Tegucigalpa – Los doce grandes casos -incluido dos de aseguramientos de bienes- de presunta corrupción que ha presentado hasta la fecha el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), con el apoyo Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), dejan 123 imputados: 19 presos -dos en EEUU-, nueve prófugos, 72 con medidas distintas a la cárcel, dos fallecidos y 21 con sobreseimientos.
– Uno archivado, ocho en diferentes etapas procesales y otro concluido a la espera de sentencia, son la totalidad de los 10 casos, más dos procesos de aseguramiento de bienes.
– Un valor de L. 514 millones 007 mil 526.09 suman en total los casos presentados.
En estos diez procesos penales, las personas que permanecen recluidas son: Rosa Elena Bonilla de Lobo, Saúl Escobar y Mauricio Mora (caso Caja Chica de la Dama); Jacobo Regalado, Luis Fernando Urrutia Ramírez y Arnaldo Urbina Soto (caso Pandora); Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Mejía Salgado y Waldina Lizzette Salgado Pérez (caso Patuca III); Roberto David Castillo Mejía (Fraude sobre Gualcarque); y Miguel Pastor, Walter Noé Maldonado, Daysi Zúniga Méndez, Claudia Marisela Matute Colindres y José Manuel Valladares Rosa (Narcopolítica).
Dos más se suman a estos 15 presos: Wilfredo Cerrato y Ramón Lobo, ambos se encuentran con arresto domiciliario.
En el caso Red de Diputados, las ocho personas señaladas quedaron prácticamente sobreseídas al pasar las diligencias investigativas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Los cinco exdiputados y tres funcionarios de ONGs fueron beneficiados con la decisión de la jueza.
Igualmente, se registran 16 personas sobreseídas en estos sonados casos como son Pacto de Impunidad (2), Pandora (3), Arca Abierta (11). Mientras que William Chong Wong (caso Pandora), y Edwin Pavón (Arca Abierta), sus causas fueron extinguidas por sus fallecimientos.
Igualmente, existen nueve personas prófugas de la justicia: tres en el caso Pandora, uno en Patuca III y cinco en Narcopolítica.
En la suma hay 70 personas con medidas cautelares de los casos Pandora, Instituto Hondureño de Seguridad Social, Patuca III, Arca Abierta y Gualcarque.
La mayoría de los casos -ocho- están en las etapas previas a juicio oral y público, uno se archivó y se turnó al Tribunal de Cuentas, y uno ya concluyó -Caja Chica de la Dama- pero se espera se resuelvan los amparos para emitir sentencia.
En total en los 12 casos presentados suman en total 514 millones 007 mil 526.09 lempiras.
Entre los delitos enlistados figuran: malversación de caudales públicos, lavado de activos, abuso de autoridad, falsificación de documentos, delitos contra la forma de gobierno, fraude, uso de documentos públicos falsos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La docena de casos
Red de diputados (Archivado)
En diciembre de 2017, la Fiscalía denunció a una red de cinco diputados -en ese momento vigente- señalados por el delito de malversación de caudales públicos.
El 24 de enero de 2018, la jueza Guzmán que conoció el caso Red de Diputados, decidió acogerse a la reforma aprobada en el Congreso Nacional y determinó trasladar las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El 1 de febrero del presente año, el fiscal Luis Javier Santos, coordinador de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), dijo que el fallo proferido por la Sala de lo Constitucional en torno a la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de Presupuesto, permiten a la Fiscalía reabrir el caso denominado Red de Diputados.
Amplió que el fallo de la Sala de lo Constitucional les permite seguir con la lucha anticorrupción. “Creemos que lo aprobado en la Ley del Presupuesto no aplicaba o no nos impedía interponer las acciones penales, así pues después de la aprobación de la Ley de Presupuesto se interpuso el caso Pandora y no hubo ningún problema”, reforzó.
Caja Chica de la Dama (espera resolución del Tribunal)
El 26 de febrero de 2018, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), reveló que al menos nueve personas cobraron 70 cheques en el denominado caso “Caja Chica de la Dama”, en el que involucra a la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo, su cuñado Mauricio Mora y su exsecretario privado Saúl Escobar y un cuarto que está prófugo.
La agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capturaron a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo (2010-2014), junto a su cuñado Mauricio Mora.
Rosa Elena Bonilla de Lobo fue acusada por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita por haberse apoderado de 16 millones de lempiras y haber creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales, de acuerdo a las diligencias de MACCIH-UFECIC.
Posteriormente, se entregó a la justicia el secretario privado Saúl Escobar, los tres imputados ya comparecieron en juicio oral y público. Se espera resolución para ellos.
El 23 de abril de 2019, la Fiscalía pidió en la conclusión del juicio de 81 a 128 años de cárcel para exprimera dama.
El Tribunal se encuentra a la espera de la resolución de los recursos interpuestos a favor de los imputados, para dar su veredicto tras concluir el juicio.
Pacto de Impunidad (sobreseídos y a la espera de juicios)
El 24 de mayo de 2018, el MP-UFECIC presentó un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el denominado caso “Pacto de Impunidad”.
Ambos legisladores fueron acusados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
La MACCIH propuso al Ministerio Público que el caso fuese remitido a la UFECIC para ser investigado por equipos integrados de investigación y persecución penal, los cuales encontraron indicios que consideraron suficientes para interponer un requerimiento fiscal ya que se trata de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto.
El caso de Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando el MP-UFECIC presento requerimiento fiscal contra cinco exdiputados en el caso denominado “Red de Diputados”.
El requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
Tras la acción se produjeron varias denuncias públicas por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el 25 de enero y publicada el 26 de enero en el diario oficial La Gaceta pretendiendo justificar que lo ocurrido fue producto de un simple “error” y no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas.
El 27 de junio de 2018, un juez natural dictó auto de formal procesamiento para el diputado Román Villeda Aguilar, en tanto para su homólogo Tomás Zambrano le fue decretado un sobreseimiento definitivo.
El 19 de noviembre, los diputados Sara Medina y Antonio César Rivera Callejas fueron agregados en la acusación.
El 23 de enero de 2019, la justicia hondureña determinó dictar sobreseimiento definitivo para el diputado Antonio César Rivera Callejas, en tanto para su colega Sara Medina se decretó auto de formal procesamiento por falsificación de documentos. Hace unos días se confirmó esta decisión judicial por parte de la Corte de Apelaciones.
El 27 de febrero del presente año, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nombró los jueces del Tribunal de Sentencia que llevará el juicio oral y público al diputado del Congreso Nacional, Román Villeda Aguilar.
Caso Pandora (se espera sea elevado a un juicio oral)
El 13 de junio de 2018, se presentó en los tribunales hondureños el sonado caso “Pandora”, que involucra a 38 funcionarios, entre ellos varios actuales diputados, que habrían malversado fondos por más de 282 millones de lempiras de las arcas nacionales.
El 2 de agosto de 2018, el juez que lleva la causa dictó detención judicial para dos imputados más en este caso.
El 23 de abril del presente año, el juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a prisión para imputado.
El 23 de noviembre de 2018, el juez que lleva la causa dictó detención judicial para presidente de fundaciones vinculadas al caso.
De los 38 imputados: tres permanecen en la cárcel, tres con sobreseimiento definitivo, tres prófugos y 29 con medidas distintas a la prisión.
Aseguramiento de bienes por caso Pandora
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA), informó en cumplimiento a su mandato, su colaboración y acompañamiento al Ministerio Público – la Unidad Especial de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC), en los aseguramientos que se realizaron a los vinculados en el Caso Pandora.
La acción en la solicitud del Juzgado de Privación de Dominio, que ordenó el aseguramiento de bienes de origen ilícito y por valor equivalente, de acuerdo a los artículos 11 y 12 de la Ley de Privación de Dominio.
El Juzgado de Privación de Dominio decretó medidas cautelares sobre 46 bienes inmuebles, seis vehículos, nueve sociedades mercantiles, dos certificados a plazo fijo, tres cuentas bancarias y el valor representado en un cheque, los cuales pasarán a la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), hasta que se tome una decisión final en el proceso de privación de dominio.
“Caja chica del hermano” (a la espera de juicio oral)
El 5 de noviembre de 2018, se conoció públicamente el requerimiento fiscal contra Ramón Lobo Sosa (90) y Wilfredo Cerrato Durón (71), señalados en el caso Caja Chica del Hermano.
La Fiscalía considera probado que los imputados crearon un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial. Por este medio, según la investigación, los imputados presuntamente se embolsaron irregularmente 8.4 millones de lempiras.
Luego de comparecer en audiencia de imputados el juez les decretó arresto domiciliario en vista que ambos pasan los 70 años.
El 30 de noviembre de 2018, el juez que lleva la causa decidió dictar auto de formal procesamiento con la medida de arresto domiciliario para ambos señalados por fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública
La acusación añade que se firmaron y cambiaron 125 cheques, en fondos que fueron utilizados a partir de dos bancos privados nacionales entre el 2010 y 2014.
Por este caso, la Fiscalía ha acusado a ambos exfuncionarios de 125 delitos de fraude y 125 delitos de malversación de caudales públicos.
Licitación fraudulenta del IHSS (proceso de un juicio oral y público)
El 4 de diciembre de 2018, por adquirir equipo sobrevalorado en más de un 114 por ciento de su precio, mismo que todavía se encuentra en las bodegas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se interpuso un requerimiento fiscal contra la exjunta directiva del Seguro Social, denunció la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
El requerimiento fiscal es contra 12 ciudadanos por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. A los imputados se les acusa de adquirir equipo con una empresa distribuidora de equipo médico, por un monto de 95 millones 244 mil 466.54 dólares.
A este caso se le denomina “Licitación fraudulenta en el Seguro Social”
El 10 de diciembre de 2018, el Tribunal en Materia de Corrupción dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a 12 exmiembros de la junta directiva del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), acusados en el caso.
“Arca Abierta” (en proceso de iniciar juicio oral)
El 11 de diciembre de 2018, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó el denominado caso “Arca Abierta” que involucra cinco actuales diputados, seis exdiputados y otros señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
La investigación fue conducida por el equipo integrado del Ministerio Público-UFECIC y MACCIH. La misma establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras ($ 879 mil) en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”. El dinero procedía de Casa Presidencial (L. 2 millones), del Congreso Nacional (L. 3 millones) y de la Secretaría de Finanzas (L. 16.1 millones).
El 28 de diciembre, fallece el exentrenador y exdiputado, Edwin Pavón uno de los 21 acusados en el caso.
El 14 de enero del presente año, el juez que lleva la causa dictó detención judicial con medidas distintas a prisión para 20 imputados
El 1 de febrero, el juez natural que conoce la causa determinó dictar auto de formal procesamiento para cuatro actuales diputados y cinco personas más, igualmente sobreseer a 11 procesados más.
De los 21 procesados, 11 fueron beneficiados con sobreseimientos, nueve quedan procesados y el caso de Edwin Pavón que se extinguió la causa por su deceso.
El auto de formal procesamiento incluye a Gustavo Alberto Pérez Cruz, Milton Puerto Oseguera, Welsy Milena Vásquez, Gladys Aurora López, Fabricio Puerto Oseguera y José Alejandro Flores, todos por el delito de malversación de caudales públicos.
Asimismo, auto de formal procesamiento para Yovani Castellanos Deras, Gregorio Alberto González y Allan Aroni San Martín por el delito de fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
Entre tanto, la medida de sobreseimiento provisional para Audelia Rodríguez, Hernán Enrique Vindel, Juan Carlos Valenzuela Molina, Iveth Salomé Navas Suazo, Carlos Humberto Bonilla y Óscar Álvarez, que fueron acusados por malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, sin el perjuicio de cualquier nueva actividad probatoria dentro del plazo fijado por la ley.
Y finalmente se decretó sobreseimiento definitivo a favor de Ana Lucía Castro, Arnold Gustavo Castro, Estela Lizeth Muñoz Hernández, Yajaira Lisbeth Talbot Villatoro e Indira Osorio Reyes, señalados inicialmente por malversación de caudales públicos.
Aseguramiento de bienes (Caja Chica de la Dama)
En marzo de 2019, la Fiscalía hondureña procedió al aseguramiento de cinco bienes inmuebles relacionados al caso Caja Chica de la Dama, que involucra a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla Ávila.
En este caso, la MACCIH solicitó el aseguramiento total de 14 bienes distribuidos así: Rosa Elena Bonilla Ávila, siete bienes; Manuel Mauricio Mora, un bien inmueble y dos muebles; Gisella Patricia Bonilla Ávila, un bien inmueble y un mueble; Saúl Fernando Escobar, un bien inmueble y un bien mueble. Asimismo a las personas jurídicas: Inmobiliaria Monserrat, dos bienes inmuebles; y Cabañas Zarabanda, un bien mueble.
Los bienes asegurados fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
“Fraude sobre el Gualcarque” (proceso de juicio oral)
El 4 de marzo de 2019, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó su noveno caso denominado “Fraude sobre el Gualcarque” que tiene que ver con la explotación del río del mismo nombre en el occidente del país y que se relaciona con la lucha que libró la ambientalista Berta Cáceres.
La acusación involucra a 16 personas por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
El 12 de abril, un juez en Materia de Corrupción determinó dictar medidas sustitutivas a la prisión para 15 imputados y prisión preventiva para uno en el sonado caso.
“Patuca III Colusión y corrupción” (proceso de juicio oral)
El Ministerio Público, con su unidad especializada UFECIC, con la colaboración de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), profundizaron las investigaciones en el denominado caso “Patuca III Colusión y Corrupción”, que involucra a diez personas en la presunta comisión de varios delitos que significaron un perjuicio de cuatro millones de lempiras a las arcas nacionales.
El 10 de abril, el juez que lleva la causa dictó medidas distintas a prisión a seis de los imputados y cárcel preventiva para tres acusados, uno de ellos se encuentra prófugo.
Las tres personas que quedaron con arresto se debe a otra causa investigada desde hace un año por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCO) llevaron a cabo la Operación Apolo contra una estructura criminal acusada de lavar activos y ser testaferros de la familia Rivera Maradiaga, conocidos como Los Cachiros.
Este es la primera línea de trabajo dedicada a investigar los hechos en torno al desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III; y abarca hechos iniciados con la promulgación del Decreto 279-2010, que da vida a la Ley Especial Reguladora de Proyectos de Energía Públicos de Energía Renovable y el finiquito del “Contrato para el equipamiento de Unidades de Vivienda y Oficinas en el campamento ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III”.
En este caso, las pruebas muestran cómo los acusados fueron parte de una red de corrupción que defraudó al Estado utilizando a la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE. El fraude se producía al girar invitación para presentar ofertas para el equipamiento de la Unidad de Viviendas del Campamento Base en el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III a un determinado grupo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí, asignando contratos millonarios sobrevalorados y obviando procedimientos.
Narcopolítica (en audiencia inicial)
El último caso presentado por el MP-UFECIC y la MACCIH fue llamado “Narcopolítica”, que involucra a 12 personas.
De los 12 imputados, hay cinco detenidos, cinco prófugos y dos presos en EEUU.
Cinco imputados comparecieron el fin de semana en audiencia inicial, pero la misma no pudo concluir por varios recursos de recusación interpuestos por la Fiscalía contra la jueza que conoce el caso, Agueda Canelo Portillo.
En esta causa, los imputados son el exministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Pastor; el exdirector de carreteras, Walter Maldonado por los delitos falsificación para lavado de activos, abuso de autoridad, fraude, falsificación de documentos públicos y cohecho.
Entre tanto, Deysi Zúñiga y José Manuel Valladares son imputados por falsificación de documentos públicos y complicidad en fraude.
Mientras que Claudia Matute es acusada de ocho delitos de fraude y ocho por falsificación de documentos públicos.
Cinco personas más permanecen prófugas y dos más están presos en los EEUU: Fabio Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga.
La investigación surge a partir de la declaración de Devis Leonel Rivera Maradiaga, hecha ante un juez de los Estados Unidos de América, donde manifiesta que entró en contacto en 2009 con el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, a quien le dio dinero para su campaña electoral y a la vez, éste le sugirió que a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República les pudieran dar contratos por parte del Estado.
Para ese fin, una vez logrado el propósito de llegar a la Presidencia de la República, el señor Porfirio Lobo Sosa nombra en Soptravi como secretario al señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía; y como director de Carreteras al señor Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por el señor Devis Leonel Rivera Maradiaga, 21 contratos por un monto total de 68 millones, trescientos veintiséis mil, seiscientos noventa Lempiras (L.68,326,690.55), que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho y Tocoa (Colón).
