampoco ha presentado requerimiento fiscal por el caso del “cheque video” en Sedesol
Desde su comienzo, el mandato de Johel Zelaya en el Ministerio Público ha sido polémico desde su aspiración por ser regidor, el procedimiento utilizado para nombrarlo fiscal interino, y después su oficialización por las negociaciones de las principales fuerzas políticas.
Zelaya, que es afín al partido en el poder de Libre, participó como precandidato a la alcaldía de Reitoca en las elecciones internas de 2021, pero no fue electo y era regidor.
Zelaya fue electo como Fiscal General interino el 1 de noviembre del 2023 por una Comisión Permanente del Congreso Nacional integrada mayoritariamente por diputados oficialistas, en un período de crisis del Poder Legislativo por la ausencia de sesiones.
Desde que asumió el timón del ente acusador del Estado, ha enfatizado en combatir la corrupción y perseguir a los políticos coludidos con este ilícito, así como el narcotráfico o crimen organizado.
También prometió que no presentaría requerimientos sin sesgo o color político al que pertenecen los imputados en casos de corrupción.
Sin embargo, los casos que presenta en los juzgados parecen llevar dedicatoria ya que solo se acusa a reconocidos miembros de los partidos Nacional y Liberal, así como exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Pese a que ha cumplido con la presentación de requerimientos fiscales contra casos ilícitos que sucedieron en la pasada administración, muchos cuestionan que solo se está enfocando en una institución política, así como el momento en que se interponen.
Los principales requerimientos fiscales han sido contra miembros del Partido Nacional, altos exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), especialmente en el período del COVID-19, donde se denunciaron actos irregulares por el manejo de los fondos durante la pandemia.
Para iniciar el corolario de los demandados nacionalistas, está el propio candidato presidencial Nasry Asfura.
Sin embargo, durante su gestión de casi dos años no ha presentado requerimientos fiscales por la aparición del exdiputado y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya, tras aparecer en un video reunido con reconocidos narcotraficantes para pactar la entrega de dinero para la campaña de Libertad y Refundación (Libre) en el proceso electoral de 2013.
Tanto que Johel Zelaya pidió públicamente a los periodistas que ya no le preguntaran por el caso del “narcovideo” alegando que ya no se pronunciaría sobre estos temas.
Zelaya solo renunció como secretario del Congreso Nacional y diputado.
Igualmente, no ha presentado requerimiento fiscal por el caso del “cheque video” en la que la diputada Isis Cuéllar conversa telefónicamente con el exministro José Carlos Cardona para pactar uso del dinero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para la campaña de Libre en el departamento de Copán.
Romeo Vásquez
Probablemente la figura del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, sea el requerimiento fiscal para uno de los principales opositores que ha tenido el gobierno de Xiomara Castro.
Vásquez Velásquez es una figura que tiene un pasado con la familia presidencial por el papel que desempeñó en la destitución de Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, causando su salida del poder y de un breve exilio.
Tras varias amenazas reiteradas por el gobierno que el general en condición de retiro pagaría por los hechos del Golpe de Estado, finalmente, a inicios de año fue capturado junto a los generales Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto.
El requerimiento fiscal del Ministerio Público fue por la muerte del joven Isis Obed Murillo que falleció el 5 de julio de 2009 a inmediaciones del aeropuerto de Toncontín cuando el presidente despuesto Mel Zelaya se aprestaba a ingresar al país tras una semana del Golpe de Estado.
Murillo falleció de un disparo en la cabeza en medio de las manifestaciones a favor del fundador del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Tras 15 años después del hecho, el ente acusador del Estado presentó requerimiento fiscal contra los tres generales por el delito de asesinato en contra de Isis Obed Murillo y tentativa de asesinato en perjuicio de Alex Zavala.
Inicialmente, los tres generales permanecieron recluidos hasta que le modificaron las medidas de prisión preventiva a cautelares permaneciendo en sus casas.
Sin embargo, en una resolución exprés, la Corte de Apelaciones de lo Penal determinó cambiar el arresto domiciliario a prisión preventiva.
Nasry Asfura
El requerimiento fiscal que más impacto ha causado ha sido en contra del exalcalde capitalino Nasry Asfura y varios exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Esto ocurrió el 9 de octubre del 2024, cuando Asfura, realizaba un evento político, este requerimiento sacudió el escenario.
Inmediatamente, generó una reacción de diversas opiniones, ya que se acusa en un momento que ya estaba abierta la campaña electoral, ya que se había convocado para elecciones primarias que se realizaron el 9 de marzo pasado.
Además, se acusó al Partido Nacional, principal opositor y contendiente del Partido Libertad y Refundación (Libre), y uno de sus principales aspirantes.
También se debe recordar que en el pasado la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) intentó llevar a Asfura a un proceso de antejuicio en tiempos del proceso electoral de 2021, pero que fue cerrado.
Asfura fue acusado de la comisión de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
Por estos mismos delitos se imputaron a Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y la exregidora municipal Nilvia Ethel Castillo.
Igualmente, fueron acusados Mario Roberto Zerón Suazo y Rony López Córdova por el delito de fraude y violación de los deberes de los funcionarios; Wilmer Gerardo Rodríguez y Roger Ariel Amador por lavado de activos, fraudo y uso de documentos falsos, Óscar Rolando Uriarte Romero es acusado por lavado de activos.
Lo inédito de este caso, que el mismo día de la resolución de la audiencia de declaración de imputados, Zelaya acompañado del coordinador de la Uferco, Luis Javier Santos, ofrecieron una cadena nacional para someter los argumentos y motivos porque acusaron a Asfura.
(LEER): Fiscal Zelaya y jefe de UFERCO defienden acusación contra Asfura en inédita cadena nacional
En esa cadena nacional, descartaron que la acusación sea una persecución política, sino que era penal, y que acusarían a los corruptos.
Nelson Márquez
El último caso presentado contra la oposición fue un requerimiento fiscal contra el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, por el delito de fraude en la desaparecida Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Márquez que ha sido uno de los voceros del Partido Nacional en el Congreso Nacional, fue capturado cuando iba a asistir una sesión legislativa y está cumpliendo con la medida de arresto domiciliario.
Hospitales Móviles
El primer requerimiento que presentó Johel Zelaya como Fiscal General interino fue una extensión del caso de Hospitales Móviles donde pidió la captura de las exministras de Finanzas y Salud, Rocío Tábora y Alba Consuelo Flores, respectivamente, junto a otros exfuncionarios.
En este expediente, también se imputó por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios a Héctor Antonio Herrera Flores, Bessy Roxana Rodríguez y Carlos Luis Guevara Mondragón, quienes fueron funcionarios de la Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Alba Consuelo Flores se encuentra prófuga de la justicia hondureña, mientras que Tábora está defendiéndose en libertad, aunque estuvo un tiempo en prisión tras ser capturada el 15 de noviembre de 2023 en la frontera con Nicaragua.
Actualmente, se le dictó auto de apertura a juicio oral a la exministra de Finanzas.
El perjuicio económico que señala el MP por la compra de los hospitales móviles fue de más de 47 millones 512 mil 564 dólares, que equivale a mil 174 millones 517 mil 764.33 lempiras.
Mario Pérez
El segundo requerimiento fiscal de su administración fue en contra del diputado nacionalista Mario Pérez por amenazas a un guardia de seguridad del Congreso Nacional, en unos incidentes que ocurriendo un día previo a su juramentación.
Aunque el video que se divulgó mostró al congresista apuntando una pistola en la cabeza del guardia de seguridad, no se presentó requerimiento contra las personas que golpearon al diputado Antonio Rivera Callejas en ese mismo día.
Este caso terminó con un sobreseimiento definitivo a favor de Mario Pérez.
David Chávez
El 28 de noviembre de 2023, se ordenó la captura del entonces presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison, por un caso de corrupción cuando dirigió el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
(LEER): Ordenan captura de presidente del Partido Nacional, David Chávez
Chávez Madison es acusado por los presuntos delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
La denuncia retrata una licitación por 75 millones de lempiras que servirían para equipar y capacitar los centros regionales de Infop en Juticalpa, San Pedro Sula y Puerto Lempira.
Esta acusación ganó notoriedad porque David Chávez huyó del país en horas de la madrugada, escapándose de los agentes que ejecutaban la orden de captura.
Actualmente, Chávez Madison retornó al país tras estar 15 meses prófugo de la justicia hondureña.
Ebal Díaz
El 29 de julio, se presentó requerimiento fiscal contra el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, y más de una docena de personas por el caso de proyecto habitacional “Residencial Morazán”.
Según el requerimiento fiscal, el exministro Díaz presidió el consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP) y dirigió una estructura criminal para orquestar un fraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas y causar un perjuicio de más de 294 millones de lempiras.
Díaz se encuentra viviendo en Nicaragua tras recibir la nacionalidad de esta nación centroamericana a comienzos del gobierno de Xiomara Castro.
Lisandro Rosales
El 23 de septiembre, se acusó al excanciller y extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, por el caso penal de la compra irregular de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de COVID-19.
Los exfuncionarios de Copeco están guardando prisión, la excónsul negocia su proceso de entrega al juez, mientras que Lisandro está prófugo de la justicia hondureña.
Leonel Ayala
Otro exfuncionario del gabinete de Juan Orlando Hernández que fue imputado fue el exministro de Gobernación, Leonel Ayala, por estafa en la compra de camiones para el Cuerpo de Bomberos.
También se acusa de complicidad por el delito de estafa a Wilfredo Cerrato Santos y Héctor Martin Cerrato Velásquez, ambos asesores de Ayala, y Kerin Francisco Maldonado Aguilar, supuesto representante legal de Honduras de la empresa israelí B SAFE Security.
Según la acusación, hubo una defraudación de 81 millones 010 mil 658 lempiras por la adquisición de los camiones de Bomberos.
Arturo Bendaña
También fue acusado el exministro de Salud, Arturo Bendaña, por un caso de desfalco en esta dependencia del Estado, y actualmente está con medida de arresto domiciliario.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los exfuncionarios y representantes de empresas mercantiles efectuaron compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que derivó en un fraude al Estado por 224 millones 994 mil 921.30 lempiras.
De acuerdo al requerimiento fiscal, entre 2010 y 2012 exfuncionarios y empresarios utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada “extra financiamiento” para cometer delitos en contra de la salud pública.
Leopoldo Crivelli
Igualmente, el exedil de Choloma, el liberal Leopoldo Crivelli, fue acusado y detenido el 8 de abril 2024, por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos.
También se señaló a exempleados del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Carlos Noe Ramírez Araque y Raúl Antonio Herrera Rodríguez.
La investigación del MP señaló irregularidades en el proceso de ejecución del proyecto denominado “Mercado El Ceibón”, que consistiría en beneficiar a un grupo de vendedores ambulantes de Choloma.
Sin embargo, Crivelli junto al empresario Julio César Maldonado Hernández (otro acusado) gestionaron un préstamo en Banadesa por 35 millones 600 mil lempiras, con confabulación de dos empleados, para gastos personales, pago de apartamento, transferencias particulares y tarjetas de crédito. (PD).
