Tegucigalpa- El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación exhaustiva tras recibir grabaciones vinculadas a una denuncia presentada por el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, que presuntamente evidencian una asociación ilícita entre una consejera propietaria del CNE, un diputado propietario del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas.
Según el fiscal general, las grabaciones demostrarían intentos de alterar la voluntad popular del pueblo, imponiendo un resultado en el nivel electivo presidencial programado para el próximo 30 de noviembre. El CNE es considerado una institución de seguridad nacional, y cualquier intento deliberado de manipular, obstruir o alterar los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, tipificado como traición a la patria, un delito de naturaleza imprescriptible cuya responsabilidad puede ser investigada de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
En ese sentido el Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones constitucionales y en defensa de la soberanía popular, instruyó a varias unidades especializadas para llevar a cabo la investigación:
Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública. Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Fiscalía de Delitos Electorales. Dirección Policial de Investigación
Las autoridades coordinarán acciones técnicas bajo la estricta observancia del debido proceso, incluyendo: Aseguramiento de la cadena de custodia de los audios.
Realización de pericias y análisis de indicios electrónicos, documentación de los hallazgos, citación de testigos involucrados
El fiscal general recordó que la suplantación de la voluntad popular se castiga con pena de prisión de 15 a 20 años, con habilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. La investigación se perfila como un caso de máxima gravedad, dada la implicación de funcionarios de instituciones clave para la seguridad y transparencia electoral del país.PD
