La Comisión de la Verdad fue instalada el 4 de mayo pasado bajo la coordinación del ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, a quien acompañan el diplomático canadiense Michael Kergin y la jurista peruana María Zavala Valladares, así como los hondureños Julieta Castellanos, Jorge Omar Casco y Sergio Membreño.
En opinión de Zelaya, quien desde el 27 de enero pasado reside en República Dominicana, cualquier ex funcionario de su gobierno que acceda a entrevistas con la Comisión de la Verdad, se convertirá en un aval para las conclusiones del organismo.
Además, lo que digan los ex funcionarios a la Comisión de la Verdad «será aprovechado para mencionar su comparecencia como prueba de que fueron escuchados en su defensa, con el único propósito de legitimarse y no de mostrar la verdad».
«Debemos ser cautos y mantener una posición sólida, firme y unánime en el sentido de que si otros miembros nacionales e internacionales opuestos al golpe no son incluidos dentro de esta Comisión de la Verdad, no avalaremos sus informes ni sus conclusiones y no cooperaremos con la misma», añade el comunicado.
Zelaya considera que la participación de los miembros de su gobierno en la Comisión de la Verdad «podría provocar aún más daños y efectos negativos que los sufridos por el golpe de Estado hasta la fecha».
«Un informe falso, con nuestro aval, quedaría en la historia como ‘la verdad’, eximiendo de culpabilidad a quienes han participado y cometido este crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Honduras«, subraya el ex presidente, que fue derrocado cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución.
Zelaya promovía la consulta popular pese a tener un impedimento legal de varios organismos y poderes del Estado.
El ex presidente también cree que a través de la Comisión de la Verdad «se pretenden manipular las causas y los terribles efectos del Golpe de Estado, en un falso intento por aliviar sus consecuencias mediante el reconocimiento internacional».
