Tegucigalpa – Grupos afrodescendientes, indígenas, personas con capacidades especiales y miembros de la comunidad LGTBI, entre otros que conforman los llamados sectores vulnerables, lanzan una campaña a favor del voto por la igualdad orientado a que los partidos políticos conozcan sus propuestas y les incluyan en sus planes de gobierno.
De esta forma, cinco grupos poblacionales se unieron para elaborar sus propias propuestas de cara a los comicios generales de noviembre próximo a fin que sean escuchadas e incluidas por los aspirantes presidenciales en sus planes de gobierno, los que se han presentado y los que están aún por ser elaborados para que el electorado conozca sus motivaciones políticas y les favorezca con el voto.
Si hoy fueran las elecciones -faltan 32 días- ¿qué partido político se llevaría la victoria?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 24 de octubre de 2017
Estos grupos poblaciones, tradicionalmente excluidos, son las personas con discapacidad o personas especiales, las mujeres indígenas y afrohondureñas, la juventud, la comunidad LGTBI y los defensores de derechos humanos.
Todos ellos se han unido para promover una campaña denominada “Voto por la igualdad” que intenta ser parte de la agenda política y de los planes de gobierno de los nueve candidatos a la presidencia, en especial en aquellos con mayor opción a ganar como es el gobernante Partido Nacional—que va por una reelección–, el opositor Partido Liberal y la llamada Alianza Opositora que aglutina a los partidos Libre y Pinu-SD.
Las mujeres tienen bastante participación en las mesas electorales.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral en estos comicios están aptos para ejercer el sufragio un poco más de seis millones de electores, de los que el 51% son mujeres y unos 800 mil son nuevos jóvenes votantes. Pero hacia estos sectores, según los expertos, las políticas estatales no han sido suficientemente inclusivas y se requiere de mayor participación para avanzar hacia un estadio de igualdad y de equidad que permite mejorar su entorno.
En el sector de Discapacidad o personas especiales, estos destacan que si bien tiene derecho a un edecán para ejercer el voto asistido al momento de ejercer sufragio, así como la incorporación de observadores electores con discapacidad junto a sus familias en los procesos promovidos por el tribunal electoral, falta armonizar el marco jurídico legal con la convención de Naciones Unidas que contempla la aprobación de la Ley de Desarrollo Inclusivo sostenible para los discapacitados, la cual se encuentra en la antesala del parlamento bajo archivo desde hace años.
Educación especial para el sector discapacidad
El sector con discapacidad resalta la creación de una Oficina de Inclusión dentro del Tribunal Supremo Electoral, así como mayor sensibilización hacia el electorado hacia este grupo tradicionalmente excluido, en la campaña del Voto por la Igualdad, es necesario elaborar un plan de acción que permita pasar de la educación especial a la educación inclusiva, entre otras de sus propuestas.
En el caso de las mujeres indígenas y afrohondureñas, estas indican que aunque existe la elaboración de la agenda política de la mujer indígena y afro hondureña desde la sociedad civil para la interlocución con el Estado, y la firma de un convenio con el Tribunal Supremo Electoral para la participación como observadoras nacionales en las elecciones primarias de marzo y las generales de noviembre próximo, falta garantizar los espacios para este grupo poblacional en los niveles de decisión desde lo local hacia lo nacional.
Ellas demandan garantía de participación política, así como un aumento de la participación de la mujer indígena y afro descendiente en los cargos de elección popular. Las mujeres de este sector excluido piden a los presidenciables políticos y a sus institutos políticos crear una academia de formación política para mujeres indígenas y de la comunidad afrodescendiente.
En Honduras la única mujer indígena que ha alcanzado un puesto de decisión en un gobierno fue Gloria López, de la etnia al ser nombrada por el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, como viceministra de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afro hondureños.
Los jóvenes quieren respuestas.
Del lado del sector de la Juventud, estos destacan la existencia de la Ley Marco del Desarrollo Integral de la Juventud, el Pacto por la Infancia y la Adolescencia de 2006 y posicionamiento de las juventudes ante los candidatos presidenciales en contiendas electorales, pero demandan en sus propuestas que los aspirantes a la presidencia del país incluyan la Educación como primera necesidad del Estado, que ofrezcan un acceso integral al sistema de salud pública y garantías de un trabajo digno y seguro a los jóvenes, entre otras demandas.
Del lado de los defensores de los derechos humanos, estos destacan que existe un mayor nivel de sensibilización sobre la situación de los grupos vulnerables en relación al pasado reciente, en donde la concientización de los grupos humanitarios a favor de labores de incidencia hacia los sectores excluidos ha sido importante debido al nivel alcanzado, pero demandan la promoción y aprobación de leyes que garanticen el acceso a un trabajo formal, así como generar estructuras de seguridad humana e integral en el cual se valore su vida.
Los defensores humanitarios piden también acceso a la justicia en condiciones de igualdad y equidad para todos los grupos poblacionales excluidos.
La comunidad LGTBI demanda inclusión
Finalmente, los miembros de la comunidad LGTBI, en su lucha por el voto por la igualdad, destacan avances como un mayor involucramiento de las personas en procesos de movilización social de elección popular, la inclusión de miembros de la comunidad lésbico gay y trans en diferentes partidos políticos a nivel de estructuras como en procesos de campaña, entre otros aspectos.
Pero de cara a la promoción del voto por la igualdad, en donde cada sufragio cuenta, los integrantes de la comunidad LGTBI piden en sus propuestas a los aspirantes presidenciales y a los partidos políticos, establecer garantías en el Estado y para los partidos políticos en cuanto a una representatividad igualitaria de sus integrantes.
La comunidad LGTBI demanda promover en el ejercicio de lo político, una cultura de la no discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género que garantice el ejercicio pleno de la ciudadanía integrante de la comunidad y que puedan ser activas en política. También generar un trabajo de espacio permanente con el tribunal electoral en materia de inclusión de agendas de la comunidad LGTBI.
De esta forma, cinco grupos poblacionales tradicionalmente excluidos hoy inician una campaña por la igualdad del voto en donde sus demandas y propuestas puedan ser escuchadas e incluidas en los planes de gobierno de los aspirantes a la Presidencia de la República al visibilizarse como actores y sectores que también cuentan al momento de elegir y de ser electos.
La campaña del Voto por la Igualdad es acompañada por organizaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan Somos CDC, Caribe Afirmativo, NDI, Victory Foundation, Institute Multiparty Democracy (NIMD), CIAH, Coiproden, entre otros.
