Tegucigalpa – Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó el jueves auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra los tres ciudadanos hondureños: Perfecto de Jesús Enamorado Paz, Antonio David Kattán Rivera y Arcadio Corrales Estrada.
Los imputados, capturados entre el 13 y 14 de agosto en operativos policiales separados en la capital, enfrentan cargos graves por actos preparatorios punibles, asociación terrorista, terrorismo y tentativa de homicidio, en un supuesto complot para asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales y desestabilizar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
La decisión judicial, emitida tras una audiencia inicial que se extendió por dos días y fue suspendida temporalmente el martes, ordena que los tres señalados permanezcan recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán, mientras avanza el proceso legal.
La audiencia preliminar ha sido fijada para el 17 de septiembre a las 9:00 de la mañana, donde la Fiscalía espera presentar más pruebas para elevar el caso a juicio oral y público.
¿Amenaza o show?
Este caso ha generado un intenso debate nacional, con el gobierno viéndolo como una defensa contra amenazas golpistas, mientras opositores y defensores de derechos humanos lo califican como una persecución política basada en evidencias débiles y «bromas» malinterpretadas.
Los tres hombres, todos hondureños de entre 50 y 60 años, no eran figuras públicas notorias antes de su detención, lo que ha aumentado la sorpresa y el escepticismo en torno al caso ya que pasaron del anonimato a la cárcel en un abrir y cerrar de ojos.
Perfecto de Jesús Enamorado Paz, originario de Tegucigalpa, es descrito por allegados como un ciudadano de bajo perfil, sin antecedentes criminales conocidos y dedicado a actividades cotidianas.
Antonio David Kattán Rivera, empresario y exalumno del prestigioso colegio La Salle de San Pedro Sula, proviene de una familia de clase media-alta con conexiones en círculos sociales y educativos de Tegucigalpa.
Arcadio Corrales Estrada, también de Tegucigalpa, carece de un historial público relevante, pero ha sido ligado por las autoridades a los mismos grupos de discusión que supuestamente incubaron el plan.
El supuesto complot
Según fuentes judiciales, los acusados se conocieron a través de chats privados en WhatsApp, donde intercambiaban mensajes sobre descontento político, paros nacionales y acciones para generar «caos y temor» en el país.
Sin embargo, la defensa argumenta que no hay pruebas sólidas de una estructura criminal organizada y que los imputados ni siquiera se conocían personalmente en algunos casos.
La investigación inició a raíz de una denuncia anónima entregada a la Policía Nacional, que incluía dos memorias USB con audios, capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp y otros materiales digitales.
Según el Ministerio Público, estos elementos revelan planes para organizar un paro nacional con acciones violentas, promover disturbios para presionar al gobierno y, específicamente, atentar contra la vida de Zelaya durante una manifestación del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Los fiscales argumentaron que el objetivo final era derrocar a la presidenta Castro, evocando ecos del golpe de Estado de 2009 que depuso a Zelaya.
Peritos forenses analizaron el material, confirmando la autenticidad de los audios donde se discute «eliminar» a Zelaya y generar inestabilidad.
No obstante, la hija de Antonio Kattán, Giselle Kattán, ha salido en defensa de su padre, asegurando que uno de los audios polémicos era «solo una broma de mal gusto» compartida en un grupo de exalumnos del colegio La Salle, y que no involucraba a Enamorado ni Corrales.
«Mi papá lo compartió como algo irónico, y ahora lo usan para acusarlo de terrorismo. Pedimos disculpas a quienes se ofendieron, pero esto es una exageración», declaró Giselle a periodistas.
La defensa legal, representada por abogados como Héctor Durán, anunció que van a apelar la decisión, argumentando violaciones a la presunción de inocencia y falta de evidencia concreta más allá de conversaciones digitales ambiguas.
¿Distractor?
Críticos del gobierno, ven la detención de los señalados como un intento de distraer de problemas como la inflación, la inseguridad y la corrupción, catalogando a los acusados como «presos políticos».
El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, defendió la solidez de las pruebas y enfatizó que el terrorismo no es un juego.
En un país aún marcado por los eventos políticos del año 2009, este episodio revive temores de inestabilidad.
A criterio del presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, los hondureños Arcadio López, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan son los primeros tres presos políticos de este año.
Mientras los acusados inician su detención en Támara, el debate continúa: ¿Un complot real o una tormenta en un vaso de agua digital?
El juicio preliminar en septiembre podría aclarar el panorama, pero por ahora, Honduras vive un nuevo capítulo de su volátil historia política. PD
