Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El 2025 ha iniciado en Honduras con una desigual batalla por la defensa del espacio cívico, la última frontera de la democracia. La escalada en contra de activistas y organizaciones civiles, periodistas y medios de comunicación ha subido un nuevo peldaño: las fuentes informativas y el interés desde el poder gubernamental por conocer a quienes “les difaman” y proporcionan información a los medios, en una estrategia que busca desacreditar la confianza y credibilidad en actores e instituciones claves que no son parte de las estructura gubernamental y estatal.
El espacio cívico permite a las personas y a los grupos contribuir a la formulación y aplicación de políticas que afectan sus vidas y comprende los derechos como la libertad de expresión, de participación, de reunión y de asociación. En Honduras, de un tiempo acá, esos derechos civiles se están restringiendo, unos con mayor intensidad que otros.
La última amenaza a quienes conforman el espacio cívico, eslabón clave para la democracia, ha venido del jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, que ha iniciado una embestida contra al menos una docena de medios de comunicación y una organización civil de derechos humanos ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público para obligarlos a que revelen sus fuentes informativas.
La acción del jerarca castrense, sin precedentes en la era democrática hondureña, busca intimidar a los medios para que revelen las fuentes informativas incómodas al poder, en tanto, enviar a un mensaje a esas fuentes para que se callen, que no hablen, que no brinden información que sea de interés público. Se conforma así un círculo que busca restringir aún más el espacio cívico para debilitar una democracia ya de por sí muy frágil en Honduras.
El general Hernández ha dicho que no busca “intimidar” a los medios, solo quiere saber quién o quiénes informan sobre los problemas internos en la institución y la inconformidad en los subalternos por su falta de liderazgo. Quiere saber “quién o quiénes desinforman”, al sentir que su honor e imagen han sido afectadas.
Hernández quiere desdoblarse de su papel, afirma que el “interés por saber las fuentes” es a título personal, no como el jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, pero las cartas intimidatorias a los medios llevan el sello de las Fuerzas Armadas de Honduras, ejerciendo así el papel que tiene de autoridad investida de poder, y ese poder lo está usando para intimidar la libertad de expresión.
En tanto, desde el Ministerio Público, los requerimientos que salen provienen desde una dependencia de la Policía Nacional que cita una serie de artículos penales como mecanismo de intimidación a los medios para que corran a revelar sus fuentes, de ahí la fuerte reacción que esta acción ha causado entre los medios de comunicación, los periodistas y organismos internacional de libertad de expresión por la desproporcionalidad de los hechos y la latente amenaza hacia los periodistas, los medios y sus fuentes.
Tras la “caza” de las fuentes informativas
Las fuentes informativas se han convertido de esta forma en el nuevo eslabón hacia el cual se piensa enviar mensajes inhibitorios y de censura por parte de quienes ostentan el poder. No solo el jefe del Estado Mayor Conjunto quiere perseguir a las fuentes, también otras dependencias gubernamentales han generado una especie de cacería destituyendo empleados por sospechar que podrían estar implicados en proporcionar información de interés público sobre supuestos actos de corrupción, abuso de poder e impunidad, difundida en sendos trabajos de los medios de comunicación. Es una estrategia de intimidación hacia el espacio cívico.
Las fuentes informativas por doctrina internacional y nacional están protegidas como parte del derecho a la libertad de expresión, el pilar fundamental en el cual descansa la democracia y los derechos humanos. En la legislación hondureña está protegida en los artículos constitucionales de libertad de expresión y derecho de petición, así como en leyes como la libre emisión del pensamiento, la ley de transparencia y acceso a la información pública, entre otros. Y es reforzada por las normas básicas que rigen el periodismo de no revelar fuentes para evitar poner en riesgo su integridad física e incluso sus vidas.
Honduras según Reporteros sin Fronteras es un país que avanza camino al infierno en materia de libertad de expresión por el riesgo con que se ejerce el periodismo, con más de un centenar de periodistas y comunicadores sociales asesinados, cuyos casos en su mayoría permanecen en la impunidad. En tanto el Índice de Libertad de Expresión de Chapultepec 2024 indica que la libertad de expresión en Honduras se encuentra “altamente restringida”.
Violar el secreto profesional de las fuentes informativas sería en un país de alto riesgo para ejercer la libertad de expresión, de prensa y el periodismo como Honduras, exponer a las fuentes a ser víctimas de la represión por parte de quienes ostentan el poder en una nación donde la institucionalidad es muy frágil y cooptada en su mayoría por los gobiernos.
El interés del jefe del Estado Mayor Conjunto de intimidar a la prensa para que rompan el secreto profesional se suma a otras estrategias de amenazas al espacio cívico. En el interior del país organizaciones defensoras del ambiente y del territorio están permanentemente acechadas e intimidadas por su labor de defensa de los derechos humanos, limitadas su libertad de asociación, reunión y de expresión.
Han pagado cara su lucha, el crimen del ambientalista Juan López, una fuente periodística de interés, un luchador social incansable y un protagonista activo del espacio cívico, es una muestra de ello. Una muestra de represión e intimidación de ese espacio considerado la última frontera en donde se libran las batallas por la democracia.
Acallar la crítica, la estrategia
Otros sectores amenazados dentro del espacio cívico por ejercer su derecho al acceso a la información pública y difundir acciones relacionadas con la lucha contra la corrupción, son organismos de sociedad civil que con sus investigaciones develan los nexos del poder con la corrupción, los abusos de poder o la ilegalidad de sus acciones, entre otros.
El Observatorio de la Democracia de la Red por la Democracia, en su más reciente informe reveló que al menos 40 funcionarios públicos, entre ellos altos funcionarios, asesores y miembros del cuerpo diplomático, diputados del oficialismo, son parte de una estrategia de desinformación, campañas de odio y de descrédito en contra de actores claves de sociedad y organizaciones civiles que cuestionan, denuncian o exponen los abusos del actuar del gobierno.
El entorno para el desempeño del espacio cívico se encuentra bajo ataque, según el Observatorio, al señalar que la mayoría de los ataques se efectúa en horas laborales, mientras se han descubierto perfiles falsos o páginas digitales creadas para emprender o replicar las campañas de descrédito que vienen de estos sectores oficialistas.
En sus conclusiones, el Observatorio de la Democracia hace un llamado al gobierno para que cesen los ataques, amenazas y persecución, así como acciones legales de parte de los funcionarios en contra de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, líderes de sociedad civil y empresarios.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se suma así a los actores que desde la institucionalidad del gobierno intimida la labor del espacio cívico, desde su investidura de poder y de miedo que representa el tener bajo su mando el uso de las armas. El general ha dicho que “analiza” y “reflexiona” el poder retirar su demanda en contra de una docena de medios de comunicación, pero mientras no sea efectiva en el Ministerio Público, la amenaza persiste y la estrategia continúa. El país enfrenta así, desde el espacio cívico y la libertad de expresión, una desigual batalla en defensa de la democracia. (PD)
