Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Caracterizado por importantes restricciones en el acceso a la información pública, la imposición de la agenda y la tendencia a no escuchar el reclamo ciudadano, el Congreso Nacional de Honduras, se ubica en la penúltima posición del ranking de transparencia legislativa a nivel de América Latina, superado solo por Venezuela, según una reciente investigación regional.
El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que conforma la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, destaca que el Congreso Nacional de Honduras se caracteriza por una serie de falencias, entre ellas el carecer de un plan de acción de parlamento abierto, una plataforma de datos abiertos, y falta de garantías de un debido proceso para garantizar el acceso a la información pública, entre otros aspectos.
El índice tiene como objetivo sistematizar y analizar información relevante sobre los Poderes Legislativos y monitorear las áreas que desempeñan desde la perspectiva de la transparencia y el acceso que la ciudadanía tiene a dichos órganos. El instrumento permitirá que los ciudadanos comparen los niveles de transparencia y acceso a la información de los Congresos o Parlamentos latinoamericanos.
El Índice se divide en cuatro dimensiones: Normatividad, Labor Legislativa, Presupuesto y Gestión Administrativa y Atención y Participación Ciudadana.
Compuesta por organizaciones de sociedad civil, libertad de expresión, transparencia y acceso a información de varios países latinoamericanos, la Red regional por la Transparencia Legislativa, ubicó al parlamento hondureño en el lugar número 12 de 13 países analizados. Estos países son Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay, México, Argentina; Guatemala, Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia, Honduras y Venezuela. Honduras y Venezuela, en los últimos lugares, respectivamente.
CN, sin rendir cuentas presupuestarias
“El Congreso Nacional de Honduras presenta un resultado altamente deficitario en su nivel de transparencia ya que se encuentra muy por debajo del promedio regional, situándose en el penúltimo lugar”, señala el informe tras destacar que pese a que la cámara cuenta con un marco normativo en materia de transparencia, “paralelamente existen una serie de restricciones informativas como, por ejemplo, la falta de publicidad de las declaraciones patrimoniales, la inexistencia de declaraciones de intereses, y la falta de normativa respecto de las actividades de cabildo o lobby”.
También se advierten restricciones en el acceso a la información en materias propias de la labor legislativa y en relación con el presupuesto de la instancia unicameral seis de los 10 ítems evaluados, arrojan 0% de cumplimiento, otro tanto ocurre con la Participación Ciudadana ya que seis de los trece ítems evaluados cuentan con 0% de rendimiento.
La cámara legislativa hondureña si bien cuenta con un Código de Conducta Ética del Servidor Público, nunca ha divulgado una tan sola sanción por infracciones, la publicidad de la información no es la norma, caracterizándose por la secretividad y la ausencia de canales que permitan realizar las denuncias y un plan de capacitación sobre ética y probidad para todos los funcionarios que laboran en ese poder del Estado, se indicó.
Esa opacidad del Congreso Nacional coincide con la difusión del cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública en sus portales de transparencia que cada seis meses realiza el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
En el caso del Congreso Nacional, el IAIP, señala un incumplimiento en la planeación y rendición de cuentas, la normativa, Finanzas y Participación Ciudadana, entre otros. Esa misma valoración también aplica para la Casa Presidencial.
El blindaje de leyes y decretos
De acuerdo con el ranking latinoamericano de transparencia legislativa, una de las acciones que han favorecido la opacidad del poder legislativo hondureño es el control que el oficialismo tiene de ese poder del Estado, al imponer su agenda sin mayor contratiempo.
La situación en el Congreso Nacional—sostiene el informe—se ha caracterizado por acciones encaminadas a la falta de transparencia y promoción de leyes o decretos orientados a blindar las acciones irregulares emanadas de dicho poder del Estado.
“Además, existe un control por parte del partido de Gobierno al momento de legislar por la alta representación con la que cuenta. Aunado a eso, la poca unidad en la oposición que está fraccionada y a su vez limitada para ejercer con capacidad la creación de verdaderos consensos a lo interno del Congreso. Lo que le facilita al oficialismo para imponer su propia agenda y legislar de acorde a sus intereses partidarios”, asevera el informe, que en Honduras contó con la participación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización hondureña que es parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.
Uno de los pocos ítems en lo que fue bien valorado el congreso hondureño es por el acceso a las sesiones del hemiciclo que se da a los medios de comunicación, así como a los comités del cuerpo legislativo y a las oficinas de las comisiones sin trámites previos. El congreso también permite el acceso a las oficinas de los legisladores sin trámites previos.
El índice de medición de la transparencia legislativa se produce en momentos que el Congreso Nacional es altamente cuestionado por su negativa a retornar a sesiones presenciales.
El Congreso Nacional, en su gran mayoría, avaló el cierre de la Misión de lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), luego que ésta investigara a muchos de ellos.
Según el informe del ranking latinoamericano, frente a la pandemia causada por el coronavirus, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2020, el poder legislativo hondureño aprobó 126 decretos legislativos y el eje con mayor incidencia en ese período fue economía y finanzas, que representaron el 45.2% del total de leyes sancionadas.
Mucha de esa información aprobada en Congreso Nacional no se publica totalmente o se hace de forma parcial, actualmente el portal del sitio web del Congreso no cuenta con la información actualizada y en algunas aristas no se actualiza desde el 2019, un hecho que también constató el IAIP en su verificación de portales de transparencia.
Las solicitudes de acceso a la información pedidas al Congreso Nacional no son respondidas, aunque se agote la vía legal, advierte el informe que califica este hecho como un “verdadero retroceso” en materia de acceso a la información pública y la transparencia con la que se debe de mostrar el hemiciclo legislativo para con las demás instituciones y la sociedad en general.
El informe indica que los dos desafíos claves que enfrenta el parlamento hondureño es implementar prácticas participativas de rendición de cuentas, de manera que se pueda tener acceso a la ejecución detallada del gasto de las bancadas y los legisladores, así como de las auditorias presupuestarias realizadas. El otro es generar mayor publicidad en la información acerca del funcionamiento, presupuesto y labor del Congreso Nacional. (PD)
