Tegucigalpa – Concluida la fiesta cívica que representan las elecciones internas y primarias, la Cámara Legislativa retornará a sus sesiones para abordar leyes sensitivas y de impacto en la consolidación del fortalecimiento institucional.
Al menos un par de leyes y peticiones relacionadas son parte de la agenda inmediata: de un lado la Ley Especial contra el Terrorismo en la cual el Ejecutivo encuentra mayor fortaleza en su lucha contra la criminalidad mientras que de otra parte, se esperan respuestas a lo ligado a la entrega de los audios solicitados por la MACCIH en el caso de la Ley de Política Limpia, tras denuncia de haber sido trastocada una vez publicada en el diario oficial La Gaceta se prevé serán parte de la agenda Legislativa.
También les espera la elección de los magistrados de la Unidad de Fiscalización de las campañas políticas y la polémica «reforma», «rectificación» o «nueva redacción» del artículo 335-B de las reformas penales que amenazan la libertad de expresión en Honduras.
Esos son al menos algunos de los temas que van a convocar la agenda legislativa, sin dejar de lado las repercusiones que a lo interno del hemiciclo produzcan las revelaciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga, del cartel de Los Cachiros, que, ante un tribunal de Nueva York, señaló a varios miembros de la elite política de estar vinculados al narcotráfico.
En el caso de la Ley de la Política Limpia, diputados denunciaron que lo aprobado en el legislativo no fue lo acordado en el parlamento y que la ley publicada en el diario oficial La Gaceta había sufrido alteraciones. Una de ellas está relacionada con la vigencia de la normativa, así como la instalación de la Unidad de Financiamiento que debe estar conformada antes de las elecciones generales de noviembre próximo.
También se eliminó de la ley un artículo relacionado con la prohibición que las empresas concesionarias que contratan con el Estado aporten fondos al financiamiento de las campañas. Así lo denunciaron diputados del PAC.
Ante ello, el portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, solicitó a la directiva del Congreso copia de los audios de la sesión donde se aprobó la ley para constatar si se habían producido esas alteraciones.
Los miembros de la comisión dictaminadora indicaron que es probable que se hayan dado errores involuntarios pero que los mismos serán corregidos porque son conscientes de la importancia que tiene para el país la ley de política limpia.
Integración Unidad Financiamiento
Asimismo, anunciaron que al retorno de las sesiones para dar trámite a la elección de los magistrados de la Unidad de Fiscalización de la ley de política limpia responsable de auditar los fondos para las campañas políticas y el financiamiento de los partidos políticos y candidaturas independientes. Nombraron para ello una comisión multipartidaria que deberá convocar al proceso de selección y elección de los magistrados.
Otro tema que abordarán los congresistas es el relacionado con las reformas penales, en especial el artículo 335-B que bajo la figura de terrorismo incluye a los medios de comunicación y redes de difusión que hagan apología al delito de terrorismo.
El artículo 335-B textualmente dice: “quien públicamente o a través de medios de difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro años a ocho años de prisión”.
La redacción de este artículo, señalan juristas y defensores de las libertades civiles, lesiona la garantía constitucional de libertad de expresión y fue aprobado sin haber sido enviado a la Corte Suprema de Justicia para que emitiera su opinión como establece el procedimiento legal.
La introducción de este articulo—que ya es ley vigente—desató revuelo en el país y los congresistas se comprometieron que al retorno de las sesiones iban a “rectificar”, “reformar” o “mejorar la redacción” de ese artículo porque ellos no quieren lesionar la libertad de expresión. El compromiso lo hicieron frente a las autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras que se declaró en alerta permanente y vigilante del cumplimiento, sino anunció demanda de un recurso de inconstitucionalidad en contra de ese artículo.
Dos proyectos sensitivos
Los congresistas también conocerán de la iniciativa de la MACCIH sobre un proyecto denominado “Ley de Colaboración Eficaz” que busca mediante este mecanismo llegar al desmantelamiento de redes de corrupción y del crimen organizado al capturar a los cerebros intelectuales detrás de estos delitos.
La propuesta de ley de colaboración eficaz fue enviada a fines del año pasado al poder Ejecutivo para que éste la introduzca al congreso.
La Ley de Colaboración Eficaz y sus ventajas ha comenzado a ser socializada por un grupo de congresistas que integran el Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, quienes han sostenido reuniones con miembros de sociedad civil, entre ellos Caritas, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el fiscal general, Óscar Chinchilla, entre otros.
La receptividad sobre la importancia de esta ley ha sido bastante amplia pues de acuerdo a la MACCIH, este tipo de leyes ha permitido en países de América Latina, Centroamérica (Guatemala) y Estados Unidos dar con los cabecillas de redes criminales y desarticular bandas que operan al margen de la ley y que tejen estructuras para cooptar el Estado.
Otra que espera a los congresistas es la Ley Especial contra el Terrorismo, que anunciara el presidente Hernández, una vez que le fueron aprobadas las reformas penales y que se prevé será una herramienta en la lucha contra la criminalidad.
Estas y otras iniciativas que están en el tintero del parlamento son algunos de los temas de interés social y nacional que aguarda a los congresistas, quienes deberán ir contrarreloj en su labor legislativa, en vista que en este año electoral el tiempo de sesiones se acorta pues deben retirarse del Congreso para ir a hacer proselitismo antes de los comicios generales de noviembre próximo para elegir un nuevo gobierno, diputados, alcaldes y congresistas al parlamento centroamericano.
